Para el PP el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido un Ejecutivo ilegítimo desde el primer día. Para Vox, una coalición de okupas liberticidas que han puesto en marcha una “industria de la muerte”. Y para sus terminales mediáticas, desde la TDT party a Federico Jiménez Losantos, pasando por la cadena Episcopal, cosas todavía peores. “Esta basura de Gobierno infectó deliberadamente a cientos de miles de personas con tal de mantener su calendario político”, dijo esta semana el locutor estrella de EsRadio sobre el Ejecutivo, al mismo tiempo que denunciaba, como hace cada mañana, que en España no hay libertad. Según el Estudio General de Medios las soflamas de Losantos llegan cada mañana a 628.000 oyentes. Las de esta semana no son un episodio aislado, la derecha mediática no escatima insultos y graves descalificaciones a la coalición de PSOE y Unidas Podemos ninguna semana.
Y tras la de la aprobación de los Presupuestos “con ETA” , en esta los grupos que apoyan al Gobierno -a los que se ha sumado Ciudadanos esta vez alcanzando 198 de los 350 diputados del Congreso- han sacado adelante la primera Ley de Eutanasia, que coloca a España entre los seis países más avanzados en legislación sobre muerte digna. Así que el relato estaba más o menos cantado. El complot “proetarra” quiere “deshacerse de los enfermos”, “matar a los ancianos” o promover el “suicidio asistido” dentro de un supuesto plan para dilapidar las libertades públicas, acabar con la monarquía y, en definitiva, fulminar la Constitución en lo que queda de legislatura.
Este coro de voces que se pronuncia desde los editoriales o las secciones de opinión de los periódicos conservadores, así como a través de los alegatos radiofónicos de estrellas mediáticas de la extrema derecha, como Federico Jiménez Losantos o Carlos Herrera, o las televisiones de la Iglesia, ha asumido la estrategia de las derechas de PP y Vox, que desde hace meses acusan al Gobierno de Sánchez de tratar de acabar con los derechos ciudadanos con prácticas dictatoriales. Se refieren al Gobierno como a un “régimen”, y en ese caldo de cultivo emergen colectivos radicalizados como los de los militares retirados que han tratado de vincular al rey en contra de supuestos retrocesos democráticos o que, directamente, piden en un chat de WhatsApp “fusilar a 26 millones” de ciudadanos y consideran que la única vía para derrocar al Ejecutivo es dando un golpe de Estado.
Paradójicamente, cuanto más anuncian que estamos en una dictadura, más elevan los decibelios contra el Gobierno y más duras son sus acusaciones al presidente y los ministros. Sucedió en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la estrategia se replica desde la moción de censura contra Mariano Rajoy. Al igual que los partidos de Casado y Abascal, las teorías de los medios más conservadores sostienen que el Gobierno lleva a cabo su plan para acabar con el Estado de derecho con la ayuda de socios “filoetarras”, “golpistas” y “social comunistas”, en alusión al apoyo que ha recibido el Ejecutivo a lo largo de la legislatura para sacar adelante sus propuestas junto a formaciones independentistas como ERC, EH Bildu o PDeCat, que respaldaron tanto las nuevas cuentas como la histórica ley que regula por primera vez la muerte digna en España.
El repaso a los editoriales de Jiménez Losantos en su programa de EsRadio constituye una larga lista de exabruptos con las que arengar cada mañana a su audiencia. El lunes, quiso referirse al polémico vídeo difundido por Unidas Podemos la semana pasada en el que se intercalaban imágenes de Felipe VI y de su padre, Juan Carlos I, con la sintonía de la popular serie de televisión Narcos, que narra la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
Jiménez Losantos: “Van a por Felipe, es evidente”
“Si uno va a cargarse la ley”, dijo el comunicador tratando de acusar al Gobierno de ir en contra de las normas, “tiene que cargarse al que está en la cúpula del Estado”. “Van a por Felipe, es evidente”, añadía. A su juicio, en ese supuesto plan, “Iglesias no existe” porque la “operación” para acabar con el rey “es exclusivamente de Sánchez”. Para Jiménez Losantos, el presidente del Gobierno tendría que responder al vídeo difundido por Unidas Podemos diciendo: “Para narcos mi vicepresidente del Gobierno, para narco, mi fiscal general que es la novia del abogado de Maduro”, añadió, refiriéndose a Dolores Delgado y al juez Baltasar Garzón.
