Nuevo episodio en la batalla del relato que se libra en el juicio del procés. Este lunes le ha tocado el turno a la réplica de la Guardia Civil sobre lo que ocurrió el 20 de septiembre de 2017 alrededor de la conselleria de Economía de la Generalitat. Frente a una jornada pacífica y festiva que ofrecieron Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, solo alterada por la actuación a última hora de unos pocos, dos mandos del instituto armado han presentado su versión: 17 horas seguidas de insultos y amenazas por su trabajo como miembros de la comisión judicial que investigaba en el interior del edificio los planes para la independencia de Catalunya.
Las acusaciones toman el 20 de septiembre como elemento clave en sus planteamientos de rebelión y sedición. A tan solo diez días del referéndum secesionista, los responsables de la pata civil del procés utilizaron a la multitud para obstaculizar la acción de la Justicia, vienen a decir. Sus responsables políticos no solo detuvieron sus planes ante las evidencias del 20-S sino que siguieron adelante a pesar de las advertencias de los Mossos, continúan. Y esta es la demostración de que el plan para la independencia albergaba la movilización coercitiva de la masa y el posible uso de la violencia para su consecución, culminan.
Cuixart y Sànchez negaron la mayor durante sus declaraciones como acusados. Ambos describieron una jornada de reivindicación pacífica y festiva. Hablaron de una concentración espontánea que contó con actuaciones musicales y que se despidió al son del 'Passi-ho bé', una canción de adiós utilizada en las fiestas populares. El destrozo de dos coches de la Guardia Civil apostados frente a la conselleria fue el resultado de la acción de un pequeño grupo de incontrolados cuando la concentración ya había acabado y después de que periodistas y fotógrados se subieran a los vehículos a lo largo de toda la jornada, explicaron ante el tribunal.
Como el reverso de la declaración de los 'Jordis' se produjo este lunes el de dos mandos de la Guardia Civil: el teniente de la investigación que dirigió el registro de la conselleria y el del mando de los antidisturbios encargado de garantizar la seguridad de toda la comisión judicial.
Este último, un teniente de los Grupos de Reacción y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, colocó a dos agentes en la puerta de la Conselleria, en turnos, desde las 8 de la mañana del 20 de septiembre hasta bien entrada la madrugada del 21. El teniente ha asegurado que desde que comenzó a haber una pequeña multitud frente al edificio hasta que se disolvió la concentración de más de 40.000 personas se produjeron insultos y amenazas constantes.
De las 9:30 de la mañana a las 2:30 del día siguiente, los manifestantes insultaron a los agentes llamándoles “fascistas”, “terroristas”, e “hijos de puta”; pedían que se marchasen de Catalunya (“fuera las fuerzas de ocupación”, en su traducción al castellano); o reproducían la consigna “vosotros fascistas sois los terroristas”. “Con el dedo hacían como que nos cortaban el cuello”, ha añadido.
El mando ha explicado que la tensión solo descendía cuando los manifestantes acordaban corear 'L'estaca' o 'Els segadors', momento que él aprovechaba para ordenar el relevo de los dos guardias de la puerta. A preguntas de la defensa ha dicho que no vio tirar claveles desde las posiciones de la protesta, pero que sí vio algunas flores en el suelo.
La declaración del teniente ante el tribunal, al igual que la del capitán que le precedió, ha estado desprovista de la carga emocional de algunos de sus compañeros y de la secretaria judicial que levantó acta del registro. De hecho, el capitán de la Policía Judicial ha recurrido en varias ocasiones al término “elemento objetivo” para acompañar su relato. Lo ha hecho, por ejemplo, al referirse a una “afectación del orden público” que suponía que los manifestantes hubieran cortado la vía pública, algo que le negaba la intendente de los Mossos Teresa Laplana, según el guardia civil.
