La Guardia Civil sospecha que López Madrid se quedó con el 10% de las mordidas que Villar Mir pagó al PP
Una cuartilla de la libreta incautada a Francisco Granados durante su detención en 2014 puede ser la clave del caso de presunta financiación irregular del PP de Madrid que investiga en secreto la Audiencia Nacional. Pero también el testimonio de una traición en el seno de una de las familias más acaudaladas de España. La Guardia Civil sospecha que las anotaciones de Granados demostrarían que el empresario Javier López Madrid se quedó con casi un 9,4% de los 2 millones de euros de dinero negro que el grupo empresarial de su suegro, Juan Miguel Villar Mir, dedicó presuntamente a financiar la formación presidida por Esperanza Aguirre. En total, 185.000 euros a descontar de 1.960.000 euros que procederían del imperio empresarial de Villar Mir, según fuentes de la investigación.
“Llama la atención de las anotaciones que el asiento de entrada en ocasiones no coincide con el de salida, detrayéndose cantidades de la entrada de efectivo vinculadas con las iniciales JLM, NP y Me”, escribe el teniente de la UCO que firma el informe, de fecha 2 de noviembre de 2015, incorporado al sumario del caso Púnica.
“A juicio policial”, continúa el investigador, las iniciales JLM pertenecen al consejero del Grupo Villar Mir, Javier López Madrid, casado con la hija del constructor. “NP” sería Nacho Palacios, exjefe de gabinete de Granados y presunto testaferro del político; y “Me”, la denominación utilizada por el que fuera mano derecha de Aguirre para referirse a sí mismo.
El informe concluye que Palacios y Granados “se quedaban con parte del dinero que se recaudaba” y que tenía por destinatario a “BG”, Beltrán Gutiérrez, el gerente y guardián de la caja del PP madrileño. No hay más referencias a Javier López Madrid en la sisa del dinero, al menos en este informe de la pieza para la que se ha levantado el secreto.
Pero si se examina el flujo de entrada y salida del dinero que recoge la libreta, de las cantidades del apartado “IN” penden otras, con números más pequeños, a los que acompañan las iniciales de López Madrid, Granados y Palacios. En la columna de la derecha, en el apartado “OUT”, el destinatario siempre es “BG”, pero la cantidad es menor que la que aparece a la misma altura en el registro de entrada. Les falta, exactamente, la suma de las cantidades que en pequeño aparecen junto a las iniciales JLM, Me y NP.
Las tres personas que se esconden tras esas iniciales se quedaron con una tercera parte del dinero negro que iba para el PP. Entre los tres, 700.000 euros, desde el 5 de noviembre de 2013 hasta el 25 de mayo de 2014, según sospecha la UCO. Granados se habría quedado con 505.000 euros, mientras que Palacios solo con 10.000. López Madrid habría estado llevando grandes cantidades de dinero en metálico a Granados casi todos los meses, en ocasiones con tan solo una semana de diferencia.
En la fecha del informe faltaban más de tres meses para que el juez Eloy Velasco llamara a declarar a López Madrid como investigado -la actual figura del imputado- en la pieza secreta que investiga la financiación irregular del PP madrileño. El gerente Beltrán Gutiérrez también ha declarado como investigado.
Antes, el 13 de febrero, el juez, Anticorrupción y la UCO se habían visto obligados a adelantar un registro de Génova y de las oficinas de López Madrid por una información periodística que explicaba la investigación a la que estaba sometido el yerno de Villar Mir, entre otros.
De la voluminosa documentación incautada en varios soportes durante aquellos registros aún queda una parte importante por examinar, precisaron las fuentes consultadas. También queda por despejar quiénes están detrás de las iniciales LB y JEC, que habrían aportado 100.000 y 60.000 euros días antes de las elecciones europeas de mayo de 2014. Esas dos entregas, las únicas que no se identifican con López Madrid, llegaron íntegras a Beltrán Gutiérrez.
Unos meses después de estas supuestas entregas, el futuro judicial de López Madrid comenzó a torcerse. En octubre se conoció el escándalo de las tarjetas black que disfrutaron los consejeros de Caja Madrid. A día de hoy, el consejero del Grupo Villar Mir se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año y seis meses de cárcel en ese caso.
López Madrid ya estaba imputado en el caso de presunto acoso sexual a una médico de Madrid, causa que fue archivada en marzo pasado. En el curso de esa investigación, la Guardia Civil concluyó que el empresario mantiene “estrechas relaciones” con un grupo de comisarios de la Policía Nacional. El análisis de su teléfono permitió conocer cómo los reyes de España arroparon al yerno de Villar Mir, el presunto financiador ilegal del PP, cuando trascendió el detalle de los gastos con las tarjetas 'black'.
