La Agencia Tributaria ha descubierto que el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y su esposa, Rocío Monasterio, candidata por el partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, declararon un trabajo “simulado” para defraudar a la Hacienda pública. La inspección fiscal ha concluido que el estudio de arquitectura de Monasterio no realizó labor de asesoría alguna para la operación de venta de un edificio de lujo en Madrid de la que se ocupó Espinosa de los Monteros. Pese a ello, el estudio de Monasterio emitió una “factura falsa” por 169.400 euros, IVA incluido.
Los hechos están relacionados con la venta de un edificio en Madrid, en el número 3 de la calle General Castaños, en el elitista barrio de Justicia en pleno centro de la capital. El edificio era propiedad de familiares de Iván Espinosa de los Monteros, quienes recurrieron a la experiencia de éste en la intermediación inmobiliaria para proceder a su venta.
El portavoz parlamentario de Vox contrató supuestamente al despacho de arquitectos de su esposa para que realizara un estudio sobre las posibilidades del edificio. Pese a facturarlo e incluirlo en sus declaraciones y las de sus sociedades, el trabajo de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) fue “una simulación”, esto es, jamás se realizó, según ha comprobado la Agencia Tributaria.
Las conclusiones de la Agencia Tributaria fueron confirmadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Dichas liquidaciones fueron consecuencia de cinco actas de inspección realizadas a Iván Espinosa de los Monteros, dos de sus sociedades y a la firma de arquitectos de Rocío Monasterio. elDiario.es se ha puesto en contacto con el “responsable nacional de prensa de Vox” para obtener la versión de los integrantes del partido aludidos en la información pero no ha obtenido respuesta.
Dichas conclusiones de la Agencia Tributaria devinieron en firmes el pasado mes de julio y ya están judicializadas, después de que la pareja de políticos recurriera ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entre las secciones Cuarta y Quinta de dicha Sala se reparten los cuatro procesos ordinarios abiertos. Fuentes jurídicas informan de que los cuatro procesos están en tramitación y que los magistrados aún no han resuelto sobre ninguno de ellos.
La operación inmobiliaria investigada se desarrolló entre 2015 y 2016, cuando Iván Espinosa de los Monteros era secretario general de Vox. En el negocio, Espinosa de los Monteros implicó a dos de sus sociedades, Premium y Citrum, de las que es poseedor de más del 99% de cada una. La primera de ellas declaró unos ingresos por la operación inmobiliaria de 90.000 euros en 2016, y de 160.000 en 2017. Por su parte, Citrum declaró 375.000 euros de ingresos por la misma operación en 2017. En total, 625.000 euros para el actual vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox por vender el edificio de sus familiares.
La pareja, aduce la Agencia Tributaria, ideó un plan para no pagar a Hacienda lo que debía. La investigación ha determinado que Rocío Monasterio y Asociados SL declaró ingresos por 140.000 euros más 29.400 de IVA por un trabajo del que no ha aparecido rastro documental suficiente, según alega la Agencia Tributaria y consta en los procedimientos que se siguen en Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Rocío Monasterio facturó igualmente a una sociedad de la que ella es propietaria al 99%, Rocío Monasterio y Asociados. En 2016, este estudio de arquitectura declaró ingresos por 304.621,74 euros. En 2017 cuadriplicó esa cifra hasta alcanzar los 1.232.855,13 euros.
Espinosa de los Monteros debía pagar 268.676,79 euros a Hacienda
El trabajo inexistente y la factura falsa no fueron la única irregularidad que encontraron los inspectores. Iván Espinosa de los Monteros atribuyó el trabajo de intermediación inmobiliaria a dos sociedades que en aquel momento le pertenecían casi en su totalidad y Hacienda considera que debería haber tributado como persona física. Esas dos sociedades son las citadas Citrum SL, de la que Espinosa de los Monteros poseía en ese momento el 99,97% de participaciones, y Premium Capital Management SL, de la que era dueño al 99%.
Debido a la artimaña, la Agencia Tributaria concluyó que el portavoz de la extrema derecha en el Congreso debió pagar a Hacienda 293.381,57 euros, repartidos entre 268.676,79 que había dejado de pagar más 24.704,78 en intereses de demora.
Además, Hacienda determinó que si Rocío Monasterio no realizó ningún trabajo a Citrum, sociedad de Espinosa de los Monteros, los 140.000 euros sin IVA que ingresó su estudio de arquitectura no son deducibles por tratarse de una “liberalidad”, y que el IVA repercutido, de 29.400 euros, tampoco lo es.
