Gobiernos central y vasco fijan en 1.300 millones la base del cupo hasta 2022

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el consejero de Hacienda y Economía del País Vasco, Pedro Azpiazu, han firmado hoy el acuerdo sobre el cupo vasco, que establece el cupo provisional de 2017 en 1.300 millones de euros, cantidad que será la base también para el próximo quinquenio.

Así lo han avanzado Montoro y Azpiazu en una rueda de prensa conjunta en el ministerio, en la que han estado arropados por el portavoz del Gobierno de Euskadi, Josu Erkoreka; los tres diputados generales, y varios secretarios de Estado, entre ellos el de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.

El acuerdo incluye once puntos, entre ellos el de la liquidación definitiva de los cupos y las compensaciones financieras definitivas entre los ejercicios 2007 y 2011, cuantía que año a año llega a un total de más de 5.000 millones de euros.

También se incorporan los resultados en prórroga de 2012 a 2015, así como la cantidad provisional de 2016, y todo ello supone un global que ronda los 6.000 millones.

Montoro ha destacado que con el acuerdo “no hay ganadores ni perdedores” y que “nadie se tiene que sentir agraviado” por él, en tanto que Azpiazu ha valorado que las negociaciones se hayan orientado por los principios de legalidad y transparencia.

Azpiazu ha asegurado que es una “coincidencia” que el acuerdo se haya alcanzado ahora, justo cuando se tramita el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2017 y el Gobierno necesita el apoyo de los cinco diputados nacionalistas vascos para sacarlos adelante.

De hecho, ha precisado Azpiazu que, en función de su disposición adicional quinta, el cupo tendría que haberse renovado con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, al entrar en vigor en el año 2011 el sistema de financiación de las comunidades de régimen común todavía vigente, y ha subrayado que, si se hubiera hecho entonces, ahora no hubieran sido “tan criticados”.

También Montoro ha restado importancia a que el pacto se haya alcanzado en mitad del debate presupuestario y lo ha enmarcado en la “normalización” de las relaciones institucionales financieras entre administraciones.

Un escenario en el que también ha situado los avances con la comunidad autónoma de Canarias. Los votos de Coalición Canarias y Nueva Canarias también son imprescindibles para aprobar los presupuestos.

Según Montoro, la voluntad del Gobierno es que estos acuerdos sigan toda la legislatura para no perder “la formidable oportunidad” de seguir impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo.

Montoro ha destacado la importancia de asentar la cifra del cupo en 1.300 millones y la voluntad de aprobar una nueva ley para el próximo quinquenio, y se prevé otra reunión de la comisión mixta bilateral sobre el mes de julio.

La idea de las dos administraciones es aprobar esa nueva ley en las Cortes para que entre en vigor este mismo año.

“Aquí no hay ganadores ni perdedores. Nos va bien a todos”, ha reiterado Montoro, antes de trasladar su satisfacción por el hecho de que las instituciones hayan demostrado que pueden superar “cualquier discrepancia política” y que son capaces de entenderse.

Montoro, a preguntas de los periodistas, ha quitado hierro al malestar surgido en el seno de la comisión de expertos que estudia la reforma del sistema de financiación autonómica y a la dimisión del representante de Asturias, Carlos Monasterios, por discrepancias por cómo se ha alcanzado el acuerdo del cupo.

Tras apuntar que respetaba la opinión de ese experto, Montoro ha aclarado que la citada comisión sólo estudia la financiación de las comunidades de régimen común y no las haciendas forales, por lo que no es de su competencia lo relacionado con el cupo.

Ha dicho, en este contexto, que ha hablado con el Gobierno asturiano de esta dimisión y que el Ejecutivo de Javier Fernández se está planteando reemplazar a su representante en la comisión.

Sea como sea, ha hecho un llamamiento a las comunidades molestas por el cupo y ha pedido que nadie se sienta agraviado, porque ninguno de los dos sistemas distribuyen solidaridad, sino que lo que hacen es financiar correctamente los servicios públicos básicos.

Pedro Azpiazu, por su parte, ha resaltado que hoy era “un gran día” para el País Vasco porque es un acuerdo “excelente, positivo y satisfactorio”, que viene a reforzar además el “espíritu de bilateralidad” que se recoge en el concierto económico.

La legalidad, la transparencia y el conocimiento de los números han sido “los únicos ingredientes” para este acuerdo “justo y coherente”, además de “la voluntad política de las partes”, lo que permite entrar en un periodo de “estabilidad y certidumbre en las relaciones con el Estado”.

Montoro y Azpiazu han firmado once puntos, entre ellos la cuantía para el cálculo del cupo y las correspondientes a políticas activas, lo que suma 1.400 millones.

Otros puntos hacen referencia a los 152 millones que recibirá Euskadi por la liquidación del coste de las políticas activas de empleo, 87 millones por compensaciones en impuestos al alcohol o al tabaco.