- Unidos Podemos-En Comú-En Marea registra una batería de preguntas para saber quién dio la orden y si la ley mordaza se pensó para actuaciones así
El pasado 25 de mayo un grupo de madres y padres de un colegio de Madrid se preparaban para instalar unas mesas informativas en la acera frente al centro educativo que había autorizado el Ayuntamiento de la ciudad. Su intención era divulgar su preocupación por las obras que se están desarrollando en un edificio próximo y que ponen en riesgo, creen, a sus hijos. Antes de que comenzara el acto, agentes de la Policía Nacional se presentaron en las instalaciones para cerciorarse de que la acción no se convertía en una concentración que la Delegación del Gobierno había prohibido y amenazó con sancionar a los presentes si hacían grupos de más de dos personas.
Ahora, el Gobierno tendrá que explicar en el Congreso el motivo de esta actuación tras una serie de preguntas parlamentarias de Unidos Podemos-En Comú-En Marea.
Las madres y padres del colegio Guindalera de Madrid comenzaron a mediados de mayo una serie de protestas para exigir que se paralizaran las obra de demolición de un antiguo edificio de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). El motivo: las empresas constructoras, Pryconsa y Amenábar, habían instalado una grúa en mitad de una calle que bloqueaba la salida de emergencia del pabellón de infantil del colegio.
Desde el inicio de la demolición habían caído cascotes y objetos fuera del área de seguridad, llegando a encontrarse dentro del recinto educativo, según relata para eldiario.es una de las madres.
La AMPA del colegio pidió que se paralizaran las obras un mes, hasta el final del curso escolar. Pero las constructoras lo rechazaron. Por eso comenzaron a movilizarse en el barrio. Convocaron una primera concentración con menos repercusión de la que hubieran deseado. Así que comunicaron su intención de la Delegación del Gobierno de celebrar una segunda protesta, para la que pidieron la participación de todos los vecinos del barrio.
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, les prohibió esta segunda manifestación. Dancausa, imputada por su gestión al frente de Mercamadrid, consideró que “no existían causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria”, según el escrito oficial.
Dancausa consideraba que la manifestación previa agotaba los motivos para convocar una nueva con carácter de urgencia.
Las madres y padres optaron entonces por llamar a la puerta de otra admisnitración, el Ayuntamiento de Madrid. Solicitaron permiso para colocar unas mesas en las que repartir panfletos e información sobre los riesgos que entrañan las obras.
Cuando estaban preparando el acto, apareció la Policía Nacional. Desde el AMPA explican a eldiario.es que los agentes les explicaron que había ido a “supervisar que no se hacía una concentración prohibida”. Cuando les enseñaron el permiso de la Junta de Distrito para colocar las mesas informativas, “se fueron y llamaron por teléfono para hacer una consulta”, sigue el relato de las madres y padres. A su regreso les aseguraron que iban a vigilar el acto y que si se reunían “grupos de más de dos personas” se sancionaría de forma individual a los presentes.
Antes lo que los afectados consideran amenazas, optaron por permanecer dentro del recito educativo, lo que impidió de facto que pudieran desarrollar el acto para el que tenían permiso.
Los hechos han llegado ahora al Congreso. El diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos y el de En Comú Marcelo Expósito han registrado una batería de preguntas que el Gobierno deberá responder. Los diputados preguntan quién dio la orden de que acudieran los policías a un centro escolar y con qué instrucciones; qué “sospechas” había para “una acción preventiva” como esa “frente a un colectivo de madres y padres que se habían manifestado en todo momento de forma pacífica” o si “es tarea de la Policía” Nacional “presionar sin motivo” a un grupo de madres y padres.
Los diputados también preguntan si “la Ley Mordaza es una herramienta prpoporcionada para ser utilizada contra padres y madres” y cuántas intervenciones de este tipo se han producido.
La impericia de las constructoras, que van a levantar viviendas “de alto standing” en uno de los distritos más ricos de la ciudad, ha jugado a favor de los padres. Aunque sí solicitaron la licencia de demolición del viejo edificio de la CECA, no pidieron la licencia de ocupación de vía pública, por lo que han tenido que retirar la grúa que impedía el paso de los niños a sus aulas y, en caso de un imprevisto, su evacuación.