El Gobierno defiende la nueva ley de seguridad nacional frente a las críticas de PP y Vox

El Gobierno reivindica el anteproyecto de la nueva ley de seguridad nacional aprobado el pasado 22 de junio por el Consejo de Ministros frente a las contundentes críticas recibidas por parte de la oposición tras revelarse parte del contenido del nuevo texto, que contempla un mayor control del Ejecutivo en casos de crisis graves como la pandemia. Fuentes del Ejecutivo aseguran no entender las críticas de la derecha al afirmar que “es una propuesta similar” a la que en su dia hizo el PP, que fue remitida en consulta previa a las comunidades autónomas sin que ninguna de ellas manifestara pega alguna. Esas fuentes explican, además, que se trata de una “ley similiar” a las de otros países del entorno.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este miércoles que la ley que prepara el Gobierno se aplicará solo en situaciones “absolutamente excepcionales” y recordó que el anteproyecto es un texto inicial, que tiene “muchísimo recorrido”. “La filosofía del texto es muy excepcional, solo para circunstancias absolutamente excepcionales”, sostuvo Robles al ser preguntada por el anteproyecto, informa EFE.

Robles incidió en que se trata de un “primer texto inicial”, “que tiene muchísimo recorrido” y hasta que no se debata en el Congreso y el Senado no se sabrá cómo va a quedar. Hasta entonces, ha dicho, el anteproyecto hay que verlo como un texto inicial.

La ley ha suscitado reacciones de los partidos de la oposición. Desde el PP, su líder, Pablo Casado, cree que es “un auténtico disparate” que conduce a un sistema que su partido quiere “evitar, que va contra las libertades democráticas de los ciudadanos”. El portavoz nacional del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó ayer que si esta ley “la estuviera haciendo el PP”, las calles estarían “absolutamente incendiadas” y se le pondría “la etiqueta de que estamos yendo hacia un Estado totalitario”.

Por su parte, Vox ya avisó el martes de que la recurrirá si viola derechos individuales o fundamentales y va contra la Constitución, toda vez que advirtió de que el Gobierno no puede plantear medidas como el acceso a bienes personales sin pasar por el Parlamento.

Regular la producción industrial

Según el Gobierno, el Anteproyecto de Ley tiene por objeto cumplir la disposición final tercera de la Ley de Seguridad Nacional, de 2015, según la cual el Gobierno “deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional”. En este sentido, el Gobierno considera que la experiencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, ha puesto de manifiesto la necesidad de cumplir con dicho mandato normativo y completar el régimen jurídico de la contribución de recursos a la seguridad nacional.

La Ley 36/2015, de 28 de septiembre de Seguridad Nacional prevé la declaración por el presidente del Gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional, lo que permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas.

Por ello, esta modificación prevé, entre otras cuestiones, establecer la necesidad de regular la producción industrial de España en función de las necesidades dictadas por la situación de crisis. Asimismo, se regula la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), con el objetivo de buscar una solución a la dependencia del abastecimiento exterior y la fragilidad del flujo comercial internacional de los recursos y materiales necesarios. Además, se asignan nuevas facultades al Consejo de Seguridad Nacional relacionadas con la elaboración del catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional y de la Reserva Estratégica basada en las RECAPI.

También se prevé la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nacional, tras haber detectado un escenario que pudiera derivar en una declaración de situación de interés para la seguridad nacional, pueda adoptar las medidas necesarias para que los planes de preparación y disposición de recursos de aplicación puedan ejecutarse lo más rápidamente posible, una vez que se efectúe dicha declaración.