El Gobierno insiste al PP que si sigue bloqueando la renovación del CGPJ tomarán medidas

El Gobierno ha recordado que este domingo se cumplen 2.000 días con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado y ha vuelto a avisar al PP de que si sigue “bloqueando” su renovación el Ejecutivo tomará medidas alternativas para que deje de estar paralizado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que es “urgente” renovar “ya” este poder del Estado y devolverlo a la normalidad institucional y ha acusado al PP de “bloquear y secuestrar” el CGPJ “porque les conviene”.

“Es inadmisible...y si el PP insiste en bloquear y secuestrar un poder del Estado obviamente tendremos que buscar alternativas para que ese bloqueo no se prolongue”, ha recalcado en un comunicado después de publicar en la red social X que los populares están manteniendo un comportamiento “ilegal” y “contrario a la ley y a la Constitución”.

“Hoy se cumplen 2.000 días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Este es el comportamiento mas contrario a la Ley, a la Constitución y antieuropeo del PP en toda la democracia. La Justicia no puede esperar. Queremos renovar con acuerdo. Pero si el PP sigue poniendo excusas, buscaremos alternativas”, ha puntualizado Bolaños en X.

Este domingo, el PSOE también ha publicado en la red una cronología en la que repasa los principales pasos dados por el PP desde 2018 y que han contribuido al bloqueo del CGPJ. Desde el acuerdo para la renovación sellado entre el PP y PSOE aquel año, y que quedó roto pocos días después, hasta el intento de 2021 y el de 2022, que rompió el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazó la semana pasada a los grupos parlamentarios del Congreso a decidir tras las elecciones europeas qué hacer para que esta institución recupere la normalidad.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, medita plantear el sorteo de los vocales como fórmula para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces y evitar la “captación política” de esta institución.