El Gobierno y Unidos Podemos-En Comú-En Marea han mantenido este martes la primera reunión de equipos para sondear un pacto de legislatura que negocian de forma bilateral desde la semana pasada. Representantes de Hacienda y del grupo confederal han abordado en el Congreso medidas para revertir los recortes en Sanidad aprobados por el PP en 2012. Tres horas de reunión han deparado pocos avances concretos.
La intención de Unidos Podemos y sus confluencias era la derogación completa de los reales decretos-ley que aprobó el PP en 2012. Así lo plantearon en el documento que remitieron al Gobierno como inicio de la negociación. Fuentes del grupo confederal reconocen a eldiario.es que ya en la reunión de la semana pasada constataron que el Gobierno de Pedro Sánchez prefería abordar estos asuntos medida a medida, en lugar de una derogación completa.
Una de las principales reivindicaciones del grupo confederal es la de eliminar el copago farmacéutico para pensionistas. Una idea que ya había anticipado la ministra de Sanidad, Carmen Montón, al tomar posesión. El coste de la medida estaría entre los 400 y los 500 millones de euros, según el Gobierno, y alcanzaría los 600, según Unidos Podemos.
El acuerdo, sin embargo, ha sido imposible. El Gobierno apuesta por establecer un sistema de pago en función de la renta. Unidos Podemos ha trasladado al Gobierno una propuesta intermedia: eliminar el copago a los ocho millones de pensionistas en dos años.
El Ejecutivo ha asegurado que estudiará la medida y dará una respuesta en una próxima reunión, pero desde el grupo confederal les han advertido de que no habrá más cesiones en este punto. “No pueden volver a pagar por los medicamientos, es algo que exigen las mareas de pensionistas cada lunes. Pensamos que el gobierno debería aceptarlo”, ha apuntado la portavoz adjunta del grupo, Ione Belarra, en declaraciones posteriores a la reunión.
La negociación sobre el copago ha consumido dos tercios de la reunión. Otros puntos que se han analizado ha sido la profundización en la recuperación de la Sanidad Universal, para lo que el Gobierno ya dio un primer paso el pasado 27 de julio.
En la mesa también ha estado, sin un acuerdo concreto, la eliminación de la cartera de servicios que cubre el Sistema Nacional de Salud que impuso el Gobierno de Rajoy en 2012.
Además, se ha acordado crear un grupo de trabajo formado por expertos, plataformas de la sociedad civil y sindicatos que debe proponer en seis meses medidas para desprivatizar la sanidad, según explican a eldiario.es fuentes conocedoras de la reunión.
Próxima cita: Ingresos del Estado
El impacto presupuestario de las medidas acordadas y que se puedan cerrar en los próximos días es muy alto. Además de Sanidad, Educación y Dependencia, el Ejecutivo y Unidos Podemos tienen intención de explorar acuerdos también en otros tres grupos de trabajo: Seguridad Social, pensiones y empleo; finanzas municipales; e ingresos del Estado.
La semana pasada, el grupo confederal ya logró que el Gobierno asuma una revalorización de las pensiones en función del IPC real y no del previsto, lo que se concretará en una paga extra en enero de 2019 y otra en 2020.
El Gobierno, además de buscar el apoyo de Unidos Podemos, tiene que mantenerse dentro de los márgenes presupuestarios acordados con Bruselas y que el grupo confederal se ha abierto a apoyar siempre y cuando se garantice el aumento del gasto social.
Para ello, habrá que aumentar los ingresos del Estado. Ese será el objetivo de la próxima reunión prevista entre el Gobierno y Unidos Podemos. Se celebrará este miércoles y versará sobre impuestos.
En la propuesta del grupo que lidera Pablo Iglesias se recoge la necesidad de imponer un impuesto a la banca y otro a las grandes fortunas; establecer un suelo del 15% en el Impuesto de Sociedades; introducir un impuesto ecológico; eliminar las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados; y subir el tipo marginal del IPRF, aquel de quienes ganan más de 60.000 euros.
El Gobierno se ha mostrado predispuesto a algunas de estas medidas, según fuentes consultadas por eldiario.es. Por ejemplo, a impedir que las grandes empresas paguen en Sociedades tipos reales del 5%. Otras, como tocar el IRPF, son anatema en el PSOE.
El Ejecutivo también parece haber renunciado al impuesto a la banca que anunció la ministra de Hacienda y que fue duramente criticado por el sector financiero. En sustitución, el Gobierno ha apostado por una suerte de tasa Tobin, un impuesto a las transacciones financieras, que desde Unidos Podemos rechazan por su baja capacidad recaudatoria.