El resultado de la operación inmobiliaria adquirió notoriedad hace un par de años cuando el comprador, Mabel Capital, puso a la venta las 11 viviendas que pasaron a integrar el edificio. Mabel Capital es un vehículo de inversión participado, entre otros, por un hijo del ex ministro del PP Abel Matutes o el tenista Rafa Nadal. Las viviendas se vendieron a razón de 20.000 euros el metro cuadrado, según publicó Expansión, medio que incluyó entre los compradores de un piso a Marta Ortega, heredera del imperio Inditex.
El trabajo de RMA para Citrum consistía en analizar los planos del edificio y “asistir” a la empresa de Espinosa de los Monteros en el proceso de comercialización. Según el criterio de los sancionados, para el éxito de la operación era fundamental compartimentar el edificio en unidades independientes y el estudio de arquitectos debía establecer cuántos pisos debía albergar el edificio para resultar rentable.
Hacienda considera, sin embargo, que la sociedad de Rocío Monasterio emitió una “factura falsa” porque no realizó ningún trabajo. Los investigadores concluyeron que Iván Espinosa de los Monteros llegó a remitir toda la información a su mujer, pero que aquello solo fue un modo de simular una participación que Monasterio nunca llegó a tener.
Cinco inspecciones al matrimonio y sus empresas
Las cinco actas de inspección que se recogen en los procedimientos ordinarios abiertos en el TSJ de Madrid corresponden a dos por el impuesto de sociedades de Premium y Citrum, las dos sociedades de Espinosa de los Monteros; una tercera por el Impuesto sobre el Valor Añadido de Citrum; otra más por la declaración de la renta del portavoz parlamentario de Vox; y una quinta por el impuesto de sociedades de Rocío Monasterios y Asociados.
En este último caso, el acta de inspección al estudio de arquitectos de la candidata a la Presidencia madrileña por Vox, la Agencia Tributaria también encontró dos infracciones independientes de la operación inmobiliaria. Se trata de gastos en “cursos y formación” y las cuotas de Rocío Monasterio al colegio de arquitectos, que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid declaró por el impuesto de sociedades en lugar de hacerlo como IRPF. El Tribunal Económico-Administrativo impuso por ambas irregularidades una sanción por acreditación improcedente de cantidades que Monasterio deberá compensar en declaraciones futuras.
Tras la publicación de la información, el portavoz parlamentario de Vox admitió a través de su cuenta de Twitter que en 2019 la Agencia Tributaria levantó cinco inspecciones sobre sus movimientos económicos de cuatro años cada una y que “sólo encontraron una operación discutible, a su entender”. Espinosa de los Monteros se refiere así a la inspección de Hacienda que determinó la existencia de una “factura falsa” por “trabajo simulado”. En la misma cadena de tuits el portavoz parlamentario de Vox alega que en la actualidad no tiene ninguna deuda con el fisco porque tras las inspecciones decidió pagar hace dos años las cantidades reclamadas por la Agencia Tributaria y recurrir ante la Justicia.
Las sanciones de Hacienda se suman a otras polémicas relacionadas con Rocío Monasterio y su estudio de arquitectura. El pasado enero, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena a ambos por convertir en 2005 un local en una vivienda en el centro de Madrid a través de “una obra ilegal” de la que la actual portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y su firma eran “conscientes de la ilegalidad”.
El tribunal condenó por aquella obra “ilegal” a Monasterio y RMA SL a pagar 8.043 euros por daños y perjuicios. Rocío Monasterio obtuvo la licenciatura en arquitectura en 2009. Sin embargo, y según acreditó una investigación de El País, la portavoz autonómica de Vox había firmado varios proyectos de su empresa como si fuera arquitecta titulada. Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros llegó a tener embargado su sueldo del Congreso de los Diputados por una condena por el impago de las obras de su chalé, tal y como desveló elDiario.es.
Fuentes conocedoras de la operación inmobiliaria con el número 3 de la calle General Castaños aseguran que los familiares de Espinosa de los Monteros obtuvieron 25 millones de euros por el edificio. En la operación, Iván habría obtenido los 625.000 euros referidos. El edificio es el anexo a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyas Salas de lo Contencioso deben resolver sobre los recursos presentados por los sancionados.
Tras la reforma, el inmueble de lujo ha mantenido su fachada original de estilo neoclásico, si bien el interior es irreconocible, con seguridad 24 horas, spa o gimnasio, a pocos metros de la sede nacional del PP o de la Audiencia Nacional.
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