Un informe elaborado por la AVT, por encargo del Gobierno Vasco, cifra en 252 los asesinatos cometidos por ETA en la Comunidad Autónoma Vasca cuyo autor material no ha sido condenado. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu trabajará para entregar a cada familia de las víctimas un documento oficial con la información disponible y “un reconocimiento de la injusticia radical e injustificada que sufrió provocada por el terrorismo” de la banda.
En el documento titulado 'El derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo', recogido por Europa Press, el Gobierno Vasco asegura que su intención es “contribuir al derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo en casos sin resolución judicial completa, especialmente en los de muy improbable resolución por el tiempo transcurrido”.
La Secretaría de Convivencia y Derechos Humanos entregó este miércoles al Parlamento vasco el informe que apunta que han sido un total de 316 las víctimas mortales de ETA, de las que 316 corresponden a Guipúzcoa, 212 a Vizcaya y 44 a Álava.
Los casos de personas asesinadas por la banda cuyo autor no ha sido condenado ascienden a 252 (122 en Guipúzcoa, 109 en Vizcaya y 21 en Álava), mientras que otros 66 han sido esclarecidos parcialmente (29 en territorio guipuzcoano, 32 en Vizcaya y cinco en Álava), y en 186 no ha habido sentencia judicial (93 en Guipúzcoa, 77 en Vizcaya y 16 en Álava). Además, 43 autores fueron presos amnistiados con la Ley de 1997 (31 en territorio guipuzcoano y 11 en territorio vizcaíno).
“EL PUNTO DE PARTIDA”
El Ejecutivo Vasco explica, en el documento, que, con la colaboración de la AVT, pretende ofrecer a las víctimas la información disponible sobre los atentados que sufrieron sus familiares asesinados. De esta forma, señala que “el punto de partida serán los atentados terroristas con resultado de muerte” perpetrados por ETA en Euskadi.
En este primer informe, elaborado por Carmen Ladrón de Guevara Pascual, se abordan tres análisis individualizados: el guardia civil José Antonio Pardines, primera víctima de ETA, muerto en 1968 por disparos de Txabi Etxebarrieta; el policía nacional Joaquín Ramos Gómez, asesinado en 1978; y el también miembro de la Guardia Civil Antonio Hernández Fernández-Segura, que murió en el atentado que costó la vida al presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Guillermo Unceta Barrenechea.
“Este documento es un punto de partida. El Gobierno vasco seguirá trabajando, recopilando información y entregándosela a familiares a lo largo de los próximos años con un objetivo claro: el derecho a la verdad”, asegura.