Los 65 miembros de la Diputación Permanente del Congreso hicieron un parón en sus recorridas de campaña para acudir a la sesión en la que se tenían que votar los seis últimos decretos del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre acusaciones de electoralismo por haber esperado a la “prórroga” para aprobar determinadas medidas sociales, entre ellas la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años o la ampliación de los permisos de paternidad, Gobierno y PSOE salvaron ‘in extremis’ su último examen en Parlamento.
Las cuentas de la Diputación Permanente –el órgano que lleva a cabo la actividad parlamentaria en periodos inhábiles– eran muy ajustadas para Sánchez: sus socios de la moción de censura suman 33 votos y PP y Ciudadanos, 32. Aprovechando esa situación, el PNV jugó sus cartas hasta el final y mantuvo el suspense sobre el sentido de su voto en dos decretos: el de la estiba, que inquietaba menos al Gobierno porque contaba con la abstención de los de Albert Rivera, y el del alquiler, que ya salió derogado del Congreso hace unas semanas.
Los nacionalistas vascos pusieron sobre la mesa de Moncloa algunas reclamaciones del Gobierno foral a las que Sánchez no ha dado cumplimiento.“El clima entre el Gobierno español, el Gobierno vasco y este grupo es desconfianza, de que las cosas parece que iban marchando pero que se atascaban –admitió el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al acabar la sesión–. A pesar de que parecía que se estaba hablando de cosas siempre acababa atascándose”. Esteban, que habló con varios miembros del Ejecutivo, incluida la vicepresidenta, Carmen Calvo, explicó que acabó percibiendo buena “disposición” por parte de los socialistas y que eso llevó a los nacionalistas vascos a secundar los seis decretos.
El Gobierno ha pisado el acelerador y apenas unas horas después de que terminara la sesión el Ministerio de Política Territorial ha anunciado que la próxima semana se reunirá la comisión de traspasos formada por el Ejecutivo central y el Gobierno vasco “tras culminar las valoraciones de las diversas materias que han sido objeto de tratamiento en los meses transcurridos de 2019, y más concretamente en referencia a las facultades en materia de ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, actuaciones sobre jubilaciones derivadas de procedimientos de EREs y seguro escolar, así como respecto de la Autopista AP-68, a fin de adoptar los correspondientes acuerdos de traspasos”, reza el comunicado.
“Están todos acostumbrados a llegar al Congreso y estar pendientes hasta el último momento”, ironizó la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, al salir de la sala en la que se celebró la Diputación Permanente. Las conversaciones se sucedieron durante toda jornada y a varias bandas: el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Montilla, también habló con Esteban y Lucía Martín, por parte de Unidos Podemos.
Finalmente el Gobierno respira aliviado porque no se ha llevado una derrota en plena precampaña y tampoco se tendrá que bregar en negociar posibles cambios de la normativa ya que el Congreso rechazó finalmente que se tramiten los decretos como proyectos de ley. La Cámara Baja convalidó las medidas de contingencia para el Brexit, la norma de igualdad laboral que amplía los permisos de paternidad, el subsidio para desempleados mayores de 52 años, el permiso a los ayuntamientos para que puedan invertir el superávit de 2018, la nueva normativa en materia de vivienda que amplía los contratos de alquiler de tres a cinco años y el decreto de condiciones laborales del sector de la estiba. Al apoyo de los 33 diputados de los grupos que apoyaron la moción de censura se sumó Ciudadanos en casos puntuales, como el de igualdad laboral o el Brexit y con su abstención en el de la estiba, mientras que los 25 diputados del PP votaron en contra de los seis decretos para denunciar el electoralismo de Sánchez: “No cuenten con nuestra aquiescencia”.
El PSOE y los ministros que desfilaron por el Congreso para defender sus leyes tuvieron que escuchar duros reproches no solo de PP y Ciudadanos sino también de sus aliados parlamentarios especialmente por la fecha elegida para sacar adelante esas medidas. “No estamos de acuerdo en que una vez disuelta la Cámara se aprueben decretos”, dijo Esteban nada más empezar. “Nos habría gustado que se debatiera en Pleno”, expresó el diputado del PDeCAT Jordi Xuclà.
Unidos Podemos, el principal socio del Gobierno socialista en la legislatura que ahora termina, votó a favor de todos los reales decretos, aunque sin ahorrarse ninguna crítica a su contenido. Especialmente, al destinado a luchar contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y al que reforma el mercado del alquiler.
En el primero, la diputada gallega y candidata de En Común-Unidas Podemos el próximo 28 de abril, Yolanda Díaz, lamentó que el PSOE “deroga leyes en campaña, pero cuando están en el Gobierno los poderes económicos les dicen lo que hay que hacer”, en referencia a la reforma laboral. Sobre el decreto, Díaz criticó que “se dejan intactas las normas laborales que han destrozado el mercado y que son lesivas para los trabajadores y trabajadoras”. La diputada se hizo eco así de las quejas lanzadas por CCOO y UGT el martes contra la política laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.
