El Gobierno no quiere presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y excusa que incumpla la ley al no designar hoy a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. El plazo de la norma que aprobaron las Cortes concluía el 13 de septiembre. En el Ejecutivo se muestran convencidos de que el órgano de gobierno de los jueces hará su designación “en los próximos días” y minimizan el hecho de que esté saltándose la ley desde este mismo martes. “El Gobierno no contempla otro escenario que el órgano de gobierno de los jueces y juezas, que tiene una posición institucional, proceda a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional cumpliendo la ley vigente”, ha aseverado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en referencia al cambio legislativo que impulsaron PSOE y Unidas Podemos para que el CGPJ pudiera nombrar los magistrados del tribunal de garantías pese a estar en funciones.
“Estoy segura de que en unos días tendremos ese acuerdo, ese resultado”, ha proseguido Llop sobre las conversaciones que están manteniendo los vocales del Poder Judicial, que prevén mantener una reunión en próximas fechas. Llop ha confirmado que el Gobierno esperará a que el órgano que preside Carlos Lesmes proponga sus nombres para que el Ejecutivo designe los que le corresponden dentro del tercio que tocaba renovar ahora. “Esperaremos a esa renovación para proceder al nombramiento de los magistrados que corresponden al Gobierno”, ha expresado Llop en contra de lo que dijo Pedro Sánchez en julio, cuando aseguró que el Consejo de Ministros propondría sus nombres en septiembre independientemente de que el Poder Judicial lo hiciera o no.
En el Gobierno siempre han tenido la certeza de que el CGPJ nombraría sus magistrados para el Constitucional hasta que la semana pasada el sector conservador se revolvió y fue imposible alcanzar un acuerdo. Solo se pusieron las bases para llegar al consenso y, desde entonces, no ha habido avances, a pesar de que el plazo vencía este martes.
El Ejecutivo trata de descargar la responsabilidad del órgano de Gobierno de los jueces y apunta directamente al PP. “Estamos en un momento, en una situación de bloqueo institucional, de la renovación del Poder Judicial exclusivamente por culpa del PP. Si se hubiera renovado el Consejo, si se hubiera cumplido con la Constitución, no estaríamos en esta situación”, ha dicho Llop en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en referencia a la negativa de Pablo Casado, primero, y ahora de Alberto Núñez Feijóo a renovar el órgano de gobierno de los jueces. En el Ejecutivo sostienen que el PP busca con ese bloqueo que perdure la mayoría conservadora para bloquear o tumbar leyes como la de la eutanasia u otras que ya están en el órgano de garantías.
Esa será la dirección en la que seguirá presionando el Gobierno, que recuerda que tiene el apoyo de la Comisión Europea, que ha vuelto a insistir en la necesidad de renovar el CGPJ, que se acerca ya a los cuatro años de mandato caducado. Llop ha apuntado, además, que se reunirá en Madrid con el Comisario de Justicia, Didier Reynders, a final de mes. “Es una cuestión muy importante y trascendente para nuestras instituciones. Por eso quiero hablar con el comisario Reynders. Quiero que me oiga a mí y que escuche mi voz”, ha agregado.
Moncloa sigue en la estrategia de ir contra Alberto Núñez Feijóo desde todas las plataformas y ha aprovechado la rueda de prensa del Consejo de Ministros para criticar la decisión de votar en contra de la admisión a trámite de los impuestos especiales a la banca y las energéticas. “Es lo mismo que hizo en el Gobierno: estar con la banca. Entonces el PP decidió estar con la banca. 60.000 millones de euros [ha recordado Isabel Rodríguez sobre el rescate en la crisis financiera] y hoy Feijóo, como Rajoy y Casado, vuelve a estar con los intereses de la banca”.
Incomodidad con el emérito
Moncloa ha intentado, además, marcar distancias de nuevo con Juan Carlos I, que formará parte de la delegación española en el funeral de Isabel II por expreso deseo de Reino Unido, que ha cursado una invitación al exjefe del Estado y su esposa, Sofía de Grecia, además de a los actuales monarcas. Para el Ejecutivo, serán Felipe VI y Letizia Ortiz quienes representen oficialmente a España.
“El Gobierno no va a hacer ninguna consideración de una invitación privada. Nuestro país va a estar representado por el rey Felipe”, se ha limitado a decir la portavoz, Isabel Rodríguez, que ha evitado concretar si el viaje de Juan Carlos I será como los que ha hecho desde que está en Abu Dabi con sus medios personales o si formará parte del viaje oficial.
Preguntada por si Juan Carlos no representa a España, Rodríguez ha dejado claro que ese papel corresponde exclusivamente a Felipe VI: “El rey Felipe es quien como jefe del Estado representa a nuestro país”.
Rodríguez también ha intentado restar importancia a las desavenencias en el seno de la coalición, que este martes tienen una nueva en la propuesta de Podemos de poner un tope a las hipotecas de tipo variable. El partido que pilota Ione Belarra plantea que los bancos tengan que ofrecer obligatoriamente a sus clientes la posibilidad de acogerse a una reducción, durante un año, del tipo variable a un 0,10%. Pero Moncloa rechaza esa propuesta que recuerda que es del grupo parlamentario de Unidas Podemos y no del Gobierno.
“Son muchas las decisiones que estamos adoptando, es normal que esa dinámica de propuestas este ahí, se valora el esfuerzo, pero es muy importante que seamos capaces de poner en valor lo que está haciendo el país en su conjunto. Lamentablemente estamos todos en eso menos el principal partido de la oposición”, ha contestado Rodríguez tras enumerar algunas de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo como la gratuidad de los abonos de los transportes que dependen del Estado o la bonificación a los carburantes, entre otras. Así, ha tratado de minimizar las discrepancias internas y subrayar los acuerdos que se han alcanzado para sacar adelante 160 medidas en el Parlamento: “Demuestran la fortaleza, la agilidad y el esfuerzo de este Gobierno”.