El Gobierno sostiene que para eliminar las diputaciones sería precisa la desaparición de la provincia y que, en consecuencia, habría que acometer una previa reforma de la Constitución española.
De esta manera responde por escrito el Ejecutivo al diputado Joan Baldoví, de Compromís, que ha formulado una pregunta, en nombre de un ciudadano que no ha podido hacerla directamente, sobre si existe algún informe acerca del “impacto económico negativo o positivo” que tendría la supresión de las diputaciones provinciales y si tiene previsto “avanzar” en su eliminación.
Baldoví ha hecho esta pregunta “en un contexto de recortes generalizados” y al entender que “la mayoría de veces” las diputaciones “ejercen una duplicidad de funciones con respecto a las comunidades, suponiendo asimismo una carga suplementaria de gasto”.
En su contestación, el Ejecutivo señala que la provincia “siempre ha de contar con un órgano de gobierno y administración -la diputación provincial u otro órgano de carácter representativo- que tenga atribuidas y ejerza las competencias y potestades en los términos delimitados por el Tribunal Constitucional”.
Añade que para llevar a cabo la supresión de la diputación u otro órgano de carácter representativo “es precisa la desaparición de la provincia y, en consecuencia, resulta necesaria la previa reforma de la Constitución española”.