Héctor Gómez (Guía de Isora, Tenerife, 1978) ha pasado en apenas tres semanas de ser un diputado desconocido para el gran público, dedicado a las áreas de internacional tanto en el PSOE como en el Congreso, a convertirse en el rostro de los socialistas en el Parlamento en sustitución de Adriana Lastra. Llega a la redacción de elDiario.es tras una tensa semana en la que Vox ha embarrado aún más la política al llamar “bruja” a una diputada de la bancada socialista y al encararse Macarena Olona a una periodista. También encara su primera polémica como portavoz: sus palabras sobre el uso de las lenguas cooficiales que se interpretan como una intención de estudiarlo para el Congreso. “Las reglas del juego están determinadas. El castellano es nuestra lengua oficial”, aclara en esta entrevista.
Mide las palabras y evita meterse en charcos. Defiende al Gobierno de coalición minimizando las discrepancias que esta misma semana han aflorado en la negociación presupuestaria respecto a los impuestos o a la regulación de los precios del alquiler. Admite que los socialistas tendrán “flexibilidad” en esos asuntos, pero no anticipa ninguna posición concreta. Reclama al PP “sentido de Estado” y lamenta no poder contar con los de Pablo Casado para asuntos como la política exterior o la renovación del Poder Judicial: “No hay reciprocidad”.
Llega de una sesión parlamentaria larga, la segunda como portavoz. ¿Cómo ha sido el aterrizaje en el Congreso?
Una jornada intensa en esta semana con tres jornadas de pleno; pero muy bien, muy productiva. Estas primeras sesiones llegan con mucha intensidad, con muchas iniciativas de calado, de impacto afortunadamente positivo para la ciudadanía y con máxima entrega y mucho compromiso. De momento está saliendo bien.
Hemos visto justo estas últimas semanas a Vox embarrar el debate político más de lo habitual. ¿Cómo se combate a la extrema derecha? ¿Cree que hay que dejar de contestarla, como dijo el miércoles Gabriel Rufián?
No. Hay que establecer límites que dignifiquen la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y también en el Senado. Lamentablemente se está dando una escalada en las agresiones verbales, en la confrontación, pero no en la confrontación de ideas. Lo que ha sucedido esta semana es una situación que debemos analizar en profundidad, una situación grave que no se debe repetir y así se lo hemos trasladado a la Mesa del Congreso para que adopte medidas y aplique el reglamento. En el caso de que se repita, nos reservamos la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas.
¿Qué tipo de medidas se reservan? ¿Qué se puede hacer?
No vamos a permitir que el Congreso de los Diputados –el espacio de la palabra, del diálogo, del entendimiento, del acuerdo– se convierta en un ring. El Grupo Parlamentario Socialista no va a ser partícipe de este tipo de situaciones. El Congreso de los Diputados no es un espectáculo y por eso debe ser respetado y cumplir los grupos parlamentarios con el fin para el que existen. El grupo parlamentario va a actuar con mucha contundencia. Confiamos en el buen hacer de la presidenta del Congreso y de la Mesa en su conjunto para evitar que se repitan situaciones como la vivida esta semana.
Ustedes señalan a Vox por difundir un discurso de odio que provoca o que acaba en violencia. ¿Cómo se frena esa deriva?
Se frena con argumentos, respuestas, ideas y con la posibilidad precisamente de adoptar medidas que eviten esta corriente. Entendemos que la ciudadanía no se deja influir por este tipo de mensajes como el de que se vivía mejor en una dictadura que en una democracia, o el que considera al Gobierno democrático actual ilegítimo. Situaciones como esta y otras que atentan contra la integridad física de las personas, determinados colectivos, evidentemente deben estar en la diana de las formaciones que nos movemos en el ámbito constitucional. Hay que confrontar ese tipo de situaciones. Somos más los que entendemos la política de otra manera, desde una perspectiva constructiva y no desde una perspectiva de tierra quemada y agresión permanente.
La Ley de Igualdad de Trato que ustedes registraron en el Congreso refleja sanciones para aquellos que discriminen. No sé si está pensado para para este tipo de discursos de odio por el que señalan a Vox. ¿Sería posible sancionar este tipo de conductas?
Esta iniciativa está pensada para proteger y dar cobertura a la diferencia, a la capacidad para desarrollar un proyecto de vida en la dirección que cada individuo considere oportuno desde el máximo respeto. Hay un proceso de intercambio de posiciones de diálogo para aprobar toda iniciativa legislativa, pero evidentemente el fin debe ser tratar de evitar, desalojar, sacar de este contexto a aquellas personas que entienden que solo pueden vivir, que solo tienen derecho a tener un proyecto de vida aquellos que piensan como ellos. Las medidas restrictivas, las sanciones e incluso las medidas de impacto para evitar que se ataque a personas o colectivos que se pudieran considerar vulnerables por parte de estos perfiles, pues evidentemente, cuanto más seguras jurídicamente estén, mucho mejor.
