El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos no peligra. Al menos no de forma inminente. Pero en su seno se siguen produciendo importantes divergencias sobre cómo atajar la emergencia sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus. En la última semana han sido la vuelta al trabajo en algunos sectores no esenciales o la aprobación de una renta mínima de emergencia para dotar de ingresos a los hogares más vulnerables las que han generado más roces dentro del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, quien es en última instancia el que inclina la balanza hacia un lado u otro en cada ocasión que hay una disputa.
Casi desde el comienzo de la crisis el Consejo de Ministros ha sido escenario de largos debates sobre las medidas a aplicar, con diferencias tanto en los plazos como en su amplitud. Desde la propia declaración del estado de alarma hasta la moratoria a las hipotecas o las ayudas al alquiler, pasando por las trabas a los despidos por causas económicas.
En el Gobierno se han establecido dos bandos, más o menos fijos. El que ha abogado desde el principio por una reacción más rápida y contundente ante la expansión del SARS-CoV-2 para evitar su propagación y quienes, con posiciones más ortodoxas, plantean que no se puede aceptar una paralización de la economía que complique la recuperación posterior.
El primer grupo lo integran los ministros de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, así como otros de la cuota del PSOE que basculan en función de la materia concreta y de cómo se ha gestionado su desarrollo. El segundo está comandado por las ministras económicas socialistas: la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero.
Hasta ahora las decisiones del Consejo de Ministros se debatían, a puerta cerrada, pero luego se asumían ante los medios de comunicación y la sociedad. Fue el caso de las ayudas al alquiler, que supusieron un duro enfrentamiento entre Calviño e Iglesias, con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, situándose esta vez del lado de la vicepresidenta económica.
La norma finalmente aprobada quedaba muy lejos de las posiciones defendidas por Iglesias en una materia especialmente sensible para los integrantes de Unidas Podemos y sus confluencias, algunos de cuyos dirigentes más destacados provienen de los movimientos sociales a favor de una vivienda digna. Es el caso de Irene Montero o de Ada Colau, por poner dos ejemplos. El vicepresidente segundo asumió la derrota y defendió el decreto, como había hecho hasta entonces con los anteriores.
Muy similar ha sido el desenlace del debate sobre la conveniencia o no de que la actividad económica no esencial recupere poco a poco la normalidad.
Este lunes volvían a su puesto de trabajo miles de personas que habían sido desmovilizadas por el decreto que ordenaba un permiso retribuido y recuperable durante los días anteriores a la Semana Santa. La idea era reducir al máximo la movilidad durante una quincena, aprovechando los festivos, y conseguir “doblegar la curva de contagio” del SARS-CoV-2.
Desde un principio se planteó como una medida extraordinaria para el periodo de tiempo que fue aprobada. Pero el creciente malestar social en contra de reanudar las actividades laborales y el éxito de la medida, que ha llevado los datos de movilidad al mínimo desde el inicio de la crisis, llevó a Unidas Podemos a plantear una prórroga del permiso retribuido.
Sin embargo, la decisión estaba tomada. Y, por primera vez desde el inicio de la crisis de la Covid-19, en Unidas Podemos han dado muestras de su desacuerdo en público. El primero fue el propio Iglesias, quien tuiteó el domingo una pieza informativa del medio Ctxt en la que se señalaba a la oposición de la patronal italiana a cerrar el área industrial de Bérgamo como uno de los posibles focos del alto contagio en Italia.
Un día después, la ministra de Igualdad aseguraba en una entrevista en La Vanguardia: “Habrá presiones de ciertos poderes económicos que quieran recuperar la actividad a toda costa. Sabemos que nuestra obligación es resistir a todas las presiones y defender el interés general. Los trabajadores que usan el transporte público, los que no pueden teletrabajar, son la primera línea en el eventual proceso de desescalada; no podemos ponerles en riesgo”.
Sánchez aseguró en su comparecencia del domingo que asumía en primera persona, como mando único a través del decreto de estado de alarma, la responsabilidad de la vuelta de parte de la actividad no esencial y subrayó que todas las decisiones se toman de acuerdo a los criterios científicos y no “de otra índole”. Tras recordar que ya había recibido “críticas” al paralizar la actividad económica no esencial, zanjó: “El Gobierno de España siempre va a actuar bajo una única presión y es la del comité científico”.
También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este lunes que se hayan producido presiones para retomar la actividad y que haya habido discrepancias dentro del Ejecutivo al respecto.