Para descartar matices subjetivos ha recuperado, además, un comentario de una agente de los Mossos presente en la conselleria. Ante la posibilidad que presuntamente planteó Jordi Sànchez de formar un cordón de voluntarios para que la comisión judicial recorriera 200 metros cargando con las cajas de documentación incautadas, la policía autonómica, según el testimonio del capitán, le trasladó: “Estáis locos, si salís con las cajas, os matan”. “Con esto quiero hacer ver que el elemento objetivo de riesgo no lo teníamos solo nosotros sino también estas compañeras”, ha rematado.
El teniente ha indicado que solo hasta las 11 de la mañana hubiera sido posible formar un cordón frente a la conselleria sin la ayuda de unidades de orden público. El letrado de Joaquim Forn, Xavier Melero, le ha preguntado por este extremo y el teniente ha terminado por reconocer que la dispersión de los manifestantes por parte de la policía era inviable si no se desconvocaba antes la protesta: “No se puede hacer uso de la fuerza contra 10.000 personas”.
El testimonio de los dos agentes ha dejado un supuesto episodio nuevo. Se trata de una “avalancha” contra la puerta de la conselleria entre las 2:30 y las 3:30 de la madrugada que les obligó a empujar desde el otro lado de la puerta por temor a que un grupo de manifestantes quisiera asaltar la conselleria. Los interrogatorios de las defensas se centraron en esta parte en poner de manifiesto que no hay imágenes de las cámaras de seguridad que captaran este momento.
Jordi Sànchez, “la voz cantante”
En el capítulo de responsabilidades personales de los hechos se ha centrado una parte de la declaración del capitán investigador, quien ha afirmado que Jordi Sànchez se le presentó desde el primer momento como “interlocutor válido de la masa”. “La voz cantante de seguridad de lo que había fuera era el señor Sànchez”, ha declarado el capitán de la Guardia Civil. Según ha dicho, era el entonces líder de la ANC y no ningún responsable de los Mossos quien negó sus propuestas para que pudieran acceder a Economía tres de los detenidos de la jornada.
En este sentido, ha atribuido a Sànchez la propuesta de que los detenidos pudieran acceder al edificio por un cordón de un metro y medio de voluntarios de la ANC y también el rechazo a organizar un cordón de tres metros. También se negó, ha añadido, a apartar a los concentrados desde la calzada de Rambla Catalunya hacia el bulevar peatonal. “Él tenía ese poder sobre la masa y dijo que la masa no se lo iba a permitir”, ha remachado. La contundencia que ha mostrado durante el interrogatorio de las acusaciones se tornó en dubitativo al llegar el turno de las defensas. Sus constantes “no recuerdo” han provocado que el presidente del tribunal le recordara que estaba “bajo juramento”.
De la intendente Laplana, acusada de sedición en la Audiencia Nacional, ha dicho que se limitaba a aceptar las instrucciones que iba impartiendo Jordi Sànchez. Sobre éste, su compañero del GRS, ha dicho que mantuvo con él una relación de “camaradería” durante el registro si bien “hablaba mucho” y ya por la noche “desconectaba” de lo que le decía. Sànchez intentó pasarle al major Trapero, pero eso no cabía en el código jerárquico que maneja el militar, por lo que trasladó al presidente de la ANC que con quien debía hablar el jefe operativo de los Mossos era con su general jefe de la VII Zona.
Las declaraciones de los guardias civiles sirvieron para resolver la incógnita de las armas en el interior de los coches destrozados. Se trataba de un fusil HK, un arma larga de fuego, y un Cetme para “control de masas”, esto es, material antidisturbios. El general Gozalo se había referido en su declaración como testigo solo a material antidisturbios y el capitan que ha testificado esta mañana aludió a arma de fuego, en razón del nivel 4 de alerta antiterrorista. El teniente del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, encargado de garantizar la seguridad de la comisión judicial el 20-S en la conselleria de Economía, ha asegurado que la intendente de los Mossos Teresa Laplana no hizo “nada” cuando la avisó de que en los coches había armas.