La trama Gürtel también actuó en Castilla y León. La Audiencia Nacional ha condenado al ex vicepresidente de Castilla y Léon y exdiputado del PP por Segovia, Jesús Merino, a tres años y siete meses de prisión y al pago de más de 300.000 euros por delitos de cohecho y blanqueo de capitales en concurso medial con un delito de falsedad continuado.
Merino tendrá que asumir así un año y nueve meses de cárcel y multa de 216.258 euros de cárcel por blanqueo de capitales, un año y diez meses de prisión y 60.000 de multa por delito de falsedad continuada y 30.000 de multa por delito de cohecho.
No ha conseguido librarse de la condena a pesar de que intentó presentarse como la víctima de un error o incluso de una trampa. En su descargo llegó a decir que sus iniciales, ‘J.M’ en los apuntes de contabilidad B del PP, se habían introducido a posteriori, o que el Jesús Merino del que se habla era “otro Jesús Merino”. Temporalmente funcionó, porque en 2011 el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Antonio Pedreira, archivó la causa contra él y estimó, en su auto, que no había indicios de que las iniciales se refiriesen a él. Baltasar Garzón lo había imputado dos años antes. Pero, finalmente, Merino volvió al caso de la mano del juez Pablo Ruz. El juez de la Audiencia Nacional anuló el archivo provisional de la causa contra Merino, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconcejal 'popular' en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote. Para Ruz, Pedreira no era competente en el caso en el momento del auto, porque estaba en situación de interinidad.
¿Qué papel tuvo Merino en la trama? La sentencia lo sitúa entre los colaboradores externos en los contratos a las empresas de Correa. Los responsables políticos “ejercían su capacidad de influencia o imponían mediante la presión que les permitía el abuso de las funciones propias de su cargo, las directrices idóneas para orientar la oferta y las condiciones de los contratos a las conveniencias de la empresa del grupo”. En el fallo se subraya la influencia de Bárcenas y de Merino sobre otros cargos del PP, y que utilizaron Francisco Correa y Pablo Crespo para conseguir adjudicaciones para sus empresas.
La trayectoria de Jesús Merino avala esa capacidad de influencia, estuvo en el PP de Castilla y León desde sus inicios. Conocido en Hontalbilla (Segovia) como ‘Caperu’, mote que viene de Caperucita, empezó en la política en 1977, un año después de licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense. Aterrizó directamente en el Gabinete Técnico de la Presidencia del Senado. Tras asumir varios puestos por la UCD, recaló en 1991 en la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, su primer cargo puramente político de la mano de Juan José Lucas entonces al frente del Gobierno regional. Precisamente en eso se escuda el actual presidente, Juan Vicente Herrera, en que nunca formó parte de su equipo, para echar balones fuera.
Cuatro años después, Merino llegó a la vicepresidencia, mientras se mantenía en Fomento. A la vez, asumió cargos en el partido. Aunque la llegada de Herrera lo sacó de la primera línea para pasar a ser procurador y senador, José María Aznar, ya presidente del Gobierno, tiró de Merino para el puesto de secretario ejecutivo de Política Autonómica. Su evolución fue positiva. En 2008 compartió la portavocía del Grupo Parlamentario Popular con Soraya Saénz de Santamaría. No le duró mucho, en 2009 fue imputado, y en 2010 dimitió de sus cargos.
‘Caperu’, un hombre calmado y discreto, era en el realidad conocido en Castilla y León con el sobrenombre de “míster diez por ciento”, según apuntaron varias fuentes a eldiario.es. Que era un comisionista ha quedado acreditado en la sentencia de la Audiencia Nacional, pero no todo cuadra. ¿Cómo es posible que Merino actuase como comisionista sin la connivencia de otros altos cargos de Castilla y León que eran quienes tenían la capacidad de adjudicar? No lo es, Merino cobraba por conseguir contratos en la Comunidad para las empresas de Correa. En octubre de 2016, Correa ratificó ante el tribunal sus apuntes sobre el reparto de comisiones en los que aparecían Bárcenas, Jesús Sepúlveda y Merino. Pero había más siglas, entre ellas TO. ¿Quién es TO? Preguntó la fiscal. “Un consejero de la Junta de Castilla y León”, respondió. La fiscal mencionó entonces a José Manuel Fernández Santiago, que era consejero de Fomento en el momento de los hechos. “Sí, creo que es ese”, dijo Correa.
TO se correspondería con el apodo de Fernández Santiago: ‘Toti’. Fernández Santiago había sido imputado en 2009, pero su condición de aforado le llevó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que archivó la causa definitivamente. Se sospechaba de irregularidades en la adjudicación de la variante de Ollleros de Alba (León) a la constructora leonesa Teconsa. Por un lado, el juez consideró prescrito uno de los delitos, el de cohecho y lo absolvió de los de prevaricación y enriquecimiento ilícito. En el aire queda cómo o a través de quién consiguió Merino las adjudicaciones y a qué consejero de la Junta pagó Correa.
Mientras el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, lamentó que “gente así” haya estado en el partido, el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ha recordado la carta que le remitió Merino hace un año para advertirle de que dejase de hablar de él, y ha anunciado: “La corrupción ya está aquí”.
Juan Vicente Herrera, mientras tanto, podría eludir el Pleno más tenso del año, en el que habrá preguntas sobre las sedes comerciales de la Junta en el extranjero y sobre la sentencia Gürtel.