La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que hay indicios de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pudo incurrir en un delito de fraude en materia de contratación pública con empresas investigadas por el 'caso Púnica'. Según figura en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, del que se ha levantado el secreto, la UCO considera que el actual presidente autonómico habría planeado en su etapa como consejero de Educación contratar “supuestos trabajos reputacionales sufragados indiciariamente con fondos públicos”, todo ello en el marco de “un eventual contrato en materia de formación”.
De esta forma, Sánchez pretendió mejorar su reputación para conseguir postularse como el candidato de su partido a relevar a Ramón Luis Valcárcel. El informe indica que Sánchez tenía previsto pagar 4.600 euros mensuales a Alejandro de Pedro para lograr mejor imagen y que lo hizo bajo la apariencia de un “contrato de formación” que se pagó con dinero público.
Las investigaciones de la Guardia Civil confirman la celebración de un encuentro en Madrid entre el presidente murciano y Alejandro de Pedro a finales de septiembre de 2014. En aquella época, Pedro Antonio Sánchez quería embarcarse en la carrera por la presidencia de la Comunidad Autónoma, como sustituto de Ramón Luis Valcárcel.
La UCO aporta los mensajes intercambiados entre Sánchez y De Pedro para cerrar el encuentro, que finalmente se celebró en la cafetería de un céntrico restaurante madrileño.
Sánchez ha negado de forma tajante que haya contratado alguna vez con empresas relacionadas con la trama Púnica en su etapa de consejero y ha advertido de que, de probarse lo contrario, dimitirá. “Si alguien pudiera demostrar que estoy mintiendo, no daría lugar a que nadie me señale el camino, pero nadie podrá demostrar lo que no existe”, ha afirmado.
“Rotundamente no, y nunca autoricé que nadie de mi equipo ni de mi entorno, bajo mis responsabilidades, hiciera nada parecido”, ha asegurado.
Además de los mensajes del ahora presidente de Murcia, la Guardia Civil aporta al juez múltiples contactos entre David Conesa y los conseguidores de la Púnica. De la lectura de esos correos se extrae la conclusión de que Pedro Antonio Sánchez estaba muy interesado en cerrar su pacto con la trama. En octubre de 2014, Conesa escribe a Alejandro de Pedro: “El consejero tiene mucho interés en que nos veamos para empezar”.
La UCO también considera que la actual senadora del PP por esta región, Pilar Barreiro, pudo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en su etapa como alcaldesa de Cartagena y exdiputada nacional.
Concretamente, el delito estaría relacionado con la contratación por parte del Ayuntamiento de Cartagena de una supuesta campaña de publicidad institucional del Consistorio que, en realidad, encubría la contratación de un periodista para la difusión de noticias favorables de Barreiro, así como el concierto para el pago de los servicios reputacionales a través de un plan de medios.