Miguel Ángel Bayo, un facultativo de la Policía que antes de funcionario sin placa fue agente, comenzó su comparecencia ante la comisión del Congreso por el caso Kitchen declarándose “un cajero de cuarta” y se marchó reconociendo que, como reveló elDiario.es en marzo de 2019, era el “hombre de los maletines” en el Cuerpo y actuaba como mano derecha en diferentes cuestiones para el jefe de la brigada política, Eugenio Pino.
En palabras del propio Bayo, él hizo de “transportista” del dinero que salía del Ministerio del Interior hacia la Policía para sufragar las operaciones secretas y no se limitaba a llevar y traer papeles, sino que los leía y se pronunciaba sobre ellos, también sobre las notas informativas que elaboraba el comisario José Manuel Villarejo.
Para eso tuvieron que pasar cuatro horas de preguntas que Bayo había sorteado “vehemente”, como él mismo se describió, y con un mantra: no hablaba de nada porque todo era material reservado. Así sobrevivió a las preguntas del PSOE o de Vox, pero no a las del portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que se plantó a la excusa del material reservado por ser falsa.
Santiago recuperó la orden del Gobierno de desclasificar las cuestiones por las que se le estaba preguntando a Bayo, a petición en su momento de la Audiencia Nacional, y terminó invocando el artículo 502.3 del Código Penal para que se informe a la presidenta de la Cámara de que el diputado apreciaba “claramente indicios de criminalidad” en el facultativo jubilado. El citado artículo recoge que “el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.”
Cerró el turno de preguntas, el portavoz de EH Bildu Jon Iñarritu, quien logró que Bayo, descentrado, dejara de hablara de “cajero de cuarta” para reconocer que él llevaba y traía el dinero de los fondos reservados, que era el “transportista” del dinero y que, como dijo Pino en sede judicial, le llevaba las notas informativas de Villarejo sobre cuestiones como la Operación Catalunya a otro destacado miembro de la policía política, Marcelino Martín-Blas. Y no solo que las llevaba, que también las leía y opinaba sobre su contenido.
Pero las preguntas de Iñarritu provocaron que Bayo cometiera otro error. El facultativo jubilado aseguró que él accedía a documentación confidencial sin autorización expresa para ello, una grave irregularidad. El CNI es la autoridad nacional para la protección de la información clasificada, a partir de la Ley que regular el propio Centro desde 2002. Como tal, emite unas normas que debe cumplir cada Ministerio para que su personal acceda y maneje información clasificada, según una norma de 2012.. Para que cualquier funcionario pueda acceder a esa documentación eso tiene que haber una resolución positiva del CNI. Esa es la “habilitación personal de seguridad” que Bayo ha reconocido que nunca tuvo.
Colaboración con el comisario Villarejo
En su turno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, había recuperado el historial de Miguel Ángel Bayo. Se trata del funcionario que firmaba los documentos que eximían a Villarejo de comparecer en rueda de reconocimiento en la causa por el apuñalamiento de la doctora Pinto, alegándose viajes al extranjero.
La medalla pensionada que le concedió el comisario Pino a Bayo, como le había recordado el diputado socialista David Serrada, fue defendida oficialmente por el director adjunto operativo por ser “el encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”. Una imagen ésta muy alejada del “cajero de cuarta” que había intentado ofrecer el compareciente.
Tras hacerle incurrir en varias contradicciones, el diputado Rufián concluyó: “Un patriota tiene que ponerse a temblar y desear que alguien como usted nunca esté en las instituciones”.