Ingreso Vital de emergencia
El debate se ha trasladado ahora al Ingreso Mínimo Vital (IMV). El diseño y establecimiento de una suerte de renta básica que armonice todas las fórmulas que conviven en el Estado español, ya sea a través de comunidades o de ayuntamientos, formaba parte del acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Unidas Podemos.
Todos contaban con que su desarrollo llevaría bastantes meses. Pero la irrupción de la emergencia del coronavirus ha metido presión en el seno del Consejo de Ministros. Pese a las ayudas aprobadas en diferentes niveles de la administración, el parón económico abundará, sin lugar a dudas, en empeorar las condiciones materiales de vida de las personas más vulnerables.
El IMV, pensado en un principio para atajar el problema de la pobreza infantil en España, adquiere ahora otra dimensión, tal y como reconoció Sánchez el domingo: “Después de la contundencia de esta pandemia, lógicamente, tenemos también que hacerlo para otro tipo de realidades sociales que, inevitablemente, van a brotar como consecuencia del parón de la actividad económica”.
El presidente dejó claro que el ministro responsable de su diseño es el de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha sido uno de los aliados habituales de Iglesias en los debates que se dan en el Consejo de Ministros. En una entrevista con El País, Escrivá sostiene que el IMV será una medida “estructural, permanente” y que los trabajos que desarrolla su departamento “se refieren a cómo se identifican los hogares beneficiados, cómo se paga y cómo se despliega. (...) Cuando tengamos todo bien aquilatado, lo presentaremos y lo pondremos en marcha”.
Iglesias, por su parte, ha planteado la idea de un IMV “puente” que permita atajar ya los problemas de liquidez en los hogares que está provocando la pandemia. Una renta de emergencia para poner en marcha lo antes posible. “El Gobierno quiere aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del IMV definitivo”, expresó la Vicepresidencia de Derechos Sociales en un comunicado que envió a los medios el jueves, tras una reunión con sindicatos y ONG.
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión negaron desde el principio que se estuviera abordando esa medida temporal y que la iniciativa en la que trabajan es la que tendrá carácter permanente.
Ese comunicado también provocó una reacción desairada de la CEOE porque aseguraba que Iglesias había “intercambiado documentos” con Antonio Garamendi al respecto. La patronal negó haber negociado esa iniciativa y anunció un plantón al Ministerio de Trabajo, aunque sí reconoció que, efectivamente, Iglesias le había trasladado el documento que la Vicepresidencia segunda del Gobierno había pactado con sindicatos y organizaciones sociales. Al día siguiente, la portavoz del Gobierno atribuyó ese malestar a una “confusión” y aseguró que la relación con CEOE era “absolutamente fluida” no solo en el marco del diálogo social sino en niveles sectoriales y dio por zanjado el conflicto.
De hecho, la organización de autónomos ATA, que forma parte de la patronal, ha participado este lunes en una reunión con el departamento que dirige Yolanda Díaz pese al plantón anunciado.
María Jesús Montero también aseguró que el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión sería el que mantendría encuentros con CEOE para trasladar a los empresarios la “arquitectura” de un “modelo ambicioso” de renta mínima que calificó como “un modelo de legislatura”.
El ministro Escrivá asegura en la entrevista en El País que existen “iniciativas bien intencionadas que están planteando algo extraordinario”, pero no anticipa que esa decisión pueda llegar pronto. Tampoco lo hizo la ministra de Hacienda y portavoz la semana pasada, cuando dio por hecho que el Gobierno trabaja exclusivamente en el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital permanente. O el propio presidente del Gobierno. El domingo, Pedro Sánchez aseguraba que el IMV debía “ponerse en marcha cuanto antes”, pero sin ofrecer un horizonte temporal mínimo.
Fuentes cercanas a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Iglesias explican a eldiario.es que en la situación actual “la aprobación de un ingreso mínimo vital es, para muchas personas y familias, una necesidad de extrema urgencia”. “No pueden esperar semanas ni mucho menos meses hasta que esté en funcionamiento la propuesta general en la que trabaja desde hace semanas el Gobierno”, responden las mismas fuentes tanto a Escrivá como a Sánchez y Montero.
En Unidas Podemos están preparados para incrementar la presión pública sobre esta renta de emergencia. Y, como ya ocurrió con el decreto del alquiler, el Gobierno podría encontrarse con dos textos alternativos que luego tener que armonizar.