El grupo de Unidos Podemos se planteó durante todo el día sumar sus votos a los del PP y Ciudadanos y apoyar la tramitación de este real decreto como proyecto de ley. Finalmente, votaron en contra ante la posibilidad de que en dicha tramitación en lugar de mejorarse el texto, se pudiera empeorar.
El PDeCAT, que en los últimos días había dejado en el aire el sentido de su voto, también lo secundó. Su portavoz, Carles Campuzano, también lamentó que no se hayan “revertido los aspectos más lesivos de la reforma laboral.
En materia de alquiler, la posición fue similar. El diputado Rafael Mayoral recordaba en su discurso en la Diputación Permanente que el Gobierno no ha cumplido el compromiso de acometer medidas para limitar la subida de las rentas en determinadas zonas de España. El grupo confederal, que rechazó el anterior decreto sobre vivienda, sí lo ha apoyado esta vez porque introduce algunas de sus demandas, como acabar con los desahucios sin fecha o la limitación al IPC de la subida de precios interanual dentro de un mismo contrato.
Ningún decreto se tramitará como proposición de ley
El decreto del alquiler tampoco se tramitará como proposición de ley. En realidad, ninguno de los seis que aprobó el miércoles la Diputación Permanente, lo que da por concluida casi al 100% la legislatura.
La Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor, pidió un informe a los letrados para avalar algo que, hasta ahora, nunca se había hecho en el Congreso: abrir un periodo de enmiendas exprés con las Cortes ya disueltas y, por lo tanto, con las comisiones cerradas.
La jugada de PP y Ciudadanos rechazó infructuosa. Todos los decretos han sido convalidados y la mayoría de la Diputación Permanente descartó su tramitación como proposición de ley, por lo que su vigencia es plena.
Los aliados minoritarios del Gobierno también criticaron el contenido de algunos de los decretos y los consideraron, en muchos casos, insuficientes. De hecho, se mostraron en algunos casos partidarios de introducir cambios en el trámite de enmiendas, pero al no salir adelante esa propuesta será imposible. En el caso del decreto de igualdad laboral, por ejemplo, ERC o Compromís defendieron que se ampliaran los permisos en los casos de las familias monoparentales para que no estén en “desventaja”. Queda pendiente para la próxima legislatura. En el debate del gasto de los ayuntamientos, el portavoz de ERC, Joan Tardà, aseguró que los consistorios están “asfixiados”.
El Congreso volvió a convertirse una vez más en el escenario de campaña electoral, esta vez a menos de un mes de la celebración de las generales. La diputada del PP Beatriz Escudero mostró un cartel que simulaba un talón al portador al tiempo que aseguraba que las medidas de Sánchez “son cheques sin fondos”. “Eso es un delito”, llegó a denunciar.
“¿Por qué han dejado tantas cosas urgentes para hoy o es que no eran tan urgentes?”, se preguntó el diputado Carlos Floriano, que acusó a los socialistas de “humillar” al Congreso: “¿Qué consideración tendrán del Parlamento quienes lo usan como un banner?”. El lema de campaña del PSOE ‘Haz que pase’ dio juego a los diputados de la oposición, que lo sacaron a relucir en varias ocasiones. “Haz que pase el real decreto, es a lo que se han dedicado”, expresó el parlamentario de Ciudadanos Francisco de la Torre, que acusó al Gobierno de hacer un “uso espurio” de esa figura legislativa: “Otegi se sigue jactando de las llamadas que ha recibido de su Gobierno”, afirmó.
La diputada Patricia Reyes aprovechó el debate sobre igualdad laboral para acusar al Gobierno de poner una “alfombra roja” a Quim Torra y tener la independencia en su “hoja de ruta”. También presumió de que Ciudadanos arrancó una semana más de permiso para los padres: “Pregúntele al señor Iglesias que conoce de primera mano los beneficios de ese permiso se paternidad”, repitió en dos ocasiones durante su intervención. “Para no querer que se usen las instituciones con fines partidistas tremendo mitin se ha soltado”, le espetó la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera que recordó que los hijos de Iglesias e Irene Montero –quien estaba presente– nacieron el 3 de junio y [la medida] entró en vigor el 5 por lo que no se pudo beneficiar“.
“Nos da la sensación de que la derecha de esta Cámara está teniendo un mal día, se les nota en la cara; pero no tienen por qué. Las buenas noticias para los españoles no deberían ser malas noticias para PP y Ciudadanos”, dijo casi al final del debate Rafael Simancas. La número dos del PSOE aprovechó los micrófonos para acusar al PP de haber dejado de ser un “partido de Estado” por votar en contra del decreto de contingencia frente al Brexit.
Así fue la despedida de sus señorías en el último debate parlamentario de la legislatura en el que Sánchez recuperó la mayoría de la moción de censura que había perdido en la votación de los Presupuestos Generales del Estado precipitando el anticipo electoral. El Congreso cierra sus puertas en principio hasta el 20 de mayo, fecha elegida por el Gobierno actual para la composición de las nuevas Cortes, que tendrán por primera vez en décadas a la extrema derecha de nuevo sentada en sus escaños. Hasta entonces, la competición electoral continúa.