La Delegación del Gobierno dice que no se podía impedir la manifestación nazi de Chueca. ¿Debería intervenir la Policía cuando se están profiriendo gritos homófobos y racistas?
La explicación que ha dado la Delegación del Gobierno en relación a lo sucedido en Chueca creo que es muy clara: habla de una solicitud de manifestación con un fin de manifestarse por tener un criterio contrario a la Agenda 2030 y 2050. Luego la manifestación avanzó en otra dirección. La actuación policial en casos como este tendría cabida. Existe un protocolo de aquellas manifestaciones que deben ir acompañadas, que puedan ser de riesgo o no, y a partir de ahí, corresponde a las autoridades determinar qué manifestaciones o no. Esperamos honestamente que no se repitan situaciones como la vivida.
Una de las grandes labores que tiene por delante son los Presupuestos Generales del Estado. La negociación ha revelado las primeras discrepancias con Unidas Podemos a costa de los impuestos. ¿Usted sería partidario de que las grandes corporaciones paguen ya el 15% por sociedades?
Los Presupuestos Generales del Estado 2022 deben cumplir y deben incorporar muchísimos aspectos. Hay que cumplir dos objetivos: uno, seguir en la senda de la recuperación establecida cumpliendo los parámetros del proyecto que hemos presentado a Europa; y, por otro lado, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Respecto a las medidas sobre las que me pregunta, creo que hay medidas que son de impacto inmediato, medidas que deben ser consensuadas y hay un espacio ahora para negociar, dialogar y demás; pero tiene que estar dentro del marco que nos estamos marcando, precisamente para no poner en riesgo la recuperación económica. Son muchas posiblemente las medidas que incorporaremos en este proceso de negociación, pero digamos que la estructura del presupuesto del próximo año –que somos optimistas y creo que se dan las condiciones, además de la necesidad, para que sea aprobado– está ya tomando cuerpo.
¿Pone en riesgo la recuperación un impuesto del 15% de las grandes sociedades que defienden Joe Biden o la OCDE?
No hablo de poner en riesgo una medida concreta. Son medidas que deben ser consensuadas con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda y tienen que ir complementadas de otras medidas. Estamos hablando de un escenario social y económico que requiere de muchas medidas de impacto para una recuperación creciente y sostenible. Por lo tanto, más que medidas desgajadas, medidas sueltas, tenemos que hablar de paquetes de actuación. Veremos la línea que determina en este ámbito el Ministerio de Hacienda.
Durante esta legislatura ha habido bastantes disfunciones entre el PSOE y Unidas Podemos en asuntos como la Ley de Igualdad de Trato o la ley trans. ¿Qué ha fallado? ¿Tiene alguna receta para mejorar la coordinación?
Me gustaría poner en valor el Gobierno de coalición. Son muchísimas más las iniciativas que se han acordado y que hemos sacado adelante. Es normal que en determinados aspectos existan posiciones diferentes y sobre las que tenemos la obligación de dialogar, consensuar y avanzar. Pero no hablaría de una posición de distanciamiento o confrontación. Todo lo contrario.
La Ley de Vivienda es uno de los temas que se le han atragantado al Gobierno y es una de las exigencias de sus aliados, tanto dentro del Gobierno como los parlamentarios. La PAH le ha presentado su propuesta a algunos de esos grupos. ¿Teme que ERC o EH Bildu la registren para obligar al PSOE a retratarse como hicieron con la ley trans?
Nosotros no tememos nada. La apertura, el diálogo, el recoger propuestas e iniciativas que puedan enriquecer cualquier planteamiento, bienvenidas sean. Somos conscientes de que tenemos que seguir avanzando en este campo porque legislativamente tenemos un compromiso y lo que deseamos es que en los próximos meses se pueda desbloquear y podamos alcanzar un acuerdo para para sacar adelante una ley tan necesaria.
El acuerdo programático habla de “poner un techo a las subidas abusivas de los precios del alquiler”. ¿Por qué el PSOE se resiste a poner un límite a los precios?
