Nuevo cálculo de la Guardia Civil sobre la presunta malversación el 1-O. El Instituto Armado eleva los fondos dispuestos por el Govern para sufragar el referéndum a 3,2 millones de euros, casi un millón y medio más que la última estimación. El cambio responde a la inclusión al montante de la malversación de los 1,2 millones de euros que costó la reforma de una nave industrial y que, según la Guardia Civil, tenía que ubicar un 'call center' del referéndum, aunque el 1-O no se terminó usando ninguna instalación para este fin.
“La Generalitat abonó la cantidad de 1.588.188,05 euros y tiene pendiente de abono 1.664.848,56 euros, ascendiendo la suma total destinada al referéndum del 1-O a 3.269.236,61 euros”, dice el instituto armado en su informe, que fue entregado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona y, desde éste, al magistrado del caso en el Supremo, Pablo Llarena, informa EFE.
Entre las cantidades que sí constan abonadas, además de los 1,2 millones de euros para las obras en la nave industrial al lado del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat ideada para albergar el 'call center', figuran 68.984,69 euros para la aplicación informática que reclutó voluntarios para el 1-O; y 315.316,29 euros del Diplocat para pagar la estancia de los observadores internacionales del referéndum,
Restan pendientes de pagar más de 210.000 euros para la difusión en medios del registro de catalanes en el exterior o 277.804 euros para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales como pago por la emisión de anuncios en TV3 o en Cataluña Radio. La Guardia Civil tampoco cree que se llegara a abonar a Unipost el millón de euros comprometido para enviar notificaciones y cartas del 1-O.
Por otro lado, el Instituto Armado incluye en la cantidad total presuntamente malversada los 61.879 euros que Òmnium Cultural habría pagado, de acuerdo con la Generalitat, para imprimir papeletas, así como gastos del grupo parlamentario –no del Govern– de JxSí y de la Asamblea Nacional Catalana para la campaña electoral del referéndum , que ascienden a 14.620 y 95.221,72 euros respectivamente.
El criterio de los instructores de las causas sobre el 1-O del juzgado de instrucción 13 de Barcelona y del Supremo, los jueces Juan Antonio Ramírez Sunyer y Pablo Llarena, es que hay malversación porque existe una obligación de pago y una deuda de la administración con un proveedor aunque finalmente no se pague, como es el caso de la mitad de gastos previstos para el 1-O.
Las defensas niegan el uso de dinero público para la votación. Y fuentes jurídicas sostienen que podrían alegar que, aunque haya factura, no hay malversación porque el servicio no se prestó por completo (por ejemplo los envíos de Unipost, que no llegaron a sus destinatarios porque fueron incautados por la Guardia Civil).