El Govern advierte al TC del riesgo de “extremismo político y violencia” si mantiene la suspensión

El Govern de la Generalitat ha presentado este miércoles dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno de impugnar la Ley de Consultas y la convocatoria del 9N. En ellos pide al Alto Tribunal el “levantamiento inmediato” de la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria.

La Generalitat advierte al TC de que si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, “es difícil prever las consecuencias”. En este sentido citan una resolución del Consejo de Europa, en la que se apunta que cuando los ciudadanos son privados de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas, se alimenta el “extremismo político e incluso la violencia”.

El Govern --que ha hecho públicos sus recursos este miércoles horas después de presentarlos al TC-- alega que el tribunal puede acordar el levantamiento inmediato “atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por las suspensión”.

El Ejecutivo también alega que la Constitución y el Estatut “llaman al legislador a promover y facilitar las libertades ideológicas y de expresión, así como la participación política de los ciudadanos”.

Leyes que faciliten la libertad de expresión

Los recursos --de 32 y 30 páginas-- sustentan a través de una decena de argumentos los motivos por los cuales debe levantarse la suspensión de la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria, y abundan las referencias a la necesidad de que las leyes faciliten la expresión popular.

Los letrados de la Generalitat advierten de que “es difícil prever las consecuencias” si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, y se remiten a una resolución de 2003 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que alerta de los riesgos de no dar salida a los retos de gobernabilidad.

La resolución apunta que, si los parlamentos no resuelven importantes retos para la gobernabilidad y si la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma decisiones, se tiende a alimentar “el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia”.

Para reforzar sus argumentos sobre la necesidad de dar salida a una reivindicación de los catalanes, los recursos apelan también a las movilizaciones en favor de la consulta que se han producido en Cataluñaa, así como a los pronunciamientos de numerosos ayuntamientos.

Referentes internacionales

Para reivindicar la legalidad de la consulta, la Generalitat alega que, 35 años después de que fuera aprobada la Constitución, sus preceptos “ya no pueden ser leídos e interpretados del mismo modo que en el momento original de su entrada en vigor”.

El Govern defiende que las consultas son “un procedimiento normal en el ámbito internacional de las democracias occidentales” y pone de ejemplo Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suiza y Suecia.

La Generalitat cita en el recurso la Decisión del Tribunal Supremo de Canadá que recoge, aludiendo al caso de Quebec, que “el sistema debe poder reflejar las aspiraciones de la población”, combinando la primacía del derecho y el principio democrático.

También se alude a la sentencia sobre la Declaración de Soberanía del Parlament que dictó el Tribunal Constitucional: aunque quedó anulada por el Alto Tribunal, el Govern considera que sí avaló el 'derecho a decidir' de los catalanes.

Carácter consultivo

El Govern recupera una parte de aquella sentencia en la que se recogía que el derecho a decidir de los catalanes es una aspiración política a la que “solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a principios de legitimidad, democrática, pluralismo y legalidad”.

Los servicios jurídicos de la Generalitat remarcan también que la consulta tiene carácter consultivo y por sí sola no conlleva consecuencias, y precisa que las actuaciones que se pudieran llevar a cabo después por parte del Parlament u otras instituciones serían “jurídicamente independientes y no concatenadas a la propia consulta”.