Hay indicadores y realidades en otros países que llevan a pensar que determinadas medidas pueden ser no tan acertadas como se pudiera pensar en este momento. Creo que hay que actuar con mesura en un mercado tan volátil. Lo que queremos es adoptar las mejores medidas para este caso. El objetivo final está claro: facilidad de acceso al mercado de la vivienda tanto en el ámbito de la compra como del alquiler –especialmente para los colectivos que más dificultades tienen, como los jóvenes, para quienes se prepara también un paquete de medidas específico–. No hablamos de una medida en concreto, de un techo en concreto; hablamos de muchas medidas que se complementan unas a otras y que, si las adoptamos en el momento adecuado, tendrán un impacto positivo para para atender esta debilidad que tenemos en España en relación a la vivienda.
El Partido Socialista tiene 120 escaños, necesita para sacar esa ley a Unidas Podemos y a otras a otras formaciones. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder si el resto de formaciones exigen que haya un límite o techo?
No sería la primera vez que tenemos que flexibilizar, y que el resto de grupos parlamentarios también, para llegar a puntos de encuentro. Eso se decidirá en el proceso de negociación, pero flexibilidad absoluta. Lo que sí vamos a defender es que las medidas que se adopten sean las mejores.
¿Cuáles son sus prioridades legislativas para este trimestre?
Tenemos numerosos retos. Hemos hablado de un hito importante que son los Presupuestos Generales del Estado 2022, pero también en el campo de la energía tenemos un desafío. Y otras medidas de impacto de carácter económico. Creo que hay un espacio importante para en este trimestre afrontar estos desafíos.
En lo que llevamos de legislatura la gran ley socialista que ha salido del Congreso ha sido la de eutanasia. ¿Por cuál le gustaría que se le recordara a usted?
Son numerosas las que me gustaría. Más que por una iniciativa en concreto, me gustaría que el PSOE dejara su impronta, como siempre lo ha hecho, en iniciativas legislativas que mejoren los derechos y las libertades de la ciudadanía, que también ayuden al desarrollo social, económico, educativo... Tenemos ya a las puertas una ley de Formación Profesional que tiene un carácter muy ambicioso y un compromiso con los jóvenes. Creo que iniciativas de este tipo que ayuden a mejorar los proyectos de vida de nuestra ciudadanía son clave.
El cambio de gobierno se produjo en un momento de desgaste después de la pandemia. ¿Cree que la reunificación de la derecha en torno al PP le puede pasar factura al PSOE en las próximas elecciones?
Este Gobierno ha estado a la altura de esta terrible realidad que nos ha tocado vivir y gestionar. Advertimos una derecha desorientada, una derecha que aplica una política de tierra quemada, a un Partido Popular muy condicionado por Vox, que lo está llevando a posiciones radicales. El Partido Popular está muy lejos de ser ese partido de gobierno. Lo estamos viendo en todos los campos, también en política exterior. Y esa es una de nuestras grandes preocupaciones: el no poder contar con una formación política que ha gobernado España, que aplica el rodillo destructivo de la oposición para bloquear todo aquello que pueda y más, criticar absolutamente todo y no arrimar el hombro absolutamente nada. La lectura que hace la ciudadanía es esa. Por lo tanto, nosotros advertimos una oportunidad para seguir avanzando en un proyecto progresista que desde luego va a sentar las bases de una España mejor en estos próximos dos años.
Una de las quejas de sus aliados parlamentarios es que el Gobierno no negocia lo suficiente los proyectos, que habla poco con ellos antes de llevarlos al Congreso. ¿Pretende cambiar esta dinámica?
Hemos mostrado nuestra voluntad de dialogar con todas las formaciones políticas. En esta nueva etapa tenemos toda la voluntad de mantener espacios de entendimiento con estas formaciones políticas. En los últimos días se han celebrado encuentros del ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes con diferentes grupos y nos sorprende como sin atender a un documento hay determinadas formaciones políticas que dicen: “Vamos a presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado”. No es una buena señal de formaciones políticas que dicen ser de centro este tipo de declaraciones o de posiciones inflexibles que les llevaron a tener hoy una representación mínima. Por lo tanto, nuestra apertura es absoluta.
Por lo que dice, creo que le gustaría atraer a Ciudadanos a la mayoría parlamentaria del Gobierno.
A nosotros nos gustaría que todos los grupos parlamentarios actuaran con la responsabilidad que hoy demanda nuestro país. Nos gustaría contar con aportaciones en positivo del resto de grupos parlamentarios. Nos sorprende ver única y exclusivamente una actitud o una forma de hacer política de tierra quemada y de oposición destructiva.
El Gobierno ya asume que sus aliados parlamentarios para lo que queda de legislatura son las fuerzas independentistas. ¿Se ha quitado el PSOE los complejos de llegar a acuerdos con Bildu que tenían antes?
