El Gobierno mantiene su apoyo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, después de que se haya revelado una nota en la que se atribuye el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos a su negativa a informar sobre las “investigaciones” de la actuación frente a la COVID-19 y la celebración del 8M. “El ministro Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España y con el apoyo del presidente”, ha afirmado la portavoz, María Jesús Montero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha hecho una defensa férrea de la libertad que tienen los ministros de hacer cambios en los equipos de libre designación - “la pérdida de confianza abarca muchos aspectos distintos”- y ha descartado que se produjera “ninguna injerencia” en la elaboración del informe por parte del instituto armado, aunque no ha descartado que se le requiriera información dentro de las “propias reglamentarias” de las que “tenga que informar respecto de las actuaciones”.
La portavoz del Gobierno ha enfatizado que no se ha producido ninguna “injerencia” en la elaboración del informe, que fue remitido a la jueza que investiga la actuación del Gobierno respecto a la COVID-19 y, en concreto, la autorización de celebración del 8M. Montero ha subrayado que los encargados de “ese auxilio judicial evacuaron” el informe “sin ningún tipo de injerencia por parte de la directora de la Guardia Civil, por parte del ministro o el secretario de Estado”. “La información conocida hoy en ningún caso pone de manifiesto que se hayan requerido datos sobre el informe; otra cosa será las propias reglamentarias de que la Guardia Civil tenga que informar respecto de las actuaciones”, ha explicado Montero. Sin embargo, el ministro del Interior aseguró en el Congreso que “nadie del ministerio, ni de la Dirección General de la Guardia Civil, ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe, ni conocimiento sobre el contenido del informe”.
El informe, que ha sido clave en la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se elaboró por parte de la Guardia Civil en su calidad de Policía Judicial requerida por la jueza Carmen Rodríguez Medel. Esa situación impide que Interior pueda tener información al respecto. Una nota interna firmada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, sobre la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos atribuye a la pérdida de confianza por su negativa a informar de “investigaciones” y no a una decisión de reestructuración, como dijo públicamente Fernando Grande Marlaska.
El documento, revelado por El Confidencial y que se remitió al secretario de Estado de Seguridad siguiendo el trámite pertinente, explica que el cese del hasta entonces responsable de la Comandancia de Madrid responde a “la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior” por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, con fines de conocimiento”.
“En ningún momento se ha pedido información sobre el contenido del informe, no he leído ninguna cuestión que así lo ponga de manifiesto. Se ha podido realizar la tarea que como Policía Judicial, se ha encargado y se ha realizado con plena libertad por parte de la Guardia Civil”, ha proseguido Montero, que ha asegurado que “se desconocía absolutamente el contenido de ese informe. No se ha producido ningún tipo de injerencia respecto a su obligación de prestar el auxilio judicial que el tribunal haya requerido”.
Hasta ahora, tanto ante los periodistas como en sede parlamentaria, el ministro del Interior había desvinculado ese cese de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial. Grande-Marlaska ha sostenido que se trataba de una reestructuración más amplia emprendida en el seno de su departamento. “No aprecio ningún tipo de contradicción en lo que dijo el ministro del Interior y lo que hemos conocido hoy”, ha respondido Montero.
“Un marco conspiranoide”
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha estado prácticamente monopolizada por este asunto, Montero ha insistido en que Grande-Marlaska, al igual que todos los ministros, tiene total libertad para nombrar, confirmar o “remover” a los cargos de libre designación: “Reivindico el derecho que tenemos a poder confirmarlas, removerlas o cesarlas en el momento que nos parezca más adecuado. La pérdida de confianza o la necesidad de dar un nuevo impulso no tiene por qué tener ningún tipo de justificación”.
La portavoz ha asegurado que el Gobierno tiene un “escrupuloso” respeto por la separación de poderes y ha lamentado que “algunos quieran hacer ruido político” con lo que considera que es una destitución que ha enmarcado en el normal proceder administrativo. PP, Ciudadanos y Vox han reclamado el cese de Grande-Marlaska. “Es un marco conspiranoide que nosotros no vamos a alimentar”, ha zanjado.
Montero ha insistido en que el cese de Pérez de los Cobos obedece a una pérdida de confianza por parte de la responsable de la Guardia Civil. “Confío plenamente, al igual que el presidente y el conjunto del Gobierno en las actuaciones de Marlaska, que es exquisito y más en las actuaciones judiciales, que es el ámbito del que él procede -ha expresado-. Se respetan al 100% los procedimientos judiciales como pone de manifiesto que el informe de la Guardia Civil no ha tenido ningún tipo de injerencia”.