El Gobierno proyecta el reparto de una quincena de nuevas instituciones para descentralizar el Estado
Que España es mucho más que la M30 y Madrid es una máxima en la que insisten tanto en Moncloa como en Ferraz, especialmente desde la debacle de los socialistas en las elecciones de mayo de 2021. Aunque en el PSOE circunscriben ese resultado, entre otras cosas, al efecto Ayuso, la derrota estrepitosa hizo sonar las alarmas en el despacho de Pedro Sánchez, quien dio un giro de timón con cambios sustanciales en el Gobierno y en su equipo de más estrechos colaboradores. “Hacer territorio” ha sido desde entonces uno de los objetivos prioritarios de Sánchez, quien ha aprovechado los congresos regionales del PSOE para hacer visitas institucionales y anuncios territorializados.
Descentralizar las instituciones del Estado es una larga promesa para la que el Gobierno ha pisado el acelerador con la inauguración o adjudicación de proyectos en distintos puntos de la geografía española. En el último año se han puesto en marcha o anunciado una quincena de proyectos en “ciudades de tamaño mediano”, según fuentes gubernamentales. Soria, Cuenca, Ávila, Benidorm, Córdoba o Teruel son algunas de las localidades en las que se han planificado nuevas infraestructuras estatales.
El objetivo del Ejecutivo es repartir la riqueza del país, combatir la despoblación y mejorar la cohesión social y territorial. “Calma, tranquilidad, no pasa nada. Lo que este Gobierno pretende es compartir Estado. No significa sustraer la capitalidad, todo lo contrario, significa hacer más grande a España, si conseguimos compartir Estado hasta el último rincón de nuestro país”, expresó la portavoz, Isabel Rodríguez, en respuesta las críticas de la presidenta madrileña, que considera que la estrategia monclovita responde al “odio” a Madrid. La mayoría de presidentes autonómicos recibió con cierto escepticismo el compromiso de Sánchez de impulsar la descentralización de instituciones.
Lo cierto es que Sánchez ha aprovechado sus últimos desplazamientos por España con motivo de los congresos socialistas para hacer visitas institucionales y anuncios sobre la descentralización de instituciones. Lo hizo en Benidorm (Alicante) en una cita con representantes del sector turístico a los que informó de que la ciudad albergará la plataforma inteligente de destinos turísticos antes de acudir, también acompañado de Ximo Puig, al mitin de cierre en el que repitió esa decisión y adelantó la aprobación en el siguiente Consejo de Ministros de 660 millones de euros para crear 64.000 plazas de educación de 0 a 3 años.
En el congreso del PSOE de Castilla y León, el presidente comunicó que Soria acogerá el primer Centro Nacional de Fotografía, y Segovia, el Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional. Previamente había visitado las instalaciones de la empresa Hiperbaric High Pressure Technologies en Burgos. En su paso por Murcia, se comprometió ante los socialistas a que el AVE llegue en el primer semestre de 2022 y previamente acudió a la sede de la cooperativa FRUCIMU (Frutas y Cítricos de Mula). En Canarias también mantuvo un encuentro con empresarios del turismo.
Esas visitas generan ciertos recelos en los presidentes autonómicos de otros signos políticos. El lehendakari, Iñigo Urkullu, reprochó a Moncloa que no avisara de su presencia institucional en Euskadi con motivo del cónclave del PSE. Sánchez acudió a la sede de la empresa Biolan Microbiosensores. “Si el Presidente del Gobierno español y/o Moncloa se hubiera puesto en contacto con el lehendakari o la Lehendakaritza para comunicar y advertir de su presencia, no solo como secretario general del PSOE, hoy en Euskadi, así como de su visita a una empresa, el lehendakari le habría recordado la carta, sin respuesta, que le envió el pasado 27 de abril”, dijo el dirigente vasco. En esa misiva, Urkullu invitaba al presidente a visitar Gernika.
Tampoco sentó bien al alcalde del PP de Málaga, Paco de la Torre, que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le llamara para comunicarle que el Gobierno aprobaría la candidatura de la Expo 2027 en la ciudad apenas unos minutos antes de anunciarlo en un acto del partido. La decisión había pasado un par de días antes por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, que es la antesala al Consejo de Ministros.
