En enero de 2011, PP y PSOE pactaron una reforma de la Ley Electoral (LOREG), respaldada por CiU y PNV, que introducía la obligación de que los emigrantes solicitasen de forma expresa el voto para poder ejercer su derecho. Este es el inicio de lo que se conoce como voto rogado, el sistema que ha hundido la participación de los electores en el exterior y que un año más obligará a dos millones de españoles a superar un gran número de trabas para votar. La proposición de ley promovida por PSOE y Unidos Podemos para ponerle fin no ha llegado a tiempo: la disolución de las Cortes este 5 de marzo ha frustrado su tramitación.
La modificación de la Ley Electoral de 2011 pretendía acabar con los problemas y fraudes que se daban con el censo electoral en las votaciones del electorado exterior. También unió el derecho de sufragio en los comicios municipales a la condición de vecino, es decir, prohibió votar en las elecciones locales a todos los españoles registrados en el extranjero, como ocurría hasta ese momento.
María Almena, portavoz de Marea Granate, explica que se daban “dos problemas” antes de la reforma: que el censo del exterior se creó “vertiendo los datos del padrón sin actualizar” −por eso aparecían electores fallecidos o problemas con los datos de los domicilios, indica el colectivo− y las “redes clientelares” que existían con el voto municipal desde el exterior, el único que antes era rogado. “En el voto municipal sí se rogaba y esto hizo que los partidos empezaran a mover redes clientelares. Sobre todo porque el ruego permite la intercepción del voto personal: se organizaban comilonas donde les pedían a inmigrantes los pasaportes para rogar el voto por ellos y había un trasiego de votos. Pasaba justo antes de que se aprobase el ruego”, afirma María Almena. Esta irregularidad no se solucionó sino que quedó “oculta”, dice Marea Granate en su informe de 2015.
Este colectivo argumenta que la propia Junta Electoral ya advertía en 2009 que ampliar el voto rogado podría provocar una disminución de la participación, como así ocurrió. Los principales problemas originados por esta legislación han sido los retrasos en la llegada de la documentación (e incluso en el propio voto), los ajustados plazos, las dificultades para viajar hasta la ciudad donde se encuentra el consulado para 'rogar' el voto o la falta de documentación.
Caída en picado de la participación
La modificación que pretendía acabar con los fraudes en el censo acabó, en la práctica, generando un gran descenso de la participación. En estos ocho años de voto rogado, el número de españoles en el extranjero no ha parado de aumentar mientras el número de sufragios, en cambio, caía en picado. En 2008, con el anterior sistema, la cifra de personas que ejercieron su derecho fue de 383.016 del total de 1.201.433 inscritos en el CERA. Una vez se instauró el voto rogado llegó el hundimiento: poco más de 73.000 votos en 2011 pese a que el censo llegó al millón y medio.
Entre el 20D de 2015 y la repetición electoral del 26J (2016) hubo un incremento de la participación, pero sin llegar nunca a las cifras anteriores. De los 1.924.012 españoles llamados a las urnas en junio, pudieron votar 120.777, según los datos aportados a EFE. La variación con respecto a las pasadas elecciones (88.900) fue de 1,54 puntos.
“Se vio que el sistema no funcionaba, pero justo empezó la ola de migración económica por la crisis. Nos encontramos en un escenario muy distinto en el que el voto exterior empieza a ser contestatario, cuando se desglosa por provincias suele salir de izquierdas, aunque también hay bastante del PP”, asegura Almena. La fuerza más votada en las pasadas elecciones fue Unidos Podemos (36.193 papeletas, el 30,20% del total) y se impuso en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Comunidad Valenciana, Euskadi y Baleares. El PP fue el partido más votado en Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja (34.275 sufragios, el 28,6% del total). El PSOE no venció en ninguna comunidad y fue el tercero en votos y porcentaje (19.916 votos, el 16.62%).
Sus propios impulsores se desmarcan
Los partidos impulsores de la modificación se han ido desmarcando con el paso de los años −además de contar con el rechazo de Unidos Podemos, ERC o BNG, entre otros partidos−, pero los diversos intentos para rectificar han acabado bloqueados o frustrados. “Nadie mueve demasiada ficha para reformar el voto, aunque empezaron a decir que había sido un error y que había que hacer algo para corregir el problema. El PSOE siempre lo ha llevado un poco por bandera y entonado el mea culpa, pero luego no ha sido una prioridad”, lamentan desde Marea Granate.
En 2017 se creó una subcomisión en el Congreso de los Diputados para estudiar una reforma de la LOREG, aunque con poca actividad. La Marea Granate presentó su propuesta en diciembre de ese año en la que pedían, entre otras cuestiones, la derogación del voto rogado y la instauración de un sistema múltiple para votar. Su propuesta incluía el voto por correo, presencial en consulados y el voto “por delegación de poder”, una fórmula utilizada en países como Francia o Reino Unido que permite designar un representante que ejerza ese derecho.
A principios de ese mismo año, la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pedía agilizar el voto en el extranjero en un informe en el que señalaba también que este sistema “ha dificultado el pleno ejercicio del derecho fundamental a la participación política”. Los problemas con el voto por correo y con el voto desde el extranjero acapararon la mayor parte de las quejas que recibió la Defensora del Pueblo en materia electoral en su memoria de 2016.
La reforma que no fue
El último intento de llevar a cabo una nueva reforma en la LOREG ha acabado, de nuevo, frustrada. La proposición de ley de PSOE y Unidos Podemos se sometió a debate en el que fue el último pleno del Congreso. Fue apoyada por todos los partidos cuando ya no era posible que se aplicase. Las formaciones se lanzaron entonces reproches entre sí: el PSOE aseguró que el PP ha puesto “trabas” a la modificación al presentar una reforma alternativa −incluía su eliminación pero pedían mayor control de la identificación de los electores− y el PP respondía la culpa había sido del propio Pedro Sánchez por adelantar las elecciones.
La proposición de ley de PSOE y Unidos Podemos acababa por completo con el voto rogado. Todos los residentes recibirían la documentación en su domicilio: se trataría de una papeleta en blanco y todas las instrucciones para conocer las candidaturas. Al igual que ocurre ahora con el CERA, podrían emitir su voto de forma presencial en el consulado −pero con más plazo: de tres a siete días− o hacerlo por correo. En ese documento también aparecía la posibilidad de que se pudiese votar en un mayor número de embajadas o consulados.
No será así: ocho años después de la instauración del voto rogado, una vez más los más de dos millones de españoles que viven en otros países se enfrentan al laberinto de trámites burocráticos que conlleva ejercer su derecho.