La activista pro derechos humanos Aminatu Haidar ha prestado hoy testimonio en la Audiencia Nacional dentro de la causa por genocidio en el Sáhara Occidental que se sigue en este tribunal y ha denunciado torturas y secuestros “sistemáticos” de Marruecos contra “el pueblo saharaui”.
“He podido dar datos concretos y actualizados sobre la tortura y el secuestro sistemáticos cometidos por Marruecos para discriminar y eliminar a todo el pueblo saharaui”, ha señalado la activista.
Haidar ha hecho estas declaraciones tras comparecer en el citado tribunal, a la salida de la citada sede judicial, donde la esperaba un grupo de activistas saharauis ataviados con pañuelos y ropas tradicionales, y que clamaba consignas favorables a su causa, además del tradicional grito saharaui.
“Marruecos culpable, España responsable” y “Viva la lucha del pueblo saharaui” han sido algunos de los lemas gritados por los activistas.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la había citado a declarar como testigo dentro de las diligencias abiertas en 2007 por su predecesor, Baltasar Garzón, por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara Occidental.
La causa por genocidio y torturas, supuestamente cometidos en el Sáhara Occidental entre 1976 y 1987, se inició a raíz de una querella contra trece altos cargos marroquíes en relación con la desaparición de cientos de saharauis.
Haidar ha ampliado los hechos denunciados a otras vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1987 y 1991 e incluso ha declarado que las violaciones de los derechos humanos continúan, según ha declarado a los medios de comunicación.
“Soy testigo y víctima directa de algunos de los hechos incluidos en la querella. Algunos de los responsables siguen con sus altos cargos en Marruecos, entre ellos uno que ordenó el asalto violento militar de un campamento saharaui” y también “mi detención y tortura, en 2005, como activista de derechos humanos”, ha declarado.
“No tengo mucha confianza en que Marruecos colabore”, pero “hay que hacer Justicia” contra los responsables de altos cargos del Gobierno marroquí “implicados en violaciones cometidas a diario contra el pueblo saharaui”, ha añadido.
“Espero se haga justicia, tengo confianza en la Audiencia Nacional y en el juez Pablo Ruz, ha añadido antes de recordar que España ”sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y tiene esa responsabilidad de condenar a los responsables de esos crímenes“.
Los principales altos cargos marroquíes a los que Garzón acordó investigar son Housni Ben Sliman, que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
A Ben Hachem también se le acusa de haber secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia, a la que dio “orden de torturarla”.
También destacan Said Ouassou, supuesto responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis en El Aaiún entre 1976 y 1978; Abdelhak Lemdaour, presunto responsable y dirigente de una gran campaña de detenciones; Moustafa Hamdaoui, dirigente del cuartel de la gendarmería en Tan Tan en 1981 y Dris Sbai, quien presuntamente dirigía las operaciones de secuestros y torturas.
La querella contra estos militares la presentaron el 14 de diciembre de 2006 asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y pro derechos humanos, que cifraron en 542 el número de saharauis desaparecidos desde 1975.
Según la denuncia, a partir de ese año, cuando España se retiró del Sáhara, Marruecos ocupó el territorio “mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años”, y detalla como el Ejército marroquí llevó a cabo “el secuestro, encarcelamiento y desaparición” de cientos de saharauis, la mayoría con nacionalidad española, entre 1975 y 1980.