En plena tormenta por el caso Bárcenas, el Gobierno ha presentado este viernes un paquete de medidas para luchar contra la corrupción. Entre ellas, ha anunciado que contempla que la financiación ilegal de los partidos pase a ser recogida como delito en el nuevo Código Penal en vez de resolverse con una sanción económica como hasta ahora. El nuevo proyecto de ley incluye la revisión de los tipos de malversación, cohecho, tráfico de influencias o prevaricación, entre otros.
La vicepresidenta del Gobierno, en la rueda posterior al Consejo de Ministros donde lo ha anunciado junto a Alberto Ruiz-Gallardón, ha intentado evitar que se relacione este endurecimiento y la propuesta de otras medidas contra la corrupción con la situación que vive su partido a raíz del caso Bárcenas y de las donaciones ilegales al PP. Así, cuando ha propuesto que los tesoreros de las formaciones políticas rindan cuentas una vez al año ante el Parlamento además de colaborar con el Tribunal de Cuentas, ha insistido en que en España hay “muchos” y que estas propuestas de cambios “no responden a casos concretos”. Además de endurecer el control sobre los responsables del dinero en las formaciones políticas, se propone también que los estatutos sean más claros en cuanto a sus procesos de aprobación de cuentas así como métodos de contratación.
Para intentar atajar la corrupción, algunas de las propuestas buscan más claridad en la regulación del ejercicio del cargo público y que se unifiquen todas las normas que les afectan y que tienen distintos rangos y niveles de publicidad. Así, se clarificará el régimen de cotización, sueldos y gastos de representación con los correspondientes justificantes. También se prohibirá que los cargos públicos paguen esos gastos con tarjeta de crédito y se reforzará el control sobre ellos para detectar si ha habido enriquecimiento durante sus mandatos.
La concreción de todas estas medidas depende de que los populares se pongan de acuerdo en el Congreso con el resto de grupos parlamentarios. Aunque los socialistas desconfían de las intenciones del Gobierno porque no consideran que prediquen con el ejemplo en el Parlamento sino que pretenden hacerse perdonar las acusaciones de corrupción que pesan sobre el PP. Queda por dirimir, por ejemplo, hasta dónde llegaría el castigo dentro del partido en caso de financiación ilegal. La vicepresidenta se ha escudado en que es el principio de culpabilidad el que rige pero que se discutirá la ampliación de responsabilidades. Si no prospera la oferta de diálogo a los grupos, el Ejecutivo ha anunciado que pretende sacarlo adelante igualmente.
Entre las reformas del Código Penal anunciadas por el titular de Justicia destaca una que ha suscitado mucha polémica por la oposición de las asociaciones judiciales: la prisión permanente revisable. El ministro ha negado que pueda equipararse a una cadena perpetua ya que estará “sujeta a revisión”, pero ha insistido en que el cumplimiento de la pena no basta en casos de excepcional gravedad. Serán los de magnicidio, homicidios terroristas, genocidio o crimen de lesa humanidad así como en casos de asesinato cuando la víctima sea especialmente vulnerable.