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Greenpeace critica que la reforma penal despenalice faltas para incorporarlas a la Ley de Seguridad ciudadana
A juicio del portavoz del grupo ecologista en España, Miguel Ángel Soto, “la protesta social incomoda al Gobierno, por lo que ha decidido restringir los derechos de expresión, reunión y manifestación, ya partir de ahora el castigo dependerá exclusivamente del juicio de las fuerzas de seguridad, cuyo testimonio gozará de valor probatorio, y bajo supuestos muy subjetivos”.
Asimismo, la organización critica que tanto el Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana se sitúan en el marco del llamado “derecho penal de peligrosidad”, convirtiendo la seguridad en una prioridad de la política criminal y al Estado en el único valedor de su defensa.
Durante la tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, Greenpeace España envió un documento a los grupos políticos instando a revisar el texto de la ley para ajustarlo a las recomendaciones de los instituciones internacionales de derechos humanos.
RECOMENDACIONES
En especial, Greenpeace expresó la necesidad de garantizar el derecho de libertad de expresión y reunión pacífica, recogiendo las advertencias de instancias europeas que han mostrado, de manera general, preocupación por los límites injustificados y desproporcionados a la protesta, y en particular por la “existencia de disposiciones penales que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, los cortes de ruta o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan a bienes como la vida o la libertad de las personas.
La votación del proyecto de Código penal ha coincidido con el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en España, un mecanismo de revisión único en el que han participado organizaciones sociales aportando información y solicitando que se emitan recomendaciones concretas a España en relación con dicha reforma.
“A la espera de la resolución del Consejo, no podemos más que recordar las palabras del relator de la ONU sobre libertad de reunión, Maina Kiai, que ha pedido al Gobierno que cambie el rumbo de esta reforma por su efecto en el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”, ha recordado Soto.
