El ultimátum expira a las 12 del mediodía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado de urgencia un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes con el objetivo de declarar el estado de alarma en Madrid, si el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no reacciona y decreta antes medidas de excepción para paliar el avance del virus en la comunidad. La decisión del presidente del Gobierno llega después de que su gabinete haya intentado, sin éxito, reunirse con el equipo de Isabel Díaz Ayuso para concretar las medidas a implantar en Madrid, una vez que el Tribunal Superior de Justicia haya anulado la orden de Sanidad para confinar la capital y otras nueve ciudades.
Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con Isabel Díaz Ayuso en torno a las 22 horas de este jueves para trasladarle las opciones posibles que permitan mantener las medidas revocadas por la Justicia horas antes, según ha informado Moncloa. El Gobierno subraya que la resolución judicial obedece a la “mera habilitación legal para adoptarlas” y no al “fondo” de las restricciones. El Gobierno ha planteado a la Comunidad de Madrid varias alternativas: que el Ejecutivo regional dicte una nueva orden al amparo de la ley de salud pública de 1986, que establece en su artículo 3 la potestad a la autoridad sanitaria de adoptar las medidas “oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. En el caso de que haya un acuerdo en esta dirección con Ayuso, el Consejo de Ministros, convocado de manera preventiva para este viernes, no llegará a celebrarse.
Las otras dos opciones pasan por el estado de alarma: sea por una solicitud del Gobierno regional para declararlo “conjuntamente” o que directamente lo haga el Ejecutivo central. “En cualquiera de los tres casos, las medidas serían exactamente las mismas que ya se venían aplicando, pues lo único que cambiaría sería el instrumento legal por las que se adoptan, es decir, la cobertura jurídica”, señaló Moncloa en un comunicado a última hora del jueves.
Según esa nota difundida a los medios, en una segunda conversación telefónica, Ayuso ha dicho al presidente que necesita tiempo. “Será hasta mañana por la mañana”, dice la nota de Moncloa. El plazo dado a Ayuso para que opte por una de las fórmulas que se le plantean acaba a las 12 del mediodía, hora límite para la celebración del Consejo de Ministros, según fuentes gubernamentales. Sánchez mantendrá el viaje a Barcelona que tiene previsto con el rey Felipe VI por lo que no participará de forma presencial en la reunión del gabinete, si finalmente se celebra.
Una vez conocida la convocatoria del Consejo de Ministros para el viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado en su cuenta de Twitter que su gobierno se reunirá a primera hora para ver las “alternativas”, aunque deja entrever que prefiere una solución distinta a la que ha planteado Sánchez. “Nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor”, expresa, aludiendo a la fórmula que había usado Madrid antes de que el Ministerio de Sanidad acordase la orden en la reunión interterritorial, fijando criterios para toda España que obligaban a cerrar la capital y otros nueve pueblos de Madrid.
A esta situación se ha llegado después de que el Gobierno regional hubiera ignorado durante toda la jornada del jueves las comunicaciones del Ministerio de Sanidad para mantener una reunión bilateral durante el día en la que abordar una alternativa a las restricciones aplicadas la semana pasada y que el Tribunal Superior de Madrid ha decidido no ratificar. El nuevo desplante de la Comunidad de Madrid ha ido caldeando los ánimos en Moncloa. El equipo de Sánchez ha preparado distintas alternativas y la decisión se ha tomado tras su regreso de un viaje a Argelia.
El asunto amenaza con ser un nuevo motivo de división entre los socios de coalición en la Comunidad de Madrid. En torno a las 00.45 de la madrugada, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, dejaba clara su postura en un hilo de Twitter. Aguado aboga por adoptar la opción A, que pasa por “rehacer la Orden según lo establecido en la resolución del TSJM”, ha expuesto. Es decir, que el Ejecutivo madrileño dicte una nueva orden al amparo de la ley de salud pública de 1986. De esta manera, ha defendido el vicepresidente regional, se podrá evitar el estado de alarma, proteger la salud y mantener el autogobierno. “Así se lo he trasladado a la presidenta”, ha expresado.
