El Gobierno tiene claro que no quiere a los monjes benedictinos en el futuro próximo del Valle de los Caídos. No entra en el plan de resignificar ese lugar e intentar eliminar todas las rémoras del franquismo. Y esa orden religiosa está estrechamente vinculada al mausoleo que diseñó el dictador. Pero, a la espera de que se tramite la ley de Memoria Histórica que será el paraguas para expulsarles, el Ejecutivo ha cerrado el grifo a esa orden que encabezó sin éxito la rebelión contra la exhumación de Francisco Franco y ha dejado de ingresar la subvención anual que le canaliza a través de Patrimonio Nacional.
En total, los 15 benedictinos (sin contar a profesos o novicios) que residen en Cuelgamuros han 'perdido' 1,3 millones de euros. El Gobierno decidió en 2018 no transferir los 340.000 euros desde la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –cuyo patronato controla a través de Patrimonio Nacional– ante la falta de transparencia en sus cuentas. Fuentes de la institución que hasta ahora presidía Llanos Castellanos y que este martes pasó a manos de Ana de la Cueva explican que los monjes solo justificaban los gastos de esa subvención, pero no la totalidad de los mismos, que era superior.
La decisión es que hasta que los monjes que lidera el prior Santiago Cantera no pongan negro sobre blanco su balance presupuestario –que incluye, por ejemplo, los ingresos y gastos de la Hospedería– no se hará esa transferencia que en 2019, 2020 y lo que ha pasado ya de 2021 no ha salido siquiera de Patrimonio Nacional hacia la fundación, según fuentes de la institución dependiente del Ministerio de Presidencia. “No han cumplido con la obligación que les corresponde como beneficiarios”, sentenció el ahora exsubsecretario del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio Hidalgo López.
Y es que los benedictinos han estado viviendo sin ningún tipo de control presupuestario desde que en 1957 un decreto de Franco les encomendó la gestión del Valle de los Caídos y, en concreto, “mantener el culto en todo su esplendor”, “dirigir la escolanía”, “recopilar la doctrina de los pontífices” y “rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”.
En 2016, el Tribunal de Cuentas alertó de que no existía rendición de cuentas y detectó todo tipo de deficiencias contables. Un año después –con Mariano Rajoy aún en Moncloa– Patrimonio Nacional les exigió que presentaran por primera vez un presupuesto completo. La abadía despachó ese requerimiento en una hoja los gastos e ingresos que preveían para 2018 sin aportar información concreta y con 600.000 euros de déficit a cargo del Estado. Por ejemplo, declaraban unos ingresos de 660.000 euros con la hospedería y más de 200.000 euros por “donativos” y unos gastos de 20.000 euros en atención médica y 300.000 en comida para monjes, escolanos y visitas.
Esa opacidad y desequilibrio presupuestario son los que llevaron al Gobierno a congelar la subvención de 340.000 euros hasta que los monjes ofrecieran el detalle de sus cuentas y elaborara un presupuesto equilibrado. Esa subvención los religiosos la utilizaban para comprar comida, pagar el teléfono, contratar a la “limpiadora” y la “lavandera”, hacer excursiones con los niños de la escolanía, comprar velas para las misas o renovar los hábitos benedictinos cuando se desgastan, según el informe al que accedió elDiario.es.
Pero el mantenimiento del Valle de los Caídos es muy superior a esa subvención y ha seguido corriendo a cargo del Estado, que asume los costes de las reparaciones del complejo, con serios problemas de humedades y desprendimientos. Según los datos del Portal de Transparencia se empleaban unos 250.000 euros públicos anuales de media: desde el mantenimiento del funicular (más de 100.000 euros en tres años), conservación de las estructuras de los brazos de la cruz (22.000 euros), reparación de cornisas de la Abadía (11.610 euros), de las carpinterías de la escolanía (45.000 euros) o la enfermería para los monjes (45.000 euros). En salarios de personal, según datos facilitados por Patrimonio, se emplean en torno a un millón de euros al año (de los 1,2 millones de 2014 a los 1,02 de 2017).
El Gobierno está determinado a cambiar por completo el Valle de los Caídos y su gestión a través de la ley de Memoria Democrática –que servirá de paraguas legal para sacar a los benedictinos–. Pero hasta que termine la tramitación parlamentaria dentro de unos meses el Ejecutivo ha ido ya allanando el terreno para que el recinto se autofinancie.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incorporaron una disposición adicional para modificar el régimen de ingresos y gastos de la fundación que rige el funcionamiento del Valle de los Caídos. Desde su aprobación, dejan de contabilizarse como movimientos de Patrimonio Nacional, que cargará a la fundación los gastos que genere el recinto –con excepción de su personal– así como los ingresos procedentes de la “actividad, rendimientos y explotación de los bienes y derechos de titularidad” de la misma.
Sin la subvención ni la Hospedería funcionando por la pandemia –según informa su página web, “reabrirá sus puertas partir del 14 de octubre, Dios mediante, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan”– los ingresos de los benedictinos se han visto reducidos, aunque mantienen la petición de donativos a los fieles que son deducibles fiscalmente al tramitarse a través de una fundación. Tanto los frailes como los grupos ultracatólicos que defienden su permanencia en Cuelgamuros denuncian que el Gobierno les “asfixia” económicamente antes de desalojarlos, con la intención de que sean ellos los que abandonen una batalla que, como informó elDiario.es, están dispuestos a dar hasta el final.
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