El Gobierno no quiere terminar la legislatura sin derogar la ‘ley mordaza’. Sería un debe inasumible para la coalición en general, que selló ese compromiso en su acuerdo de investidura, pero en particular para Unidas Podemos, cuyos integrantes han sufrido las consecuencias de esta norma hasta el punto de que uno de sus diputados, Alberto Rodríguez, perdió el escaño a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional basada en el testimonio de un policía, cuyo principio de veracidad está consagrado por el texto legal que ahora se quiere desmontar.
El Congreso ha avanzado este jueves en algunos aspectos. La reunión de la ponencia encargada ha incorporado al informe los puntos que acordaron los socios de la investidura en las reuniones que han celebrado recientemente, la última este martes. Entre esos puntos está por ejemplo la rebaja de las sanciones que preveía la ley que aprobó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta en plena efervescencia de las protestas sociales por los recortes posteriores a la crisis financiera.
La consigna que pactaron ambos grupos al inicio de la legislatura fue aprobar “una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Ese compromiso se extendió además al resto de socios de la investidura en el Congreso, que en los últimos diez meses se han reunido más de 35 veces en un grupo de trabajo para tratar de sacar adelante el texto definitivo, que parte de una proposición del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En esa mesa se sientan también ERC, EH Bildu y PDeCAT.
Este jueves, los grupos parlamentarios se han reunido en la ponencia del Congreso de la que debe salir un texto principal al que luego los diferentes partidos pueden plantear enmiendas. El bloque de la investidura, no obstante, quiere llegar a un consenso para que ninguna de las enmiendas que se planteen después pueda poner en peligro la aprobación de la ley y es en esa discusión donde los diferentes actores muestran dificultades para llegar a un acuerdo desde hace meses, especialmente en seis puntos entre los que se encuentra la regulación de las devoluciones en caliente, el uso de las pelotas de goma y otro tipo de material antidisturbios o lo referido a las faltas de respeto a las fuerzas de seguridad.
Fuentes del grupo de trabajo han informado de que en el encuentro de este jueves se ha llegado a un acuerdo para la redacción de casi la totalidad de los artículos salvando esos cinco, que se tendrán que abordar en una siguiente reunión previa a la convocatoria de la comisión de Interior, el último paso antes de que el dictamen se someta a votación en el Pleno del Congreso.
Ese acuerdo alcanza ya a un porcentaje que se acerca al 96% del articulado total de la ley, según ha confirmado este jueves el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que está al frente de las negociaciones de esta ley con los socios de la investidura. A la salida de la reunión de la ponencia, el diputado de la formación confederal ha especificado que los grupos han incorporado al texto una reducción de las cuantías mínimas de las sanciones.
Así, para las infracciones leves la penalización mínima seguirá siendo de 100 euros, pero la máxima pasará de 600 a 500; las graves podrán oscilar entre 501 y 25.000 (en lugar de los 30.000 vigentes) y las muy graves irán de 25.001 a 600.000. La cuantía máxima en este último caso no se altera porque está prevista para supuestos “muy concretos de alteraciones en espectáculos deportivos o culturales”, según ha detallado.
Santiago ha señalado que también se “ha apuntalado la regulación del derecho de manifestación para que pueda ser ejercido libremente con protección por parte de las Fuerzas de Seguridad, con una normativa más clara respecto al momento en que procede realizar una manifestación y que ésta no sea sancionable si por hechos desconocidos urgentes no puede trasladarse la comunicación”, según declaraciones recogidas por Europa Press.
La reunión de hoy, en la que ya han participado todos los grupos parlamentarios más allá de los de la mesa de trabajo, se han plasmado también algunos puntos que se pactaron durante el verano, como el artículo sobre la responsabilidad de los convocantes de manifestaciones durante las que se producen altercados o las que se celebran sin comunicación previa. Además de desvincular al convocante de los disturbios cuando se demuestre que no ha tenido vinculación con los mismos, en el texto acordado ya en verano por los grupos se establece que la falta de comunicación previa de una protesta no será castigada cuando responda a una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público.
Los avances que se han constatado este jueves son el fruto de una serie de reuniones que se han ido celebrando entre diciembre y enero. Este mes es inhábil en el Congreso, fuera del periodo ordinario de sesiones, pero el Gobierno ha solicitado que se reabra la actividad para poder tramitar esta ley y la de vivienda, así como para la celebración de un Pleno extraordinario que convalide el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre con las medidas para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania.
El Gobierno ha trasladado en las últimas semanas cierto optimismo respecto a la ley, un estado de ánimo no comparten algunos socios. Fuentes de EH Bildu afirman que ven “muy difícil” que salga una ley mordaza “light” como la que desea el PSOE, según argumentan. “En las últimas semanas se está difundiendo el bulo de que la reforma de la Ley Mordaza está (casi) acordada. La dificultad para el acuerdo estriba en que el PSOE se niega a desactivar los artículos más lesivos por miedo a la reacción de los sindicatos policiales ultras y las urnas”, dijo esta semana el portavoz de la formación abertzale Jon Iñarritu. Tampoco es probable que ERC acepte una modificación de la ley que no entre en la prohibición de material antidisturbios como las pelotas de goma o la prohibición de las devoluciones en caliente.
“No hay acuerdo alguno y ahora ni siquiera estamos hablando de ellos, espero que en las próximas semanas se pueda avanzar también en eso porque si no será imposible llegar a una reforma total o una derogación de los artículos más lesivos, con los que se ha sancionado más en estos años”, ha sintetizado Iñarritu este jueves, a la salida de la ponencia. Fuentes del grupo de trabajo afirman a este diario que en las reuniones de diciembre se llegó a un acuerdo para que fuesen los partidos y no los portavoces parlamentarios quienes abordaran en reuniones o llamadas bilaterales los asuntos más polémicos, aunque por el momento no han trascendido que esos contactos hayan tenido lugar.