El martes Jiménez Losantos quiso dar las claves “para entender” por qué el de Sánchez “es un Gobierno social comunista”. Aseguró que en la parte de Unidas Podemos del Ejecutivo hay “comunistas pagados por Venezuela, por Irán, por Bolivia y por el Ecuador de Correa, corrupto Correa”. “Lo malo es que hay otro Partido Comunista, que es la ETA”. Para él “esos dos partidos comunistas son los que dirigen la acción política” del Gabinete de Sánchez, porque a éste “le da lo mismo Juana que su hermana”. “Mientras él surfee la ola le da lo mismo que la ola sea verde, roja, o de excrementos”, añadió. “Pero a los otros no les da igual”, prosiguió. “Los otros tienen un proyecto político totalitario”. El locutor llegó incluso a decir que el Gobierno “es proetarra”, ya que “abiertamente defiende al partido de la Eta frente a Vox, que es el partido de las víctimas”.
Tras la ya desaparecida banda terrorista, el miércoles fue el turno de otro de los mantras de la derecha contra la izquierda: Venezuela. Jiménez Losantos aseguró lo siguiente, refiriéndose a la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde 2018 por el bloqueo del PP: “Vamos camino de Venezuela a toda velocidad. Quieren liquidar a los jueces”. Además, ironizó con “las ninfas” de Casado, refiriéndose a la directora de Comunicación de los populares, María Pelayo, y a la actual portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. “Echamos de menos a la inolvidable portavoz”, remachó, en alusión a Cayetana Álvarez de Toledo, que desde su destitución como principal voz del PP en la Cámara Baja también hace oposición interna a Casado desde su propio canal de Youtube y también como invitada en el programa de Losantos.
“Esta basura de Gobierno infectó deliberadamente a cientos de miles de personas con tal de mantener su calendario político”, dijo el locutor el jueves, haciendo mención a las marchas del 8M que, según PP y Vox, fueron el origen de la pandemia en España. Losantos concluyó la semana, el viernes, haciendo otro alegato político contra la Ley de Eutanasia, aprobada el jueves con los votos en contra de PP, Vox y UPN, 138 diputados en total. “Espero que a todos los que votaron a favor de la ley de la eutanasia se la apliquen en los términos difusos, confusos, estúpidos con que se ha redactado”, concluyó, tras hablar de “suicidio asistido” y de que la norma “afecta a la capacidad de matar al prójimo”.
Carlos Herrera: “Es mucho más fácil matar”
A la misma hora, desde la Cope, la emisora de la Iglesia católica, el periodista Carlos Herrera, que hace apenas unos días llamó al Gobierno “el Isis de la pandemia” –un juego de palabras que sale de juntar las iniciales de los apellidos de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón, los grandes demonios de la derecha–, ha dejado durante los cinco días reflexiones muy similares sobre la eutanasia. El viernes, un día después de la aprobación de la nueva norma, criticó que el Gobierno celebrara “una ley que garantiza la muerte y que permite la muerte”. “Los clientes de esta ley de eutanasia, los candidatos de esta ley de eutanasia, van a ser ancianos, personas ciertamente al borde de la desesperación, enfermos, deprimidos, vulnerables, influenciables. Esta ley de la eutanasia es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona”, añadió.
En opinión de Herrera, que según el Estudio General de Medios reúne cada mañana a 2.432.000 oyentes, “la eutanasia no la van a pedir personas en buen estado mental y físico extraordinario simplemente que quieran matarse, no, no. Esto no se decide desde la independencia. El morir, el querer morir se decide desde la dependencia, no es la alternativa a morir sufriendo. Hay cuidados paliativos que pueden abarcar a todos si se invierte en ello”. Herrera sostiene que “donde se ha desarrollado la eutanasia los cuidados paliativos han acabado. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil matar, y oigan que en el momento en el que han muerto tantas personas, en un momento de tragedias familiares colectivas de una sociedad y de varias sociedades, sacar adelante esta ley es cuando menos simplemente un defecto de estilo, más allá de además del defecto de forma y de fondo que esto conlleve”.
De los supuestos males de la nueva ley también dio buena cuenta el diario ABC en sus distintos editoriales, en los que acusa al Gobierno de impulsar “la cultura de la muerte”. “Pedro Sánchez ha pasado a mostrar su rostro más extremista y sus prisas por imponer su agenda radical aprobando –en muy pocos días, antes de fin de año y sin apenas debate– leyes que socavan pilares esenciales de nuestro modelo de convivencia. Sánchez es un extremista que pretende hacer pasar por una 'agenda social de progreso' lo que solo es un auténtico proceso de degeneración democrática”, sostuvo el periódico del Grupo Vocento el viernes.
