Nuevo giro de guión en la agónica negociación entre el Gobierno y los alcaldes para la utilización de sus ahorros ante la reconstrucción económica. Hacienda se ha tenido que mover “in extremis” ante la evidencia de que el PSOE no contaba con apoyos en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios (FEMP), tras la negativa de Unidas Podemos a aceptar el trágala del Ministerio de Hacienda. El resultado: un fondo de 5.000 millones a fondo perdido a cambio de sus remanentes a las arcas del Estado. El que entregue, por ejemplo, 10 mi millones de euros, recibirá además 5 para gastar entre 2020 y 2021 que no computarán como déficit. El resto se le devolverán en un plazo de diez años.
Todo esto después una sonora rebelión de los Ayuntamientos y una negociación en la que Hacienda se negaba a variar inicialmente sus posiciones de partida, lo que llevó al grupo municipalista de IU-Unidas Podemos-Comuns la noche del jueves a exigir la retirada de la penúltima oferta de Hacienda y aplazar la Junta de Gobierno de la FEMP para continuar las conversaciones. De lo contrarios, los morados anunciaban su voto en contra, lo que hubiera dejado al PSOE en minoría y sin posibilidad de sacar adelante el texto ni en el órgano de gobierno de los ayuntamientos ni en el Congreso de los Diputados, donde debe convalidarse el decreto.
Y esto ocurría al mismo tiempo que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, negociaba también “in extremis” con el lehendakari, Iñigo Urgullu, un acuerdo sobre la senda de déficit y la capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas para que acudiera a la cumbre de presidentes autonómicos en San Millán de la Cogolla. Una entente que hacía imposible justificar aún más la inflexibilidad del Gobierno en la negociación con los alcaldes, a quienes se les exige entregar sus remanentes y el superávit al Estado para que los administrara el Gobierno de España.
Al final, el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, que ha estado más del lado del Gobierno que de los alcaldes, ha decidido aplazar por cuarta vez la Junta de Gobierno prevista para este viernes ante la falta de apoyos y convocarla el próximo lunes.
Los morados solicitaban, como así ha sido, que el borrador de acuerdo se devuelva al Gobierno con el compromiso de retomar el diálogo y la negociación con unas interlocuciones más amplias y plurales, tanto en la FEMP como en el Gobierno: “Es tan importante comprometer e implicar a todos los grupos políticos en la FEMP como una representación del Gobierno más amplia y plural, incorporando otros ministerios. De esta manera el Acuerdo tendrá un mayor alcance en lo sustantivo y no quedaría en una solución a corto plazo que genera más dudas que certidumbres”.
Sus quejas era compartidas por regidores de todos los colores, incluidos los socialistas que en los últimos días ya habían asumido que tendría que votar el texto sólo por disciplina de partido, pero no porque les convencieran las condiciones de Montero.
Aún así PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, PNV, ERC y PdeCAT rechazaban aceptar las condiciones de la propuesta de Montero, por la que Hacienda se quedaría con el grueso de sus ahorros a cambio de 5.000 millones que los municipios podrán gastar de sus remanentes acumulados. Ni la oferta para que los municipios reciban fondos del reparto de las millonarias ayudas europeas y del que España recibirá 140.000 millones ha convencido a los regidores, ya que el Ministerio no había cuantificado un porcentaje. Luego también ofreció un compromiso escrito para abordar cuanto antes la reforma de la ley de financiación de las Corporaciones locales, que los alcaldes interpretaron como una “larga cambiada”.
Los ayuntamientos llevan años pidiendo al Gobierno de España que se les permita usar sus ahorros, que suman 18.000 millones de euros, pero ni la Ley de Estabilidad ni la Constitución –después de la modificación exprés del artículo 135 acordada en la anterior crisis económica entre PSOE y PP– se lo permite. Y Sánchez parece haberse olvidado por completo de la derogación que prometió en su programa electoral y plasmó negro sobre blanco en su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. A lo más que había llegado es a una solución intermedia que pasa por que los ayuntamientos creen un préstamo a favor del Estado por el importe de sus remanentes, que sería voluntario y generaría una deuda de municipal de 15.000 millones de euros. De este modo, Hacienda les entregaría un ingreso entre este ejercicio y 2021 de 5.000 millones. Y el resto, 13.000, se lo devolvería en los próximos diez años. Esas condiciones siguen intactas, pero ahora ofrecen otros 5.000 millones a fondo perdido.
Y hasta aquí el último capítulo de un culebrón, que tendrá nueva entrega el lunes con la nueva convocatoria de la Junta de Gobierno de la FEMP. Hasta entonces, queda “tocada” Montero y queda en entredicho también el papel jugado por Abel Caballero. Continuará...