El proceso para extraditar al periodista turco Hamza Yalçin ya está en marcha. El 3 de agosto empezaron a contar los 40 días que tiene Turquía para enviar la documentación que vincule a este opositor al régimen de Recep Tayyip Erdogan con organizaciones terroristas. Con esa información, la Audiencia Nacional tendrá un plazo similar para decidir si le entrega a las autoridades turcas para que sea juzgado, pero será el Gobierno quien tenga la última palabra.
Yalçin fue detenido el 3 de agosto en el aeropuerto del Prat, durante una escala en su camino hacia Londres. Allí saltó la alerta debido a una orden internacional de detención cursada por Turquía a través de Interpol, en la que se acusa a este escritor de tener vínculos terroristas con una organización de extrema izquierda y de haber escrito artículos críticos con el presidente turco.
Tras su detención en Barcelona, el caso quedó en manos de la Audiencia Nacional, el tribunal competente para decidir sobre su extradición. El juez Ismael Moreno preguntó a Yalçin si aceptaba ser extraditado a su país para ser juzgado, a lo que el periodista se negó. El magistrado decidió entonces enviarle a prisión provisional porque su falta de arraigo en nuestro país y las acusaciones contra él aumentaban su riesgo de fuga.
Turquía tiene ahora hasta el 11 de septiembre para enviar documentación que sustente sus acusaciones contra Yalçin, o de lo contrario el periodista quedará en libertad. Si finalmente el Gobierno de Erdogan envía esa documentación, la Audiencia Nacional dispondrá de algo más de un mes para analizar los indicios contra el periodista. La Fiscalía tendrá que emitir un informe a favor o en contra de su extradición y se celebrará un vista en la que Yalçin podrá dar sus razones para no ser entregado a las autoridades turcas.
Si la Audiencia Nacional decide no extraditarlo, Yalçin quedará libre para volver a su país de residencia, Suecia. La embajada sueca ha pedido información sobre el proceso porque también tiene la nacionalidad de ese país. Si el tribunal opta por extraditarlo, al periodista le quedará todavía la esperanza de que el Gobierno español decida no entregarle.
“En ejercicio de la soberanía nacional”
Según la Ley de Extradición Pasiva, la decisión de extraditarle no es vinculante para el Ejecutivo, que podrá denegarla “en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España”. Además, si el Gobierno la rechaza, no cabe recurso por parte de Turquía y Yalçin quedará libre.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha echado mano de esta herramienta en otras ocasiones. En 2015, el Gobierno pidió a Interpol que bloquease la orden de detención de ocho ministros franquistas investigados en Argentina y más tarde bloqueó la orden de extradición que llegó al Ministerio de Justicia. El argumento fue que los supuestos delitos habían prescrito según el Código Penal español.
Un año antes, el Gobierno intervino para denegar la extradición de un ciudadano español reclamado en Costa Rica por narcotráfico, después de ser aprobada por la Audiencia Nacional. El argumento en aquella ocasión fue que ese país no colaboraba en las extradiciones que reclama la Justicia española, incumpliendo así el principio de reciprocidad.
Ese argumento no valdrá para el caso de este periodista turco, porque Turquía colabora activamente en las extradiciones. Hace tan solo dos meses, las autoridades de ese país entregaron a dos ciudadanas españolas integradas en ISIS que se habían casado con dos yihadistas.
Para la decisión que tiene que tomar la Audiencia Nacional será clave la información que envíe Turquía y los delitos concretos de los que le acuse. Según varios medios, en la orden de detención que cursó Turquía se acusaba a Yalçin de haber insultado al presidente Recep Tayip Erdogan en varios artículos de prensa, lo que podría considerarse un delito de opinión. Sin embargo, las leyes de extradición impiden entregar a un acusado por delitos que en nuestro país no están tipificados, como es el caso. Esa norma también frena las extradiciones en caso de “delitos de carácter político”.
Es más, la ley incluye en su artículo quinto la posibilidad de denegar una extradición si existen “razones fundadas” para creer que el verdadero motivo por el que se solicita este trámite es “perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones”. Según varias organizaciones, ese es el motivo por el que se persigue a Yalçin, su discrepancia con el régimen turco, que desde el fallido golpe de Estado ha puesto en marcha una represión masiva contra todos aquellos sospechosos de nos ser adeptos a Erdogan.