La número dos del PSOE, Adriana Lastra, tiene inmortalizada la pizarra en la que iba anotando cada voto que Pedro Sánchez sumaba para sacar adelante su investidura tras las elecciones generales de noviembre de 2019 y después de pactar con Pablo Iglesias un Gobierno de coalición. La jugada de PSOE y Unidas Podemos puso en alerta a la derecha política y mediática que pronosticó una etapa de inestabilidad ante un Ejecutivo apoyado por los “enemigos de España”. Dos años después, la coalición está a punto de sacar adelante en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado y la cúpula socialista puede olvidarse de dibujar palitos para sumar los 188 escaños que han avalado las cuentas en el Congreso. En este imprevisible escenario hasta el PNV ha dejado de ser imprescindible, aunque el Gobierno, consciente de las complejidades aritméticas a las que se enfrenta en lo que queda de legislatura, lo mantiene como “socio prioritario”.
Los partidos del Gobierno llegaron a la sesión de investidura bajo una presión inédita ante la campaña contra la coalición. Aquel 7 de enero de 2020 no podía fallar ni un voto. El bautizado por la derecha como “Gobierno Frankenstein” por los apoyos –abstenciones– de las fuerzas independentistas echó a andar por la mínima: 167 votos a favor frente a los 165 votos en contra. A pesar de los amagos de Moncloa con el concepto “geometría variable” a raíz fundamentalmente de los acuerdos con Ciudadanos durante el confinamiento para aprobar prórrogas del estado de alarma, lo cierto es que esa mayoría parlamentaria se ha ido reeditando en cada votación parlamentaria y ampliando en los momentos clave, como la aprobación de las cuentas públicas que han salido adelante por segunda vez consecutiva –a falta de la tramitación en el Senado y su hipotético regreso al Congreso– con 188 apoyos, lejos de los ajustados 176 que logró Mariano Rajoy en mayo de 2018, pocos días antes de ser desbancado del poder. El Gobierno socialista tuvo que defender aquellas cuentas en su vuelta al Congreso desde el Senado.
Ahora quedan atrás, al menos hasta 2023, los augurios de la derecha sobre la inestabilidad a la que se enfrentaba España con la coalición y sus apoyos de izquierdas. “Ahora el dilema lo tendrá usted: si cumple con sus socios antisistema romperá España y, si no, le echarán a la calle”, vaticinó Pablo Casado en aquel discurso. Coherente con ese diagnóstico, el Partido Popular optó por no dar ni agua al Gobierno y se permitió votar incluso contra el estado de alarma en mayo de 2020. “No vamos a tener estabilidad, no vamos a tener un Gobierno sensato ni vamos a tener, desde luego, unos socios del Gobierno que piensen en España”, había expresado también Inés Arrimadas cuyo partido sí arrimó el hombro para sacar adelante las medidas excepcionales.
Pero una cosa es que el Gobierno saque sus cuentas públicas y tenga casi garantizada una legislatura completa y otra que no sea consciente de que para cada iniciativa tiene que sudar la camiseta. Los avisos de los aliados parlamentarios son habituales ante las reticencias de los socialistas en cuestiones como la Ley de Vivienda, el letargo en el que se sumió la modificación de la ley mordaza, que le sirvió para imponer sanciones durante el confinamiento, o en el que permanece la de secretos oficiales. “Olvidan que todavía dependen de los mismos para las mismas cosas y que empiezan a tener a demasiada gente cabreada. Calculen bien sus fuerzas porque quizás no tienen tanta gasolina para tanto viaje”, advirtió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desde la tribuna del Congreso en plena negociación presupuestaria. Y los republicanos no han tardado en dar por cumplido su vaticinio en un importante texto normativo: la Ley de Memoria que para ERC es una línea roja (ya votaron en contra a la que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero) y que ha obligado a los socialistas a meter su texto en un cajón a la espera de tiempos mejores. De momento, se queda aparcada.
