El Gobierno eleva la presión sobre los socios de la investidura a las puertas de iniciar las conversaciones para la convalidación de la reforma laboral, que por ahora no cuenta con los apoyos necesarios. Los aliados habituales de la coalición consideran que el texto pactado por el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal es insuficiente porque deja asuntos importantes fuera, como las indemnizaciones por despido y también reclaman que los convenios autonómicos prevalezcan sobre los estatales; pero Moncloa no quiere hacer ningún cambio que pueda hacer descabalgar el pacto del diálogo social. Por eso considera que los grupos deben avalar de forma “natural” ese texto.
“Votar en contra de la reforma laboral es votar a favor de la reforma laboral del PP de 2012, es decir, quien vote en contra está votando a favor de la reforma laboral del 2012 del PP impuesta, unilateral, que no contó con nadie y es absolutamente desequilibrada. Me cuesta creer que haya fuerzas progresistas que vayan a votar a favor de la reforma laboral de 2012”, ha señalado el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que será quien, junto con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pilote las negociaciones con el resto de grupos.
“En este marco creo que las fuerzas progresistas deberían apoyar la reforma laboral igual que todas las fuerzas políticas que tengan sentido de Estado, de responsabilidad y sentido común”, ha apostillado Bolaños. El Gobierno intensifica la presión para intentar que los grupos avalen la nueva normativa en materia de empleo aunque sea mediante abstenciones.
De hecho, el Ejecutivo priorizará en las conversaciones a las fuerzas de la investidura, pero incluirá a todos los demás, también al PP y a Ciudadanos. Inés Arrimadas ha allanado el terreno para permitie que la reforma laboral salga adelante.
El argumento principal de Moncloa es que la nueva normativa cuenta con el respaldo de sindicatos y empresarios que, según ha dicho Bolaños, son los “protagonistas” los que deben “regular” las relaciones laborales. “Es una norma a la que de manera natural se tienen que sumar la gran mayoría de los grupos y quien no se sume tendrá que explicar por qué no se suma a una reforma laboral que mejora las condiciones de los trabajadores y de los empresarios”, ha sentenciado el ministro socialista.