356 millones de euros para el cierre de todos los pozos ilegales en Doñana y para la sustitución de las extracciones del acuífero por aguas superficiales para aquellos regadíos que ya cuenten con derechos de agua. Ese es el plan que contempla el denominado Marco de Actuaciones Prioritario para Doñana y que ha detallado hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros de este martes.
Ribera ha fechado para 2025 el cierre de todos los pozos ilegales del entorno de Doñana, una actuación justo en dirección contraria a la planteada por el Ejecutivo autonómico del PP en la Junta de Andalucía, que ya tramita en el Parlamento una proposición para regularizar las extracciones.
Según el Gobierno central, la aplicación del Marco de Actuaciones ya ha permitido a día de hoy el cierre de 1.129 pozos y contribuirá, además, a “la mejora de la gestión de los recursos hídricos, de conservación y restauración de la biodiversidad, de gestión costera del dominio público marítimo-terrestre o de recuperación socioambiental del territorio”.
El programa también destina 100 millones de euros para la adquisición y renaturalización de terrenos en regadío con derechos de agua consolidados. Una medida que permitirá, por ejemplo, la reconexión del río Guadiamar con las Marismas.
Choque entre administraciones
Tras ser cuestionada por la demanda del gobierno andaluz de establecer una negociación entre administraciones que ponga fin al choque institucional sobre Doñana, la vicepresidenta se ha mostrado tajante al exigir al presidente Juanma Moreno que frene sus planes antes de establecer cualquier diálogo. “Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo podremos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades”.
Así de contundente se ha mostrado Teresa Ribera ante las acusaciones de la Junta de Andalucía de no querer sentarse a hablar con ellos y negociar sobre la propuesta de ley para regularizar regadíos en Doñana. La vicepresidenta ha asegurado que después de presentar el plan hidrológico del Guadalquivir, el gobierno de Moreno Bonilla “no hizo ninguna alegación”, sino que presentaron la propuesta de ley, con lo que “tan pronto quede descartada”, se sentarán a hablar con la Junta. “Es más, creo que es importante hacerlo”, ha añadido.
Este martes, el gobierno autonómico ha vuelto a recibir críticas tras el comunicado de la Comisión Europea por el que advierten que esta norma podría “deteriorar” aún más el parque nacional. Tras el encuentro entre el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, y el comisario europeo Virginijus SinkeviÄius, Fernández-Pacheco ha admitido que a la Unión Europea no le gusta su plan y ha deslizado que la institución se dejó “presionar”. “Parece mentira que tras los avisos reiterados de las instituciones europeas puedan decir algo así”, ha dicho Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
“O el Consejero no entiende cómo funcionan las instituciones europeas o bien es un comentario tan frívolo que no está legitimado para ejercer las funciones de su cargo”, ha asegurado la vicepresidenta, que ha llegado a aseverar que, “a pesar de las advertencias de la Unión Europea” el Gobierno andaluz “sigue tonteando” con una propuesta que “no tiene ningún sentido”. “¿A qué viene esta provocación?”, se ha preguntado.
“Su mayoría absoluta no les legitima para saltarse la ley”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha referido este martes en el pleno del Senado a la propuesta de ley del Partido Popular de Andalucía y ha pedido su “retirada inmediata” al considerarla un “atropello”.
Sánchez ha exigido al partido que reconozcan el “error” y salgan de su “arrogancia”: “Su mayoría absoluta no les legitima para saltarse la ley, las sentencias europeas y cargarse un tesoro medioambiental como es Doñana”, ha añadido en el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.