El PSOE no tiene ningún tipo de complejo. Nosotros trabajamos por el bien de España, el de las comunidades autónomas, el correcto funcionamiento de las instituciones, el respeto a la Constitución, el avance social y la recuperación económica, en este momento. Por lo tanto, nos sentamos con las formaciones políticas que están dispuestas a apoyar iniciativas que son buenas para la ciudadanía. Las formaciones de derecha pedían una abstención técnica para una investidura cuando ganaron las elecciones y, luego, cuando las ganó el Partido Socialista, no llevaron a cabo eso que exigían al PSOE. Estuvimos a la altura en la oposición –en cualquier materia: política exterior, con Marruecos...– porque tenemos sentido de Estado. Hoy no tenemos esa reciprocidad. Por lo tanto, máxima confianza en nuestra capacidad para negociar. Queremos ampliar el espectro de diálogo y de apertura. Lamentablemente, los grupos parlamentarios no están advirtiendo la posibilidad que tienen para ayudar a la ciudadanía en España.
Le voy a preguntar por dos iniciativas concretas que son importantes para los socios del Gobierno. Una es la Ley de Secretos Oficiales, que es una exigencia del PNV y que lleva bloqueada desde 2016 en el Congreso. ¿Por qué lleva tanto tiempo bloqueada? ¿Por qué cuesta tanto desclasificar documentos sobre el 23-F o los GAL?
En el poco tiempo que llevo al frente de la portavocía ya hemos podido hablar de determinadas iniciativas. Una de ellas es esta precisamente. Requiere también del entendimiento del resto de grupos para encauzarlo y nuestra voluntad es poner en marcha todos aquellos temas que están pendientes. No existe ningún propósito de que no se ponga en marcha. Estamos hablando con otros grupos parlamentarios para que todo aquello que sea prioritario lo podamos poner en marcha. Cierto es que tenemos una intensidad importante y una carga de comisiones, de iniciativas o de comisiones de investigación que están en marcha, e iremos incorporándolo a la agenda de la actividad parlamentaria en la medida de lo posible.
La otra iniciativa que lleva tiempo congelada es la derogación de la Ley Mordaza. No está en el plan normativo del Gobierno para 2021. ¿Cree que podrá ver la luz esta iniciativa en el Congreso a partir de las iniciativas que presentaron los grupos, entre ellos el Partido Socialista?
Es un compromiso que queremos retomar.
Hoy se ha mostrado partidario del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Esto es una novedad. Hasta ahora no se hablaban lenguas que no fueran el castellano en el Congreso. ¿A qué se debe esta decisión o esta propuesta de que se empiecen a utilizar?
No hay que confundir interpretar lo que dice la Constitución, que es la diversidad cultural, la riqueza de las diferentes lenguas que se puedan dar en nuestro país, al uso. Yo creo que eso está claro y las reglas de juego están determinadas.
Entonces, ¿es usted partidario de que en el Congreso se hable exclusivamente en castellano?
Creo que lo he dejado claro. Las reglas del juego están determinadas. El castellano es nuestra lengua oficial, pero desde la perspectiva de que existe un respeto máximo a lo que se habla en otras comunidades autónomas.
Se va a reactivar la Comisión Kitchen en el Congreso. ¿Van a llamar a Cospedal y a Rajoy de nuevo?
Ahora mismo no está decidido qué perfiles se incorporan como nuevas comparecencias a esta comisión. Lo que sí queremos es arrojar luz sobre sobre esta trama. Y el Congreso tiene mucho trabajo por hacer.
Pero ustedes fueron partidarios de que acudieran tanto Cospedal como Rajoy. Entiendo que eso no ha cambiado.
Hay una serie de comparecencias aprobadas que vamos a elevar nuevamente a la Comisión e incorporaremos nuevos nombres si definitivamente alcanzamos un acuerdo también con el resto de grupos para que se incorporen. En las últimas semanas hemos visto determinadas declaraciones que nos invitan a valorar la incorporación de nuevas declaraciones.
Tenemos mucho que hablar con el Partido Popular, pero el Partido Popular se niega a negociar
¿Da por perdida la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP para renovar el Poder Judicial?
