Después de días y semanas en que los medios de comunicación y la oposición alertaron sobre las ya míticas 17 vueltas al colegio diferentes (“17 formas de llevar mascarilla o de ventilar el aula”, se ha llegado a titular), al fin se celebró el jueves la reunión con ministros y consejeros autonómicos de Educación. Después de toda la tinta derramada, podría pensarse que iba a tener lugar un combate salvaje con posiciones radicalmente contrapuestas. De repente, el drama desapareció. Las autoridades presentes llegaron a un acuerdo básico que cada autonomía aplicará a buen seguro en función de las circunstancias. “Un mínimo común denominador”, lo llamó Salvador Illa, ministro de Sanidad. 29 medidas y cinco recomendaciones. Para lo más difícil, aquello de lo que casi nadie quiere hablar –el cierre de colegios en caso de brotes–, el plan del Ministerio lo reserva a situaciones de “transmisión comunitaria no controlada” sin concretar las cifras. Es mejor que eso lo decida cada Gobierno autonómico en función de los datos de cada centro. Nadie quiere ponerse en lo peor antes de abrir las aulas.
Esta última idea tiene su parte de lógica. Si se pusieran sobre la mesa todos los posibles escenarios más negativos, los colegios no se abrirían nunca y el daño que sufrirían los alumnos, en especial los de familias más pobres, sería irreversible.
Sí hay situaciones que se van a producir, porque son inevitables, y ante las que podría haber una respuesta más clara. Preguntaron a Illa qué se hará en los casos de familias que envíen a sus hijos al colegio sabiendo que tienen fiebre. El ministro, que suele medir bien sus palabras, optó por una reacción que ignora la realidad de este país, la formada por aquellas familias que no pueden trabajar desde casa ni tienen dinero para contratar a alguien que se quede con los niños en el hogar. “Estando como estamos, no concibo que un padre o una madre lleven a un niño al centro a sabiendas de que pone en riesgo la salud de los demás. Si no, esto no tiene solución”, dijo.
Quizá Illa no lo pueda concebir, pero ese es un dilema al que se enfrentarán muchas familias en el mundo real. Es evidente que sería una irresponsabilidad. También es verdad que es más fácil ser responsable cuando te lo puedes permitir.
La ministra de Educación admitió que el documento pactado no recoge medidas sobre conciliación para esos casos. “Pensaremos en respuestas acordes a las necesidades de las familias”, dijo Isabel Celaá. Cuando terminen de pensar, es posible que nos avisen.
El acuerdo no contempla medidas inviables, como la exigencia del PP de hacer “test masivos”, una medida desproporcionada que no es una garantía, porque un profesor que dé negativo en una prueba PCR puede contagiarse un día o una semana después. “Tienen que hacerse los test diagnósticos a los profesores, a los trabajadores de los centros educativos”, había dicho Ana Pastor el día anterior. Los gobiernos autonómicos presididos por el PP podrían realizarlas por su cuenta sin pedir permiso al Gobierno central y no se les ve con muchas ganas. Básicamente, porque tendrían que pagar las pruebas y contar con el número suficiente de laboratorios en el que analizarlas.
Una reunión de ministros y consejeros no es una garantía de éxito. Como mínimo, esta era necesaria. Podría haberse hecho a mediados de agosto, aunque no fuera la cita definitiva. Esperar a los últimos días del mes ha permitido altas dosis de ruido político y periodístico. Lo normal en esta pandemia. Los gobiernos autonómicos ya habían aprobado criterios para la reapertura de las aulas, porque tienen las competencias en educación y las ejercen todos los años. La imagen ofrecida por muchos medios –caos, decían algunos titulares– daba a entender que todo estaba paralizado a la espera de la reunión del jueves, lo que no era cierto.
Todo el mundo sabe que la respuesta de las Comunidades Autónomas dependerá de la evolución de los contagios en cada zona y cada centro. Es imposible convertir las escuelas en una burbuja, como se ha hecho con los deportistas en varias competencias celebradas este verano. “Lo más importante para volver al colegio es que la enfermedad se reduzca en la comunidad”, ha dicho el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS. “Si la transmisión es baja en la comunidad, si la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la sanidad son buenos, entonces las escuelas pueden reabrir”. En España, está ocurriendo todo lo contrario en las últimas semanas, así que cada uno puede hacer cuentas sobre lo que puede pasar.
El presidente del Gobierno asturiano ha ofrecido lo que considera clave para revertir los datos preocupantes de este verano: “Asturias tiene mejores datos del coronavirus, precisamente, porque se anticipó y fue más drástico en adoptar algunas medidas. La anticipación, ganar días, ha demostrado ser clave para evitar mayores contagios”, ha explicado Adrián Barbón.
Otras comunidades lo tienen más complicado y han empeorado sus opciones con medidas contradictorias o tardías, o simplemente ausencia de ellas. En Madrid, una fuente inagotable de noticias difíciles de creer, todo depende de quién abre la boca. El vicepresidente afirma que la situación está controlada, al mismo tiempo que el alcalde de la capital pide a los ciudadanos que sólo salgan a la calle en las zonas del sur si es imprescindible, lo que viene a ser un confinamiento voluntario. Pero durante esta semana supieron que podían coger un coche o un tren para desplazarse en 40 minutos a Alcalá de Henares y asistir a una corrida de toros junto a otras 4.000 personas. La feria taurina de esa ciudad había sido autorizada por la Consejería de Interior, a pesar de que la Consejería de Sanidad recomendaba que no se celebrara.
Parece que el Gobierno madrileño tenía dudas sobre qué es más importante: abrir los colegios o las plazas de toros. En la tarde del jueves, después de varios días de polémica, Isabel Díaz Ayuso tomó una decisión que probablemente le partió su corazón taurino. Ordenó la suspensión de las corridas previstas. Esta crisis no deja de ofrecer momentos para la historia.