“No estamos en marzo de 2020 ni en las navidades de 2020”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repitió la idea en varias ocasiones durante la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes en la que anunció la vuelta a la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores (con algunas excepciones) y el refuerzo de los servicios sanitarios, especialmente para la vacunación. A la mayoría de líderes autonómicos el anuncio les supo a poco. La cita coincidió con la segunda jornada consecutiva en la que el país bate récord de contagios en un día desde la irrupción de la COVID-19 hace casi dos años. Catalunya había anunciado la víspera un toque de queda y restricciones más duras que pedía extender a todo el Estado. Pero en la gestión de la crisis hace meses que no hay unanimidad entre administraciones. Y el presidente del Gobierno se encomendó a la vacunación como mecanismo para superar la pandemia. Se mostró convencido de que por ahora no son necesarias restricciones más duras y, en todo caso, las dejó en manos de las comunidades autónomas.
La mayoría de presidentes autonómicos había reclamado un marco común de restricciones para hacer frente a la sexta ola, que sobrecarga ya a la atención primaria, y así se lo trasladaron a Sánchez este miércoles. Pero el Gobierno opta por imponer de nuevo la mascarilla en los exteriores y que sea cada uno de los gobiernos autonómicos el que determine las limitaciones que considere oportunas en base a sus datos. El Gobierno obvia las medidas propuestas por la Ponencia de Alertas en la que están representados el Ministerio de Sanidad y los técnicos de las autonomías ante la imposibilidad de alcanzar un consenso.
“La experiencia nos ha demostrado que, junto con la vacunación, las mascarillas son útiles para prevenir la curva de contagios”, se defendió Sánchez ante las críticas por la vuelta seis meses después a la obligatoriedad en exteriores con las salvedades del “ámbito natural”, como playas o el campo, cuando haya distancia de 1,5 metros y para hacer deporte. Sánchez justificó la decisión en las “aglomeraciones” que se producen en estas fechas y aseguró que “el planteamiento es que sea temporal y acabar con esta obligatoriedad cuanto antes sea posible”.
“Con estas medidas podemos atajar la situación”
El presidente se mostró convencido, además, de que no habrá que ampliar las restricciones de cara a las fiestas navideñas, a pesar de que los contagios se multiplican y la curva se hace más vertical: “Creemos que con estas medidas podemos empezar a atajar la situación”. Y, por tanto, no prevé nuevas medidas comunes a todos los territorios, que es lo que le han solicitado la mayoría de presidentes. “Cada comunidad, en el ámbito de sus competencias, puede tomar esas decisiones [respondió a la pregunta de por qué no se establecen limitaciones de aforo o de reuniones en interiores]. Pero todo suma”.
“Todas las comunidades están haciendo recomendaciones de cómo celebrar las navidades. En el ámbito de las comunidades están planteando recomendaciones y, si esas recomendaciones las siguen los ciudadanos, y no tengo duda de que así será, será un arma más para reducir en el futuro la curva de contagios que ahora mismo tenemos”, agregó el presidente, que por la mañana se mostró convencido de que los padres podrán pasar las fiestas con sus hijos y los abuelos con sus nietos, a pesar de la explosión de los contagios. La máxima de Sánchez es que las consecuencias de la nueva variante sobre la salud, gracias a las vacunas, son menores.
A partir de ahora, el Gobierno podrá tomar medidas respecto a la relación o endurecimiento del uso de las mascarillas sin necesidad de pasar posteriormente por el Congreso, como sucede hasta ahora. El decreto ley que ha aprobado el Consejo de Ministros incluye una modificación que habilita al Gobierno a que pueda tomar esas decisiones a través de un real decreto y no de un decreto ley. La diferencia es que el segundo también entra en vigor según se publica -en este caso en el BOE-, pero requiere la convalidación posterior en el Parlamento y el primero es solo una resolución del Consejo de Ministros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a la “prudencia, a la cautela y a la cultura de los cuidadados”, pero no ha querido pronunciarse sobre si se siente más cerca de las comunidades que están adoptando restricciones duras como Catalunya o las que están en contra de cualquier tipo de medida, como la Comunidad de Madrid: “En la reunión de ayer se constató que la mayoría de presidentes están por las recomendaciones también para empatizar a la cultura del cuidado y la prevención”. “La realidad de cada comunidad es diferente respecto a la situación epidemiológica. Se entiende que las distintas autoridades sanitarias tomen medidas distintas”, ha resumido la titular de Sanidad.