No es la primera. Dos años de acuerdos han provocado que Moncloa haya tenido que ceder en sus posiciones iniciales en asuntos como la regulación de los precios de los alquileres –poner un techo era una condición sine qua non de Unidas Podemos y los demás aliados de izquierdas—, la autodeterminación de género que tras una ardua batalla se reconoció en la ley trans, o en la cesión de tributos –las tasas Google y Tobin las gestionará Euskadi– y la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que se transferirá a comunidades como el País Vasco y Catalunya. En esta negociación presupuestaria concretamente, el Gobierno tuvo que aceptar la imposición de una cuota para lenguas cooficiales a las plataformas audiovisuales como Netflix para conseguir el ‘sí’ de ERC.
“Somos nosotros, los bilduetarras, como a ustedes les gusta llamarnos, los que devolvemos a la clase trabajadora los derechos que ustedes les usurparon”, afirmó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en el debate presupuestario refiriéndose a la bancada del PP. La izquierda abertzale ha cambiado radicalmente su acción parlamentaria en el Congreso durante esta legislatura. En el estado de alarma salvó al Gobierno una de las prórrogas y ahora anunció su 'sí' a los Presupuestos antes que el PNV, que mira esas alianzas con recelos por su competencia electoral en Euskadi y el papel de llave en Madrid que durante décadas ha asumido esa formación. De hecho, los nacionalistas vascos sorprendieron al Ejecutivo al anunciar que mantendrían las negociaciones una vez superado el trámite del Congreso bajo el pretexto de mantener exigencias que pueden introducirse en el Senado, especialmente vinculadas con el AVE. La intención del Gobierno es que las cuentas queden aprobadas definitivamente en la Cámara Alta.
ERC, por su parte, ve aliviada la presión de Junts desde el pasado año al haberse sumado al bloque de los Presupuestos los cuatro diputados del PDeCAT. En el debate, Rufián mencionó superficialmente algunos de los compromisos que le ha arrancado al Gobierno –como la equiparación de la jubilación anticipada de los mossos o un aumento de las inversiones para que lleguen al 19% que a Catalunya le corresponde por su contribución al PIB– y aprovechó de nuevo para lanzar un aviso: “Todas las izquierdas de este hemiciclo en este tiempo no estamos logrando conquistas. Las izquierdas en este hemiciclo y en este tiempo, tras muchas amenazas, tras negociaciones maratonianas y tras campañas de desgaste mediático por parte de la derecha —de todas las derechas, con muchas banderas diferentes—, las izquierdas en este hemiciclo estamos simplemente frenando retrocesos”.
Más allá de las críticas por los pactos con los “golpistas” o con los “herederos de ETA”, el PP ha sumado ahora un nuevo argumento al reprochar al Gobierno que no haya intentado negociar con ellos las cuentas públicas, a pesar de la nítida negativa que han trasladado tanto en público como en privado a los socialistas y tras varios años considerando ilegítimo al presidente, Pedro Sánchez.
Frente a la capacidad del Gobierno y sus aliados parlamentarios de sacar adelante la mayoría de iniciativas y, especialmente las cuentas en un momento crucial para la economía que requiere de los mecanismos para articular los multimillonarios fondos europeos, la alternativa de la derecha en los dos principales bastiones en los que gobierna ahora mismo –Andalucía y Madrid– se resiente. Juanma Moreno Bonilla ha sido incapaz de cerrar un acuerdo con Vox –partido que permitió el Gobierno de PP y Ciudadanos– y el adelanto electoral es inevitable, aunque por ahora el presidente andaluz se resiste. Isabel Díaz Ayuso, pese a arrasar en las elecciones del 4M, tampoco ha conseguido cerrar todavía un acuerdo con la extrema derecha, a pesar de que la comunidad lleva sin renovar los presupuestos desde que ella llegó a la Puerta del Sol.
A pesar de la estabilidad que la aprobación de las cuentas da al Gobierno al menos hasta 2023, una derecha aupada en las encuestas sigue insistiendo en que Sánchez tiene que convocar elecciones. El presidente del Gobierno mantiene su intención de agotar la legislatura a finales de 2023 –tenga o no unos presupuestos para ese año–. Queda mucho por delante todavía, pero una negativa a presentarlos o un eventual rechazo en el Congreso elevaría mucho la presión ante el ciclo electoral que se abriría en mayo de ese año con las municipales y autonómicas que por ahora Sánchez está dispuesto a ignorar hasta que termine la presidencia española de la UE.