José Antonio Griñán dice que aún cree en la justicia. Y también en la política. A pesar de las dolorosas circunstancias que reconoce que le han acompañado en los últimos años de su vida pública. A pesar de que el Tribunal Supremo haya ratificado una condena de seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE. A pesar de que en su partido unos le empujaron a dejar la militancia y otros callaron. Y a pesar de que hace unos meses se declarara incapaz, en Cuando ya nada se espera (Galaxia Gutenberg), de comprender las razones aducidas por los jueces.
Hoy con su actitud y sus palabras, tras conocer el fallo del Supremo –que no los argumentos de una sentencia que no se hará pública hasta septiembre– desmiente el título del libro que escribió a modo de terapia para sobrellevar el dolor que afirma haber acumulado por el señalamiento público, las miradas acusatorias y el populismo punitivo. Sí espera algo. Porque sabe quién es. Porque afirma que aún cree en su país. Porque está seguro de que ganará la batalla. Y porque, esta vez sí, ha recibido una desbordante ola de solidaridad y reconocimiento a su integridad y honestidad desde las filas socialistas que, de haberla tenido hace años, señala, el calvario personal por el que ha pasado hubiera sido menos martirio.
José Antonio Griñán tiene 76 años y hace ya 13 que decidió enterrarse en vida. Sólo quienes le conocen bien y le han acompañado en su día a día desde que fue imputado en el caso de los ERE saben de su amargura, de su encierro autoimpuesto en su casa de Mairena del Aljarafe y del estupor provocado por un interminable proceso judicial al que aún le queda recorrido. Lo que viene ahora es esperar a que la sentencia se haga pública, después llegará la presentación de un incidente de nulidad ante el Supremo, más tarde la petición de amparo al Constitucional con suspensión de sentencia y una solicitud de indulto que el Gobierno aún ni se plantea, aunque el el PP se haya apresurado a instalar ese marco que, en su opinión, sería “un atropello” en el hipotético caso de que se concediera.
La defensa de quien fuera presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, el letrado José María Calero, cree que los dos votos particulares sobre el delito de malversación abren para los intereses de su representado una puerta a la esperanza, ya que el incidente de nulidad ante el Supremo estará sostenido sobre una supuesta vulneración de derechos fundamentales que puede acabar en una resolución favorable del Constitucional. “No se puede condenar a alguien por algo que no está previsto como delito. Y lo que dice la sentencia no casa con la definición penal de la malversación. Delito es lo que aparece en el Código Penal y Griñán ni ha sustraído ni ha conocido a nadie que haya sustraído fondos públicos”, explica Calero.
Hay quien ya ha dado por descontada la entrada en la cárcel de Griñán en base a una supuesta doctrina del Constitucional según la cual el máximo garante de la Carta Magna limitaría la suspensión de las condenas a las penas de menos de cinco años, lo que dificultaría que la entrada en prisión dejase de ser efectiva hasta que se resolviese el recurso de amparo anunciado por la defensa de Griñán. Calero niega tal extremo y recuerda que hay jurisprudencia sobre casos de suspensión de sentencia con penas de 6 y de hasta 8 años de cárcel, pero además entiende que “carece de sentido que alguien entre en prisión a la espera de la resolución de un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales y en un caso que, además, no perjudica a terceros”.
La sentencia del Supremo no se notificará hasta mediados o finales de septiembre por lo que hasta entonces nada se podrá hacer. Hay algo de inaudito, aseguran varios juristas, en que el Alto Tribunal anuncie un fallo y tarde mes y medio en hacer pública la sentencia, si bien esta podría ser una circunstancia que beneficie a la defensa de Griñán. Con la reciente reforma de la Ley del Poder Judicial, para entonces se espera haber acabado con el bloqueo para la renovación del Constitucional, hoy de mayoría conservadora. El Consejo General del Poder Judicial, también con mandato caducado, está obligado ahora por ley a nombrar en septiembre a dos magistrados para que el Gobierno pueda designar a otros dos, de lo que resultaría una mayoría progresista.
“El indulto se puede solicitar en cualquier momento, pero esperaremos a que el Supremo resuelva sobre el incidente de nulidad y la sentencia, por tanto, sea firme”, añade José María Calero, cuyo principal objetivo ahora es que Griñán ingrese en prisión, algo que de ocurrir, no sería hasta que no se pronunciase el Constitucional.
Lo que nadie duda a estas alturas es que la petición de indulto, cuando llegue, será gasolina para el PP contra el Gobierno, que cree que no hay que anticipar escenarios ni precipitar procedimientos. “Queda aún un largo camino hasta que las instancias judiciales resuelvan los recursos de una sentencia cuyos detalles ni siquiera se conocen, pero que confirma los términos de la de la Audiencia de Sevilla y ha sido verdaderamente discutible en diferentes ámbitos judiciales”, subrayan fuentes gubernamentales.
Gasolina para el PP en año electoral
Tras conocerse la decisión del Supremo se han multiplicado las voces que defienden la honorabilidad de Griñán y que nunca se ha beneficiado económica y políticamente de las irregularidades de los ERE. Hace años, ni el propio Feijóo, que hoy pide la asunción de responsabilidades políticas, que se saldaron hace años tanto por Griñán como por Chaves, tenía vacilaciones al respecto cuando dijo lamentar la sentencia de la Audiencia de Sevilla. El líder del PP consideró entonces a Griñán “una víctima” y afirmó con rotundidad que “no es una persona corrupta”. Hoy, existe el convencimiento en el PSOE de que el líder de la oposición busca “para su beneficio electoral la foto del ex presidente de la Junta entrando por la puerta de la cárcel”.
Tan seguros están en el Gobierno de lo que pretende la derecha como de que nunca antes en los 13 años de procedimiento judicial ha habido tantas muestras de apoyo en defensa de un político que “jamás se ha llevado un céntimo de euro”. Ni siquiera en el PSOE. Hubo un tiempo en Chaves y Griñán fueron innombrables para muchos de sus compañeros de partido, lo que precipitó que dejaran la militancia antes incluso de ser imputados en el procedimiento por el caso de los ERE.
“Están pagando justos por pecadores”, ha dicho este miércoles Pedro Sánchez, en alusión a ambos que, ha recordado, ya dirimieron sus responsabilidades políticas “hace más de un lustro” y no han sido acusados ni por enriquecerse personalmente ni por haber financiado irregularmente al PSOE. Lo que no quiso es entrar en materia sobre los posibles indultos: “Pronunciarme sobre hipótesis no procede”. Conjetura en todo caso que llegará en el momento que apunta en esta crónica José María Calero y que, salvo que el Constitucional haya sido renovado y suspenda la ejecución de la sentencia, y que será un alto precio a pagar por el Gobierno a pocos meses de unas elecciones generales.