Varios guardias civiles se exponen a una sanción por no detener a un agresor machista que se saltó la orden de alejamiento y que finalmente asesinó a su expareja y su hija al día siguiente. El Servicio de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil ha abierto expediente a un sargento y dos guardias al apreciar indicios de falta grave en su actuación previa al crimen machista que costó la vida a una mujer y su hija, de 11 meses, el pasado 17 de diciembre en la localidad cántabra de Liaño de Villaescusa, han informado a elDiario.es fuentes del instituto armado. El presunto autor del crimen, expareja de la mujer, rompió la orden de alejamiento hasta en dos ocasiones el día anterior sin que los guardias civiles lo detuvieran.
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ordenó la apertura de una información reservada para esclarecer la actuación de los agentes. Se trata de una investigación preliminar que determina si hay o no motivos para la apertura de un expediente disciplinario. En este caso, se ha concluido que el sargento y los guardias podrían haber incumplido el artículo 8.33 del Régimen Disciplinario del Cuerpo que castiga “la negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de las órdenes recibidas”.
Eva, la víctima, tenía 40 años y tres hijos, dos de una relación anterior y el bebé de once meses también asesinado presuntamente por su padre. El agresor, José R. C, tenía una orden de alejamiento dictada el 6 de noviembre y que quebrantó la víspera en dos ocasiones, según explicó la delegada del Gobierno, Ainhoa Quiñones. La Guardia Civil habría acudido al domicilio ambas veces, pero no detuvo al hombre.
La apertura de un expediente disciplinario implica que se designe un instructor que tomará declaración a los agentes investigados, entre otras actuaciones, hasta redactar un informe en el que propondrá para ellos una sanción, si aprecia falta disciplinaria o el archivo, en el caso contrario. Los agentes investigados han prestado declaración ante el juzgado que investiga el doble crimen pero en calidad de testigos, lo que descarta, al menos por ahora, que el instructor les atribuya una eventual responsabilidad penal en los hechos.
En el caso de que Régimen Disciplinario concluya que el sargento y los dos guardias cometieron una falta grave, pueden ser sancionados de tres maneras: con suspensión de uno a tres meses, con pérdida de 5 a 20 días de empleo y sueldo o con la pérdida de destino y el consiguiente traslado a otro.
Al día siguiente del quebrantamiento de la orden de alejamiento, la mujer y su bebé fueron encontradas muertas en la casa, al parecer víctimas de un ataque con arma blanca. Ante el aviso por la desaparición, la Guardia Civil había citado al agresor en sus dependencias y allí fue detenido cuando se descubrieron los cadáveres. El juzgado de guardia dictó contra el prisión provisional.
El protocolo que rige desde 2005 la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la protección de las víctimas de violencia machista y su coordinación con los órganos judiciales establece que “en caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento, se produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por lo que se procederá a la inmediata detención del infractor”. También establece que, una vez detenido, se le pondrá a disposición judicial “de forma urgente”.
El investigado, de 43 años, ya había sido condenado en el pasado por violencia de género, en relación con amenazas e injurias vertidas contra otra mujer. Por la violencia ejercida contra mujer a la que terminó asesinando había sido juzgado el 25 de noviembre acusado de delitos de amenazas y maltrato. Pendiente de sentencia, la orden de alejamiento estaba en vigor cuando mató a su expareja y a la hija de ambos.
“El sistema ha fallado”
La actuación de los guardias civiles en este caso ha sido cuestionada desde el principio por los responsables políticos. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, declaró que la Guardia Civil es “muy eficaz” y añadió: “Pero si en una tarde [el asesino] había ido dos veces y tenía una orden de alejamiento tampoco hubiera estado de más haberle llevado al cuartelillo o haberlo comunicado al juez. No basta que haya dicho que no vuelvo”.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, escribió un tuit en el que afirmaba: “El agresor tenía una orden de alejamiento. El sistema ha fallado y no hemos llegado a tiempo”. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, recordó que ni la víctima ni el agresor tenían un dispositivo de geolocalización, una medida que corresponde dictar a los jueces, según añadió.