“Tenemos instrumentos jurídicos suficientes”
Hace meses que el Gobierno decidió dejar la gestión de la pandemia en manos de los gobiernos autonómicos tras un año de batalla partidista en la que la oposición de las derechas usó la pandemia para hacer caer al Gobierno y evitó incluso apoyar las prórrogas del estado de alarma con el que se pretendió dar un paraguas común a las restricciones. Vox, de los primeros partidos en pedir la medida de excepción, acabó recurriéndola en los tribunales. Y el Tribunal Constitucional declaró que para suspender semejantes derechos fundamentales hubiera sido necesario el estado de excepción. Por eso presidentes del PP, pero también el lehendakari Iñigo Urkullu y algún socialista, como Emiliano García-Page, plantearon la necesidad de tener un marco jurídico común. Pero Sánchez volvió a descartarlo. “Tenemos instrumentos jurídicos suficientes para poder hacer frente a la pandemia”, zanjó.
La ley de pandemias que propone el PP fue desbaratada por amplísima mayoría en el Congreso, donde ni siquiera fue apoyada por Ciudadanos y Vox.
Aunque la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores ha recibido muchas críticas, incluso de los aliados del Gobierno, la mayoría de presidentes autonómicos está de acuerdo con su imposición, aunque también ven insuficientes las conclusiones de la reunión con Sánchez.
Varios expertos en salud pública consultados creen que volver atrás en el uso de mascarillas en exteriores no tiene mucho sentido porque no va a contribuir a reducir la ola de contagios y puede desviar el foco “de lo que se necesita” para controlar la expansión del virus: fundamentalmente actuar en interiores, como recomienda el último documento de la Ponencia de Alertas.
“En exteriores la probabilidad de contagio con una serie de medidas de distancia es prácticamente inexistente” y la ley actual ya “obliga a llevarla cuando se trata de una aglomeración y no se puede mantener”, opina el epidemiólogo Mario Fontán, quien va más allá y considera que la decisión puede, además de poco efectiva, ser contraproducente si la gente la cuestiona y crece el “descrédito” de los gestores de la pandemia.
De momento, dirigentes de Vox como Santiago Abascal y la diputada Macarena Olona, abogada del Estado en excedencia, han llamado a incumplir la norma.
Los expertos esperaban medidas “más ambiciosas”
Ildefonso Hernández, exdirector general de Salud Pública del Gobierno y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), coincide en que no “ayudará mucho” pero precisa que podría actuar “como recordatorio de que las cosas no van bien” e impulsar así la cultura del cuidado entre los ciudadanos.
En todo caso, ambos epidemiólogos comparten que las medidas abordadas en la cumbre de presidentes deberían haber sido “más ambiciosas”, aunque recuerdan que hay que hacer “reparto de culpas” puesto que las comunidades autónomas tienen competencias para implantar restricciones en sus territorios y el Estado no puede imponerlas fuera del marco del estado de alarma. “Se espera que el impacto en términos de morbilidad y mortalidad no va a ser alto y eso hace que las medidas sean tímidas para remitir la expansión del virus”, apunta Hernández en conversación con elDiario.es.
La obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores será la principal medida que adoptará el Gobierno en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, pero la intención es también reforzar los servicios sanitarios, por lo que de nuevo se habilitará al personal prejubilado o jubilado para que pueda ejercer así como a los sanitarios de países de fuera de la UE. “La medida más importante para hacer frente a esta pandemia es acelerar e intensificar la campaña de vacunación poniendo énfasis en la dosis de refuerzo”, ha dicho Sánchez antes de recordar que “protege contra el contagio y contra la gravedad de la enfermedad”.
El Gobierno ha puesto nuevos “objetivos ambiciosos” de vacunación para culminar la tercera dosis así como la inmunización de los niños que Sánchez se ha mostrado seguro de que se cumplirán. Entre las medidas de refuerzo destinará 150 dispositivos de las Fuerzas Armadas a la campaña de vacunación y ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid y Aragón los hospitales militares, además de insistir en los rastreadores del ejército, que ya tiene activados a 1.052.
La disposición de más personal, como jubilados o el Ejército, es bienvenida si contribuye a tener más manos para poner vacunas, según el portavoz de SESPAS, que considera una “fantástica noticia” que se apueste por acelerar en la administración de las terceras dosis. También para hacer PCR o el rastreo.
A Fontán, sin embargo, las medidas que se aprobarán este jueves en el Consejo de Ministros extraordinario le parecen por lo general “cosméticas” teniendo en cuenta que la población demanda con urgencia “acceder a una prueba diagnóstica, a una baja laboral de manera rápida o ver a su médico de Atención Primaria”.