Los anuncios sobre las nuevas infraestructuras en Segovia, Soria y Benidorm que Sánchez hizo en el marco de los congresos socialistas se suman a la docena de ellos realizados a lo largo del año con el objetivo de repartir el Estado por los territorios, y que no solo Madrid tenga las grandes sedes públicas. La mayoría de esos organismos serán de nueva creación, a excepción del Centro de Datos de la Seguridad Social que actualmente está en la capital y se trasladará a Soria a partir de 2024. Fuentes gubernamentales calculan que creará empleo para 60 personas y que supondrá un coste de 60 millones de euros, aunque se rebajará en un 60% el gasto anual en refrigeración por las condiciones meteorológicas suponiendo un “ahorro energético”.
Batalla territorial
El proyecto más polémico fue el de la base logística del Ejército de Tierra, que ganó la ciudad de Córdoba. La adjudicación, en la que estuvo involucrada la exvicepresidenta Carmen Calvo, ha llegado a los juzgados. El alcalde socialista de Jaén, Julio Millán, fue muy crítico y envió una carta a Sánchez para que reconsiderara la decisión y también provocó una crisis en el PP. El Ayuntamiento recurrió a la vía contencioso-administrativa, pero no es el único frente judicial: en la vía penal se instruye una denuncia por prevaricación presentada por Jaén Merece Más contra el Ministerio de Defensa. En juego hay unos 850 puestos de trabajo.
La descentralización de instituciones afecta a distintas administraciones. Renfe, por ejemplo, dispersará varios centros de competencias digitales en varias localidades: el de Teruel albergará un cloud de gestión y mantenimiento de infraestructuras que creará entre 50 y 60 puestos de trabajo cualificados; el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) acogerá un centro de Desarrollo de Robótica e Inteligencia Artificial que creará hasta 40 empleos cualificados; el de Linares (Jaén) tendrá un centro Customer Care para atención al cliente y experiencia de usuario que supondrá 125 empleos; en Mérida se instalará un segundo centro de ese tipo con el objetivo de alcanzar los 100 trabajadores; y el de Miranda de Ebro (Burgos) acogerá un Centro de Gestión Informática y Aplicaciones Móviles (entre 100 y 125 empleados), según fuentes del Gobierno.
La UNED ha puesto en marcha algunos proyectos en la llamada España vaciada. Uno de ellos es un Centro de Innovación y Emprendimiento en el Territorio en Ponferrada (León) con la participación del Ministerio de Universidades y 50 entidades privadas, y el otro es un aula de investigación en Alcañiz (Teruel) destinada a estudios de grado y acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, y que albergará el Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio Histórico.
Pendientes de ubicar
En el campus universitario de Cáceres se está construyendo el Centro de Investigación y Almacenamiento de Energía, que tendrá un presupuesto de 70 millones de euros y se pondrá en marcha gracias a los fondos europeos de recuperación. Inicialmente estaba previsto que fuera un centro nacional, pero la idea es firmar un convenio a finales de este mes con la Junta de Extremadura y también con Portugal para que sea una cooperación ibérica, según fuentes del ministerio. La idea es que la construcción finalice antes de que acabe en 2023. Cuenca albergará, por su parte, el Centro de Estudios Penitenciarios del Estado. “Se estima que alrededor de 1.000 personas puedan formarse cada año en sus instalaciones como futuros funcionarios penitenciarios. Además, los 24.000 empleados públicos de Instituciones Penitenciarias podrán recibir formación continua en sus aulas”, apuntan desde el Ejecutivo.
Otra de las instituciones que se irá a Castilla-La Mancha es el Museo Postal y Telegráfico de Correos, cuya apertura en Toledo está prevista para finales de 2022. Supondrá una inversión inicial de alrededor de 2,4 millones de euros y en él trabajarán 10 personas.
El Ministerio de Sanidad aún no ha decidido dónde situará el Centro Estatal de Salud Pública, pero lo que aseguran en el Gobierno es que “será otro de los órganos de nueva creación que formará parte de la estrategia de descentralización de la administración pública”. “El objetivo es que el centro esté operativo en 2022, cuente con autonomía funcional y ejerza las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria”, apuntan esas fuentes. Otro pendiente de localización es el Spain Talent Hub, un centro “destinado a la creación de un nodo de información para la atracción y retención de talento en el territorio”.
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