El Gobierno sigue de perfil ante el escándalo de las finanzas de Juan Carlos I. El Ejecutivo evita pronunciarse sobre cualquier detalle que tenga que ver con la investigación tributaria de las cuentas y tarjetas opacas del rey emérito bajo la premisa de que no puede dar información relativa a ningún contribuyente. Lo que sí hace es dejar en manos de la Casa Real cualquier respuesta al respecto de la decisión del exjefe del Estado de intentar sortear la investigación judicial por el uso de tarjetas 'black' a través de una regularización fiscal, así como de su intención de volver a España en Navidad.
“No vamos a hacer ningún tipo de valoración ni vamos a dar opinión en relación con lo que el rey o lo que la Casa Real quiera trasladar tanto en la materia de las informaciones materias judiciales, como a las navidades o a la permanencia del rey en un sitio u otro en este momento. Le corresponde a la Casa Real hacerlo. Nunca hemos entrado en dar ni consejos públicos ni en ningún tipo de recomendación en esta materia y vamos a seguir en es misma dirección. La casa real cuenta con todos los elementos y tiene todos los argumentos si considera hacerlo si quiere hacerlo en el momento que estime oportuno, pero en ningún momento va a estar influenciada por el Consejo de Ministros”, ha respondido la portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.
La pregunta formulada se refería concretamente a si Felipe VI debe responder de alguna manera a la carta enviada por un conjunto de militares retirados en la que alertaban de la supuesta “aniquilación de la democracia”. El Gobierno, que ha remitido algunos de los comentarios vertidos por los impulsores de esa misiva en chats de WhatsApp, evita marcar el camino al rey respecto a dar respuesta a esos antiguos miembros del ejército nostálgicos de la dictadura. Felipe VI se mantiene en silencio ante el intento de la extrema derecha de patrimonializar su figura. El Ejecutivo, no obstante, está tratando de restar importancia a esos grupos que consideran residuales en las Fuerzas Armadas.
Montero ha rechazado en todo momento pronunciarse sobre las investigaciones que afectan al antiguo monarca. Actualmente la Fiscalía tiene tres líneas de investigación abiertas. Una de ellas relativa al uso por parte de Juan Carlos I y al reina Sofía, además de otros miembros de la familia real, de tarjetas opacas al fisco español. Eso es lo que el rey emérito quiere regularizar a través de una complementaria para sortear el recorrido judicial que pudiera tener dado que en el momento de su uso ya no estaba protegido por la inviolabilidad de la Corona.
A la pregunta de por qué la Agencia Tributaria no ha iniciado una inspección tras revelar elDiario.es la existencia de esas tarjetas -y que impediría a Juan Carlos I presentar esa regularización, Montero ha respondido: “No voy a hablar de ningún contribuyente, ni de los estados de expedientes, ni investigaciones que puedan estar haciendo Fiscalía o Agencia Tributaria”. La ministra de Hacienda ha señalado que esas presuntas irregularidades tienen que ver “con figuras fiscales que radican en el marco de las comunidades autónomas” al tratarse de “impuestos de donaciones”. “Estoy convencida de que ninguna comunidad va a proporcionar información que tiene que ser secreta y reservada”, ha aseverado.
Sobre en qué momento deja de ser posible regularizar la situación fiscal de un contribuyente al que ya se le ha iniciado una investigación a través de la Fiscalía a partir de una alerta del Servicio Antiblanqueo, como es el caso del rey emérito, Montero tampoco ha querido contestar. “Habría que ver cada caso concreto. Cada caso tiene una circunstancia y responderlo en base al momento en que se encuentran esas investigaciones”, ha dicho la ministra de Hacienda, que ha asegurado que “la ley es igual para todos” sin distinguir en función del “rango de la persona investigada”. “Habría que ver el caso concreto para saber en qué momento o no se encuentran las compatibilidades -ha proseguido-, en qué momento se puede regularizar siempre que no haya una investigación tributaria en curso”. “Esto es como en la consulta del profesional médico: no se puede contestar sin conocer a la persona, cuál es exactamente el expediente y el Gobierno de España nunca va a hacer mención al estado de un expediente”, ha zanjado.
Tras el comunicado publicado por el despacho de abogados del rey emérito en el que confirman que ha procedido a presentar “una declaración” por la que ha pagado a Hacienda 678.393,72 euros incluyendo los intereses y recargos de la duda tributaria que tenía, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, también ha evitado pronunciarse. “No tenemos nada que decir, forma parte de una actuación de carácter personal del rey Juan Carlos y no hay más nada que decir porque se ha hecho pública la carta de sus abogados”, ha sentenciado.