Gobierno se ampara en que su prioridad es el Covid-19 para no responder sobre el chavista Carvajal, reclamado por EEUU

El Gobierno ha respondido a dos preguntas parlamentarias de Vox sobre Venezuela, una sobre el general venezolano Hugo Carvajal --huido de la Justicia española y reclamado por Estados Unidos-- y otra sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirmando que en estos momentos su prioridad es la lucha contra la pandemia de Covid-19.

“En todo caso, la prioridad absoluta actual del Gobierno es la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para lo que se declaró el estado de alarma el pasado día 14 de marzo”, dice el Ejecutivo al final de ambas respuestas, recogidas por Europa Press.

En una de ellas, Vox preguntaba “por qué no ha colaborado el Gobierno con la justicia española, que decretó su orden de captura” y por qué no se le ha detenido si el propio Consejo de Ministros aprobó su entrega a EEUU el 3 de marzo.

Carvajal fue detenido en España el 12 de abril de 2019 a petición de Estados Unidos, pero está en paradero desconocido después de que la Audiencia Nacional aprobara extraditarle Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

En su respuesta, el Ejecutivo se remite a la detención y a las decisiones del Consejo de Ministros autorizando su entrega para recalcar que “el Gobierno prestó su máxima cooperación con las autoridades de Estados Unidos que solicitaron su extradición”.

De ese modo, no responde a lo que Vox considera una “falta de cooperación” con Estados Unidos y a cómo puede incidir eso en las relaciones bilaterales y en las posibles peticiones de entrega que España dirija a este país en el futuro.

El Gobierno sí añade que “cabe recordar que no es competencia del Gobierno investigar posibles ilícitos penales, que, por imperativo del principio de división de poderes, es competencia del poder judicial”.

El partido de Santiago Abascal también preguntaba si el Gobierno se plantea investigar una posible financiación irregular de Podemos por parte de Venezuela. En otra pregunta parlamentaria, Vox sostiene que el expresidente Zapatero y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero “mantienen una relación muy cercana con la dictadura chavista y con altos representantes de las FARC” y pregunta al Gobierno si colaboraría con EEUU en caso de que este país pidiera su detención.

El Ejecutivo replica que esa preguntas “responden a especulaciones que no se fundamentan en la existencia de ninguna solicitud real de las autoridades de EEUU”.

Tras aludir de nuevo a su “máxima cooperación” con Estados Unidos en el caso del general Carvajal, asegura también que “la cooperación judicial con los EEUU se desarrolla con toda fluidez en el marco de los instrumentos legales aplicables, incluyendo en aquellas causas que afectan a ciudadanos venezolanos”. También vuelve a recordar que “no es competencia del Gobierno investigar posibles ilícitos penales” sino de la Justicia.

CONTACTOS DE ZAPATERO CON “EL RÉGIMEN”

Sobre Zapatero, señala que “es de conocimiento público que, en el marco de su compromiso personal con la búsqueda de una solución a la crisis venezolana”, éste “mantiene contactos con diversos actores políticos venezolanos, incluyendo representantes del régimen”.

También es público, prosigue el Gobierno, que Zapatero “desarrolla dichos contactos a título puramente individual, sin que en modo alguno sus gestiones representen o vinculen al Gobierno”. Con todo, esta respuesta también termina con una alusión a que la “prioridad absouta” del Gobierno en estos momentos es gestionar la crisis sanitaria.

PREGUNTAS SOBRE EL CNI

Vox presentó otra batería de preguntas más sobre el caso de Hugo Carvajal, en este caso, sobre su relación con el CNI y una supuesta red de narcotráfico --que Vox vincula de nuevo con financiación a Podemos y a Zapatero-- y sobre informaciones de prensa del pasado marzo sobre su posible entrega a EEUU.

En esta ocasión, la respuesta del Gobierno es que la pregunta se basa “en distintas informaciones publicadas en prensa en relación con hechos de los que no se tiene constancia” y, en todo caso, que el CNI “actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente”.

Además, recuerda a Vox que, dado que las actividades, medios y procedimientos del CNI están clasificados como secretos, su control parlamentario debe hacerse a través del órgano legalmente destinado a ello, es decir, la Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados.