El Gobierno ha rescindido durante las últimas semanas los contratos firmados con una empresa vinculada a la familia Franco y que atendía los servicios de comidas en varios edificios públicos. La sociedad Dulcinea Nutrición está participada en un 16% por otra firma, Domarma 3, cuya administradora es la nieta del dictador, María de la O Martínez Bordiú. La causa principal de la disolución de los contratos son los impagos que la compañía ha ido acumulando durante los últimos meses con los camareros que tiene distribuidos en las sedes públicas. El último fiasco de la empresa ha dejado en la calle a más de treinta trabajadores que prestaban sus servicios en las cafeterías que dan servicio a los trabajadores del Palacio de La Moncloa.
Las relación de los Franco con Dulcinea Nutrición va más allá de su presencia en el accionariado de la compañía. Según los datos del registro mercantil, dos hijos de María de la O Martínez Bordiú formaron parte de la dirección de la compañía en los años en los que esta empresa empezó a disputar importantes contratos con la administración pública. Entre 2017 y 2018, Francisco Borja Ardid Martínez Bordiú presidió Dulcinea Nutrición. Su hermano Jaime Ardid Matínez Bordiú ocupó diversos cargos en el consejo entre 2009 y 2015.
En 2018 la empresa participada por los Franco inició los trámites para hacerse con el contrato “para el servicio de elaboración y reparto de comida en el CETI de Ceuta”. En una primera valoración efectuada por la Junta de Contratación a principios de 2019 se estimó que la oferta presentada por Dulcinea Nutrición era “anormalmente baja”. Mientras el resto de competidores ofrecían una dieta diaria para cada interno por un precio de cinco euros y medio, la compañía vinculada a la familia Franco proponía un importe por dieta diaria de 4,29 euros. Tras la elaboración de un informe técnico, el Ministerio de Trabajo decidió seguir adelante con el proceso y otorgar a Dulcinea el contrato por un tiempo de 24 meses y un importe de 2,8 millones de euros.
Poco después de poner en marcha el servicio empezaron los problemas. En agosto, la empresa empezó a dejar de pagar las nóminas de sus empleados y los suministros para elaborar los menús dejaron de llegar. Como consecuencia de esa situación, los trabajadores iniciaron una serie de movilizaciones ante la falta de soluciones de la compañía.
El pasado 5 de diciembre el Consejo de Ministros decidió rescindir el contrato con Dulcinea Nutrición “a la vista de los incumplimientos constatados”. El acuerdo del Gobierno se acompañó de la “declaración de emergencia” para la prestación del servicio de comedor en el CETI de Ceuta, que se ha puesto en manos de otra empresa de manera transitoria mientras se tramita por la vía de urgencia la nueva contratación del servicio.
El acuerdo adoptado por el Gobierno ha permitido que los antiguos empleados de Dulcinea mantengan sus puestos de trabajo a las órdenes de la nueva encargada del servicio. Según fuentes del Ministerio de Trabajo en la actualidad no se mantiene ningún contrato vigente con esta compañía para servicios bajo el control de la Secretaría de Estado de Migraciones.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta ha vivido a lo largo de años situaciones de masificación que en ocasiones han bordeado el colapso. La falta de comida y atención en sus instalaciones por los incumplimientos de la empresa vinculada a los Franco ha dificultado el día a día en una institución que se ve obligada a aumentar su capacidad de respuesta cada vez que se produce un salto masivo en la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos.
Sin cafeterías en Moncloa
Mientras los impagos de nóminas y la falta de suministros complicaban la vida diaria del Centro de Estancia Transitoria de Inmigrantes de Ceuta, a la empresa Dulcinea Nutrición se le abría otro foco de conflicto en los comedores de un escenario muy diferente: el Palacio de la Moncloa.
La empresa vinculada a la familia Franco también se había hecho con el contrato para atender los comedores y cafeterías que surten a los cerca de 2.000 trabajadores que prestan sus servicios en el complejo administrativo que rodea a la sede del Gobierno y al Ministerio de la Presidencia. Para prestar ese servicio contaba sobre el terreno con un equipo de más de 30 camareros que, en agosto, también dejaron de percibir su salario.
Los trabajadores de Dulcinea servían 300 comidas diarias en las cafeterías de Moncloa, atendían las necesidades de catering para reuniones de altos cargos, se ocupaban del bar que surte a los periodistas que cubren la información del gobierno y se encargaban de que a la portavoz del Gobierno no le faltasen vasos y una jarra de agua fresca durante la rueda de prensa semanal en la que se informa de los acuerdos del Consejo de Ministros.
El Ministerio de la Presidencia rescindió el contrato el pasado septiembre pero los empleados siguieron asistiendo a su trabajo cada mañana a la espera de que otra empresa se hiciera cargo del servicio y solucionase sus problemas. Finalmente no hubo acuerdo y este martes los más de 30 camareros se quedaron en la calle, a la espera de recibir una carta de despido oficial que les permita tramitar su baja por desempleo.
A pesar de los anterior, la compañía participada por la familia Franco mantiene viva un área de negocio relacionada con el servicio de cafetería en dependencias públicas. Según confirma un portavoz del Ministerio de Defensa, Dulcinea Nutrición gestiona el servicio de cafetería en la base Coronel Sánchez Bilbao, sede del Batallón de helicópteros de Ataque I. Las mismas fuentes aseguran que en esas dependencias “no constan problemas” con la empresa vinculada a la familia Franco.