Nada más conocerse la anulación de las medidas por parte de la justicia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había anunciado una convocatoria urgente del grupo COVID-19 que se creó entre Sanidad y el Gobierno regional para “buscar la forma de responder a este posicionamiento judicial”. “Estamos seguros de que la Comunidad de Madrid coincidirá en este planteamiento”, ha expresado en el Congreso, durante una comparecencia que estaba ya prevista. Sánchez ha seguido esa misma línea en una comparecencia ante los periodistas en Argelia en la que no ha descartado la activación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid como fórmula para limitar la movilidad de los ciudadanos tras el varapalo judicial, pero ha dejado clara su intención de consensuar esas medidas con Ayuso.
“Esos instrumentos el Gobierno siempre los ha contemplado -ha expresado-. Si la Justicia nos dice que este no es el mecanismo, tendremos que evaluarlo con la Comunidad de Madrid y tomar las decisiones oportunas”. Sánchez ha insistido en un encuentro entre ambos gobiernos. Desde Sanidad han enviado dos mensajes para concertar la cita: uno a la vicepresidencia de Ignacio Aguado y otro a la consejería de Sanidad. Ninguno de ellos ha obtenido respuesta.
Pasadas las 20.30 horas de la tarde, el Ejecutivo de Ayuso no había decidido si reunirse con el ministro Salvador Illa. El equipo técnico de la Consejería de Sanidad junto al consejero, Enrique Ruiz Escudero, estuvo toda la tarde de este jueves reunido para decidir la orden con las nuevas medidas restrictivas después de que hayan decaído las de movilidad. A pesar de que la propia presidenta madrileña había pedido durante su comparecencia sin preguntas un encuentro bilateral este mismo jueves para abordar de forma conjunta la respuesta al fallo judicial, finalmente desde el Gobierno regional decidían elaborar su propia orden de manera unilateral sin contar con el Ministerio. Su contenido, si es que estuviese rematada, todavía no se conoce.
El enfrentamiento entre el Gobierno y la Puerta del Sol se mantiene desde hace varias semanas. La pasada, tras varios vaivenes, el Gobierno regional aceptó incrementar las restricciones en las grandes ciudades a instancias del Ejecutivo central y así se aprobó en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque la Comunidad de Madrid se descolgó del acuerdo unas pocas horas después. Finalmente, aplicó las medidas a regañadientes, advirtiendo que las impugnaría en los tribunales.
El PP considera ahora que la justicia ha dado “la razón” a la presidenta autonómica mientras el Gobierno baraja la aplicación del estado de alarma para que no haya dudas respecto a la legalidad de la restricción de la movilidad. A pesar de que el cierre de ciudades se ha aceptado por otros tribunales, en casos como Ourense, el auto del TSJM supone un golpe para el Ejecutivo y cuestiona que no se haya llevado a cabo en todo este tiempo una reforma legislativa para permitir esa medida sin necesidad de recurrir al estado de alarma. “Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales (...) resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.
Durante la primera oleada de la pandemia, el Gobierno manifestó su intención de reformar el paquete legislativo de sanidad y salud pública para poder hacer frente a los rebrotes y el propio Sánchez se lo trasladó a los presidentes autonómicos en una reunión el pasado 10 de mayo. Sin embargo, el Ejecutivo ha descartado desde el levantamiento del estado de alarma llevar a cabo esos cambios normativos aduciendo que la legislación vigente es suficiente para las medidas que se ponen en marcha para hacer frente a los rebrotes. Ayuso tiene unas horas para decidir si impone las restricciones por su cuenta con una ley o es el Consejo de Ministros el que decreta el estado de alarma para la comunidad más golpeada por esta segunda ola del virus.
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