El teniente de la Guardia Civil al frente del registro en Economía el 20 de septiembre de 2017 ha ratificado este lunes la versión de las acusaciones sobre la responsabilidad de los acusados en los incidentes entorno a la conselleria. El hoy capitán ha sido especialmente concluyente sobre el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, al que ha atribuido “poder sobre la masa” concentrada. El testigo es el mando del instituto armado que mantuvo aquel día varias conversaciones con Sánchez y con la intendente de los Mossos Teresa Laplana, imputada en la causa de la Audiencia Nacional y de la que ha dicho “aceptaba todas las decisiones” del líder social del soberanismo.
La contundencia del relato del mando, desprovisto del dramatismo de otros compañeros que han declarado en sesiones anteriores, se ha tornado en dubitativo en el turno de las defensas. Hasta tal punto que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha recordado que declaraba bajo juramento. “Señor agente, intente responder con la misma seguridad que ha respondido al fiscal y a las acusaciones, la permanente coletilla de no lo recuerdo nos sitúa en obligación de recordarle que está usted bajo juramento”, le ha advertido Marchena.
El capitán ha afirmado que Jordi Sànchez se le presentó desde el primer momento como “interlocutor válido de la masa”. “La voz cantante de seguridad de lo que había fuera era el señor Sànchez”, ha declarado el capitán de la Guardia Civil. Según ha dicho, era el entonces líder de la ANC y no ningún responsable de los Mossos quien negó sus propuestas para que pudieran acceder a Economía tres de los detenidos de la jornada.
En este sentido, ha atribuido a Sànchez la propuesta de que los detenidos pudieran acceder al edificio por un cordón de un metro y medio de voluntarios de la ANC y también el rechazo a organizar un cordón de tres metros. También se negó, ha añadido, a apartar a los concentrados desde la calzada de Rambla Catalunya hacia el bulevar peatonal. “Él tenía ese poder sobre la masa y dijo que la masa no se lo iba a permitir”, ha rematado.
Sànchez y Laplana
Como testigo de su contacto con Jordi Sànchez, el capitán ha situado a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, quien se personó en la conselleria. La interlocución de Sànchez con dos uniformados –él y Laplana– derivó en una reunión que el capitán ha calificado de “esperpéntica”. Laplana está acusada de sedición en la Audiencia Nacional. La mando de los Mossos consideró ya por la mañana que el hecho de que los manifestantes cortaran la calle no era un problema de “orden público” para “indignación” del guardia civil, según él mismo ha relatado.
Esa “afectación del orden público” no es una consideración subjetiva, según el agente, que trataba de adelantarse al reproche de que estuviera dando su opinión y excediéndose en su condición de testigo. Su alusión al “elemento objetivo” surgió en otras ocasiones durante su declaración.
En esta línea, el capitán ha apoyado su testimonio en una afirmación de una agente de los Mossos d'Esquadra. Ha explicado que el jefe del GRS, el grupo de Guardia Civil encargado de la seguridad de la comisión judicial, le explicó que el plan era salir a través de un cordón de voluntarios de 200 metros, confundidos entre funcionarios del departamento y acompañados de Mossos.
Esta vía, a juicio del testigo, ofrecía el problema de que debían salir con “las cajas de evidencias”, el material requisado en la conselleria. Cuando expuso esto, una agente de los Mossos allí presente le dijo, según su testimonio: “Estáis locos, si salís con las cajas, os matan”. “Con esto quiero hacer ver que el elemento objetivo de riesgo no lo teníamos solo nosotros sino también estas compañeras”, ha continuado.
Superioridad de “2.200 (manifestantes) a uno”
“No tuvimos la osadía de ejercer nuestro derecho ambulatorio o libertad de movimientos porque nos habrían machacado”, ha afirmado sobre la posibilidad de abandonar el edificio mientras continuaba la concentración. Y ha continuado: “Había un riesgo objetivo y evidente, no solo de que yo lo tuviera asumido sino que estas compañeras de Mossos así lo veían”, ha continuado.
En este punto también se ha referido a los acusados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart: “Me atrevo a decir que (ellos) creían que, uniformados y con cajas, había un riesgo de que nos atacaran”. Al comparar el número de manifestantes con el de guardias civiles, el mando ha dicho que había “una superioridad de 2.200 a uno”.
El capitán también se ha referido a un incidente ya de madrugada, con la letrada de la Administración de Justicia fuera del edificio. Según ha dicho, eran sobre las 2:30 de la mañana cuando algunos manifestantes “estaban echando abajo” la puerta del departamento. La puerta, de hierro y madera, era “maciza”, en palabras del agente. “La sujetamos porque se venía abajo”, ha añadido. Este incidente se produjo más de dos horas después de que Sànchez y Cuixart desconvocaran la concentración encima de los coches de la Guardia Civil aparcados frente a la conselleria.
Más adelante, a preguntas de la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, el capitán de la Guardia Civil ha dicho desconocer si la “avalancha” contra la puerta de Economía quedó recogida por las cámaras de seguridad. “No sé si existen imágenes de la avalancha”, ha indicado el agente, quien también desconoce el motivo por el que no constan las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio en tres informes de la Guardia Civil sobre el 20-S porque no participó en esa investigación.
En su interrogatorio, Roig ha vuelto a reclamar que se exhibieran al testigo los vídeos de las cámaras de seguridad, petición que se ha topado con nueva negativa del magistrado Marchena. El presidente ha recordado de nuevo a las defensas que el criterio del tribunal es dejar la exhibición de los vídeos para la fase documental del juicio y no para confrontar con los testigos, lo que no les quitará “valor probatorio”, ha añadido.
Por último, el capitán ha asegurado, a preguntas de Roig, que las armas de los coches dañados fuera de la conselleria eran “de munición real”, según lo que le trasladó el jefe del grupo encargado de la seguridad. El general de la VII Zona de la Comandancia de la Guardia Civil, Ángel Gozalo, dijo ante el mismo tribunal que se trataba de material antidisturbios, no de fuego.