El Gobierno no quiere entrar a hablar del cambio de la ley que ahora exige Pablo Casado para avenirse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones casi tres años. Es un punto de partida que los socialistas rechazan, porque consideran que es el Parlamento, y no los jueces, el que tiene que designar a su órgano de gobierno, como recoge la actual ley desde hace tres décadas. El Ejecutivo trata de rehuir ese debate trasladando toda la responsabilidad del bloqueo al PP.
“Hay que ser rotundos en este sentido. Basta ya de excusas. No hay excusas que avalen tener bloqueado el gobierno de los jueces durante más de mil días. Se acabaron las excusas, no hay excusas para incumplir el mandato constitucional”, ha sentenciado la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha producido después de que Casado haya puesto la modificación legal como nueva condición para renovar el Poder Judicial.
“No caben excusas. Estamos hablando del cumplimiento estricto de nuestra Constitución”, ha dicho Rodríguez. Moncloa tampoco prevé una llamada del presidente al líder de la oposición, Pablo Casado, para reactivar la negociación y se planta ante el intento del PP de modificar la ley que beneficiaría a la mayoría conservadora de la carrera judicial. “El Gobierno reitera que no hay excusas y se trata de cumplimiento estricto de la Constitución. Este bloqueo no es anónimo”, ha dicho en referencia al PP, a quien ha acusado de usar “mil excusas” en los más de mil días de bloqueo. La última condición que pone Casado es reformar la ley para que los jueces designen a los jueces.
En lo que no quiere entrar el Ejecutivo es en los dardos que Lesmes envió a Moncloa en su discurso de la apertura del curso judicial sobre los indultos y la modificación legal que ha limitado sus funciones una vez ha caducado el mandato. “La preocupación del Gobierno es que se tiene que articular el procedimiento legal y constitucional de renovación de los órganos constitucionales”, ha expresado la portavoz antes de señalar que el Poder Judicial “emite sus opiniones”. “Pero en este país tenemos separación de poderes y hemos de respetarnos -ha continuado-. El Gobierno ejerce las suyas, el poder judicial las suyas y el gobierno acata y respeta al Poder Judicial”, ha zanjado.
No obstante, el Gobierno no esconde que está incómodo ante las palabras de Lesmes. “Puede decir lo que quiera. Lo que hace el Gobierno es acatar la sentencia -señalan fuentes gubernamentales en referencia a la del procés-. Lo que nos interesan son las sentencias”, concluyen sobre el discurso del presidente del CGPJ.