El exconsejero del Partido Popular Francisco Granados ha testificado en el juicio del 'caso espías' que en la investigación interna de la Comunidad de Madrid que él ordenó en 2008 no se realizaron seguimientos a políticos del PP por agentes de las fuerzas de seguridad destinados en su Consejería.
La Audiencia Provincial de Madrid ha reanudado este viernes el juicio del exdirector general de Seguridad de la Comunidad madrileña, Sergio Gamón, y otros cinco acusados por el supuesto espionaje realizado entre marzo y mayo de 2008 a políticos del PP enfrentados a la expresidenta regional Esperanza Aguirre como el exvicepresidente Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.
Francisco Granados ha declarado que se enteró de este caso a raíz de que el diario El País publicara que “guardias civiles y policías nacionales a las órdenes de Aguirre espiaban a cargos del partido”: “Era un bombazo informativo y político por lo que hablé con Esperanza Aguirre y llegamos al acuerdo de montar una investigación interna” de la que se hizo cargo la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior.
“Se hicieron muchas pesquisas y todas fueron negativas pues no recabamos ningún dato que nos llevara a pensar que era verdad”, ha añadido. También ha recordado que la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid llegó a la misma conclusión.
Por otra parte, Granados ha asegurado que el testimonio de dos de los tres guardias civiles de haber recibido órdenes ilegales de Sergio Gamón para realizar seguimientos a cargos políticos del PP es falso. Ha defendido que él no daba órdenes a los seis asesores que estaban destinados en la Dirección General de Seguridad, los tres guardias civiles acusados y otros tantos policías nacionales. Tampoco, según él, le consta que esos guardias civiles realizaran seguimientos a políticos ni que se hubieran lucrado con dinero de la Comunidad de Madrid al margen de sus sueldos.
Este viernes también ha declarado el exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, que ha relatado los seguimientos de los que fue objeto en 2008 junto con otras personas y ha admitido el “enorme” daño familiar y personal que sufrió al ver su vida privada reflejada en los partes de vigilancia, reconociendo que tras el archivo de la causa acordó apartarse para no dañar “a su partido” al ser para él preferente “los intereses de España”.
El exdiputado nacional, que ahora forma parte de la Ejecutiva del PP, ha comparecido como testigo en la vista oral tras concluir ayer la fase testifical. En los interrogatorios, los acusados José Oreja y Antonio Coronado manifestaron que el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón Serrano les dio “órdenes ilegales” en febrero de 2008 para seguir a políticos del PP de Madrid por interés de Ignacio González.
Durante el interrogatorio, Prada ha narrado que cuando conoció los partes acudió a la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para interponer una denuncia al coincidir los documentos con su vida privada. Por ejemplo, había notas sobre una comida familiar a la que había asistido una de sus hijas.
“No supe nada de esto hasta que lo vi publicado. Una de las cosas que me pareció terrible fue ver una cena familiar”, ha recalcado el político 'popular', quien durante 10 años llevó escolta a instancias de la Secretaría de Estado de Seguridad al haber estado amenazado por la banda terrorista ETA. “Este servicio no detectó nada”, ha dicho.
“El problema es que había acontecimientos estrictamente privados y familiares. Mis hijos eran menores. Eso sí me parece preocupante”, ha recalcado.
“Es un tema que hace mucho daño. No tienes por qué asumir eso y más cuando mis hijos eran menores. Hicieron daño. No tengo nada que ocultar. El daño personal y familiar fue enorme”, ha confesado señalando que no sabe quién estaba detrás de los partes, “No tengo ni la más remota idea de quién lo hizo”, ha dicho.
Asimismo, ha admitido que decidió no seguir en el procedimiento ante los constantes archivos y por el interés de su partido, ya que este tipo de temas le podrían hacer daño. “Son preferentes los intereses de España a los de las personas. Es una decisión fundamentada”, ha recalcado.