Para el editorialista, Sánchez “no es rehén” de partidos como EH Bildu o ERC, “sino el principal partícipe de una estrategia colectiva, pactada y diseñada para desmantelar el andamiaje constitucional”. “Todos ellos se han conjurado para instaurar la 'cultura de la muerte' a través de una ley de eutanasia y con la ampliación del aborto. Todos van a erradicar el castellano de las aulas allí donde quieran y golpearán a la escuela concertada a través de un adoctrinamiento ideológico forzoso. Todos van a dar luz verde a unos Presupuestos basados en el falseamiento de la realidad económica. Y todos se han confabulado para 'dinamitar' la independencia judicial”, concluye ABC.
Fernández Díaz, un imputado con columna
La Razón, por su parte, considera que las consecuencias “a medio y largo plazo” de la nueva Ley de Eutanasia “serán la banalización de la muerte y la normalización del concepto utilitarista de la vida”. En su editorial del viernes, el diario del Grupo Planeta alertaba, además, de que en los países donde se han aprobado leyes similares para garantizar una muerte digna existe una “sutil presión social sobre los ancianos y los enfermos terminales que lleva a muchos de ellos a considerarse una carga para sus familias y para la sociedad”.
Asegurando que “deshacerse de los enfermos no es progreso”, este diario llamaba a la insurrección de las comunidades autónomas, al ser estas “las que tengan que aplicar esta nefasta ley”. “Es de esperar que, por lo menos, se respete la objeción de conciencia del personal sanitario al que no se puede obligar a participar en un acto contrario a la deontología profesional, como es, por ejemplo, favorecer el suicidio de una persona, que esta ley también considera un derecho”, escribe.
En las páginas de La Razón, que llama “delincuentes” a los socios parlamentarios del Gobierno, puede leerse habitualmente al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, imputado en la Operación Kitchen por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se ordenó desde su departamento, a cargo de los fondos reservados, y por el que ha tenido que declarar en la Audiencia Nacional. Pese a los graves hechos que se le imputan, Fernández Díaz critica abiertamente al Gobierno por tener “el dudoso honor de ser el primero en España con comunistas en su seno tras la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética”.
Tratando de recurrir a la ironía, el exministro consideró en su columna del viernes que “el Gobierno socialcomunista de Sánchez dio un gran paso” hacia el “progreso”, con un “mejor futuro para todos: el suicidio será una prestación social, gratuita y dispensada tanto hospitalariamente como a domicilio, a elección del enfermo. O de sus derechohabientes”.
Refiriéndose a la nueva ley educativa que deja de contar la asignatura de Religión para el cómputo final de la nota de los estudiantes españoles, el martes, desde el plató de El Toro TV –la antigua Intereconomía–, el periodista Julio Airza se preguntaba “por qué la masonería en este país está empeñada en la persecución de los cristianos” en “una cristanofobia profunda” o en “arrebatar el derecho inalienable y preconstitucional de educar a sus hijos”. “¿Pero qué les pasa a la masonería y a los masones en España?”, se preguntaba, para concluir: “Que son totalmente totalitarios”. “¿Por que no se meten ustedes con el Islam, tan valientes que son?”, insistía.
El viernes, el invitado estrella del programa de Trece TV –la televisión de la Conferencia Episcopal– fue el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reconvertido ahora en tertuliano de las cadenas de la ultraderecha principalmente para atacar al mismo Gobierno al que su formación política, en manos de Inés Arrimadas, hace ahora guiños en busca de acuerdos como el logrado para algunas enmiendas de los Presupuestos o para la propia Ley de Eutanasia.
“Nunca me imaginé que convertirían a Otegi en hombre de Estado”, sostuvo. “Lamentablemente ha hecho todo lo que pensaba que iba a hacer”, añadió, en alusión a Pedro Sánchez. “Mi único alivio es no ser cómplice de todo eso. No podría dormir tranquilo si mis votantes me miraran y me dijeran que cómo podía estar legitimando eso”, remachó, en una evidente crítica a la estrategia de su sucesora. “Sufro las decisiones como cualquier otro español. Quizá no supe explicar lo suficiente que esto era lo que nos venía”.
Cada día, en cada tertulia, editorial o monólogo de las referencias mediáticas de la derecha ETA, Venezuela y la palabra “libertad” se repiten con tal de deslegitimar al Ejecutivo de izquierdas que, paradójicamente, no deja de ampliar sus apoyos parlamentarios.