No le corresponde al Partido Socialista advertir lo que va a hacer el Partido Popular. Tenemos un mandato constitucional y legal que está muy claro que es renovar los órganos y siempre lo hemos hecho estando en el Gobierno o en la oposición. El Partido Popular se ha prestado a negociar, ha vetado y ahora plantea unas condiciones diferentes. Habla de que los jueces elijan a los jueces. Lleva a cabo iniciativas sin negociar absolutamente nada con otros grupos parlamentarios –en el Pleno de esta semana hemos visto cómo han elevado una iniciativa legislativa que ha caído por su propio peso– y no respeta el mandato de las urnas, porque si no tienes el apoyo suficiente, no puedes cambiar las leyes. Lo que estamos diciendo es: cumplan ustedes la ley, cumplan ustedes con la Constitución y, luego, si hay que cambiar, modernizar, actualizar, incorporar matices a los procesos de renovación, pues lo hacemos. Pero también le quiero recordar al Partido Popular que tiene pendiente el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo... Tenemos mucho que hablar con el Partido Popular, pero el Partido Popular se niega a negociar.
La Unión Europea también plantea que un 50% del Poder Judicial sea elegido por los jueces. ¿Por qué ustedes se niegan a aceptar esa propuesta?
Lo que dice Europa es que en España se debe dialogar, se deben renovar los órganos del Poder Judicial conforme a la ley establecida y, a partir de ahí, llevar a cabo cuantas modificaciones sean necesarias.
Pero es una recomendación del Consejo de Europa que el órgano de gobierno de los jueces en un 50% sea elegido por los propios jueces.
Pero el procedimiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial ya se ha iniciado en los parámetros establecidos por la Ley de 1985, conforme al artículo 122 de la Constitución. Por lo tanto, ¿en qué medida se puede modificar un procedimiento ya iniciado? Lo que procede en este caso es negociar, renovar y modificar lo que se tenga que modificar. Pero lo que no podemos hacer es dar la vuelta a una situación en la que el Partido Socialista no se niega a nada. Lo que pide el Partido Socialista es que se cumpla la ley.
La derecha se ha quejado esta semana de que en la sesión de control solamente hubo seis ministros. ¿Cree que se equivocaron al avisar tan tarde del cambio de las preguntas y de que Teresa Ribera no estaba presente en el Pleno, por ejemplo?
En absoluto. Este es el Gobierno que a mitad de esta legislatura más comparecencias acumula: más de 137 entre ministros, ministras y presidente, si lo comparamos con la décima legislatura o la decimosegunda legislatura, con 80 o 79 en total. La oposición tiene que entender que España tiene numerosos desafíos y que nuestro Gobierno tiene que estar presente. Menos demagogia, más capacidad de entendimiento y, desde luego, más compromiso le pedimos a la oposición.
Usted releva en la portavocía a Adriana Lastra, que es una persona con mucho peso político. ¿Le inquieta que eso le complique su labor?
En absoluto, todo lo contrario. Yo tengo muy claro el cometido, la responsabilidad que asumo. Y la asumo con máxima humildad y respeto, pero también con mucha ilusión, compromiso y ganas de trabajo. Hago un planteamiento de trabajo en equipo, no atiendo a cuestiones individuales y, desde esa perspectiva, estamos convencidos de que el trabajo va a salir muy bien.
Van a designar a Carmen Calvo como presidenta de la Comisión de Igualdad, teniendo en cuenta que ella fue ministra del ramo y que después tuvo muchas diferencias con la actual ministra, Irene Montero. ¿Cree que es una buena idea?
Sin lugar a dudas. Carmen Calvo cuenta con una trayectoria impecable, es perfectamente conocedora de este campo y va a jugar un papel extraordinario en esa comisión.
José Luis Ábalos será el presidente de la Comisión de Interior. El exministro dejó entrever su insatisfacción por la salida del Gobierno en una entrevista en Infolibre. ¿Usted entiende el relevo que ha sufrido de todos sus cargos?
Yo no hago una lectura de las declaraciones en esa dirección. Lo que interpreto es que el exministro José Luis Ábalos cuenta con una trayectoria importante y, por lo tanto, con un conocimiento adquirido y un capital destacado que hay que poner en valor dentro de la acción del grupo parlamentario. Hará una magnífica labor como presidente de la Comisión.
El cambio de gobierno tuvo una lectura y es que Pedro Sánchez tiraba de cantera pensando en las elecciones autonómicas y municipales de 2023. ¿Se ve usted de candidato en su tierra?
Tenemos un magnífico presidente en Canarias, Ángel Víctor Torres. Está haciendo una magnífica labor. Ha demostrado solvencia, capacidad de negociación y de diálogo y tiene largo recorrido en Canarias. Cuenta con todo nuestro apoyo. Mi espacio ahora mismo está aquí, en la responsabilidad que tengo, a la que me voy a emplear con máxima intensidad, con humildad también y a disposición de lo que determine mi partido.