El PP de Madrid utilizó durante la última década dos empresas públicas de la Comunidad con presupuestos multimillonario para convertirlas en cajeros automáticos al servicio del partido. El Canal de Isabel II tiene un gasto anual que ronda los 1.000 millones de euros, y la agencia de informática (ICM) maneja en este ejercicio más de 150 millones, pero en el pasado llegó a superar los 210 millones.
Estas han sido las grandes huchas de las que ha tirado el PP de Esperanza Aguirre para pagar a sus proveedores en las campañas electorales y también a los medios de comunicación amigos.
Las pruebas están en dos sumarios que han provocado que los últimos dos secretarios generales del partido en Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, duerman en celdas separadas de la prisión de Soto del Real. Las operaciones Púnica y Lezo que instruyó desde el mismo despacho de la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco acumulan indicios de cómo esas dos empresas públicas financiaron al PP y a su paraguas mediático. Las pruebas están por todas partes.
La Unidad Central Operativa de la Guardia civil sorprendió a un ejecutivo de una empresa proveedora de la Agencia Informática entregando un sobre con 10.000 euros para pagar deudas del Partido Popular. También hay pinchazos telefónicos que demuestran que las órdenes para que efectuasen esos pagos las daban altos cargos del Gobierno de Ignacio González.
La fiesta de la publicidad corría a cargo del Canal de Isabel II, que llegó a pagar en una década más de 55 millones de euros en propaganda. Premiaba en el reparto a los medios más fieles al PP y sobre todo a su presidenta de entonces, Esperanza Aguirre. Esa partida dio incluso para que alguna de las pedreas cayese a diarios sin audiencia, como El Pulso, un portal desconocido que ingresó 141.000 euros a pesar de que no está auditado por ningún sistema de medición de lectores.
En el caso de ICM, la agencia que coordinaba toda la informática de la Administración regional, es clave el papel que jugó la multinacional Indra, un gigante que ha logrado contratos millonarios (que ahora se investigan) de los Gobiernos regionales de Aguirre y González.
En 2007, a través de ICM, se le contrató para hacer el recuento de las municipales y autonómicas en Madrid por 1,5 millones. En 2011 repitió encargo por tres millones y en 2015 le estaba preadjudicada esa misma labor por 4,45 millones, pero las denuncias de UPyD en la Asamblea y la detención en Púnica del consejero delegado de ICM frustraron el encargo.
Para entonces la Guardia Civil ya había sacado fotos al director general de Indra, Santiago Roura, en un aparcamiento de La Moraleja en Madrid entregando un sobre con fajos de billetes a Alejandro de Pedro Llorca, un informático que hacía trabajos de reputación para distintos cargos populares y al que el PP le había dejado a deber parte de la cuenta.
Las escuchas telefónicas en poder del juez Velasco revelan que la orden partió del que en 2015 era consejero de Presidencia de la Comunidad y mano derecha de González, Salvador Victoria. A través de ICM, Victoria exigía a Indra que saldase las deudas del PP. En aquel sumario, los investigadores de la Guardia Civil descubrieron que también pidió a la multinacional que pagase 20.000 euros a Demométrica, una firma que realizaba encuestas realizadas para el PP, y 90.000 a la empresa Swat, una consultora electoral implicada en Gürtel que trabajó durante años codo con codo con el partido en las campañas.
En la Operación Lezo, los investigadores tienen indicios de que en realidad Indra abonó 700.000 euros de facturas al PP madrileño. Su consejero delegado, Javier de Andrés, sigue imputado en el caso. Igual que Roura quien, tras el escándalo de los pagos en el aparcamiento, abandonó la empresa con una suculenta indemnización que incluye cláusula de confidencialidad, según fuentes de la compañía.
La sospecha de Velasco es que Indra no sacaba ese dinero de su cuenta de resultados sino que la liquidez para el partido salía de inflar contratos que pagó el Gobierno madrileño. Por eso está imputado el consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, acusado de graves delitos tanto en Púnica como en Lezo y que logró evitar la prisión tras abonar una fianza de 100.000 euros.
A Martínez Nicolás le encontraron los investigadores una cuenta en Liechtenstein que ha realizado movimientos a bancos de Panamá y Suiza por un millón de euros, según figura en el sumario. Otras fuentes consultadas sostienen que, en realidad, el dinero que se transfirió fue medio millón y que, la Guardia Civil calculó doble porque el ingeniero informático prejubilado de RTVE tuvo que hacer dos intentos a través de otros tantos paraísos fiscales, puesto que el primero no fructificó.
La Guardia Civil, el juez y los fiscales de Anticorrupción sospechan que del Canal de Isabel II también manaba dinero hacia el partido. La empresa pública que, como ICM, está sometida a un control más laxo que el Gobierno regional, no sólo ha beneficiado con decenas de millones de euros dinero púbico a medios de comunicación amigos. También ha servido para colocar a amigos y parientes del partido, desde el profesor de pádel de José María Aznar a apellidos ilustres de la derecha madrileña.
Que Ignacio González sabía del potencial del Canal de Isabel II para ayudar en los trapos sucios del partido, lo demostró en una conversación que mantuvo con dos periodistas que le pedían explicaciones por una adjudicación de su consejería mucho antes de que estallase la crisis económica: “¿Pero pensáis que si yo quisiese hacer algo raro, iba a hacer algo aquí, en vez de recurrir al Canal, que maneja miles de millones?”. Esa respuesta dejó perplejos a los redactores. Una década después, una macrocausa con miles de folios y horas de grabaciones da a entender que aquella pregunta retórica de González fue premonitoria.
Los vínculos del hombre que sucedió a Aguirre en la Comunidad con las dos ramas del caso son hoy evidentes. De Andrés, el consejero delegado de Indra, la empresa que abonaba esas deudas del PP mientras contrataba con la Administración regional a través de ICM, mantiene una relación muy cercana con el expresidente madrileño. Tanto es así que su esposa, María Fernanda Richmond fue fichada en el Canal de Isabel II como directora financiera.
Richmond, como González, duerme en prisión desde el viernes 21 de abril. Está acusada de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude. Su fianza ha sido de las más elevadas que ha impuesto el juez Velasco: cuatro millones de euros. Los investigadores consideran que su participación fue clave para permitir la ruinosa compra por parte de una filial del canal de la empresa colombiana Emissao, por la que se pagaron 31 millones de euros y que unos meses después valía cinco.
La UCO intenta seguir el rastro del dinero -parte de los fondos se abonaron en una cuenta suiza- porque sospecha que en la operación hubo algo más que mala gestión.
De la concepción patrimonial que Ignacio González tenía de las dos mayores empresas públicas de la Comunidad da cuenta una reunión que, según apuntan los investigadores del caso Lezo, se celebró el 7 de junio de 2012 en la Asamblea de Madrid.
En ese encuentro, que relata el sumario, el secretario general del PP que había sustituido a Granados por decisión de Aguirre siete meses antes, pidió al consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, un millón de euros de la agencia pública “para sanear las cuentas del PP”.
Una fuente de la investigación asegura a eldiario.es que en ese encuentro había además un alto cargo, al que no identifica, del Canal de Isabel II al que González le hizo el mismo encargo: recaudar otro millón. El motivo: que Granados había dejado la caja del PP tiritando tras la campaña electoral de 2011 en la que se habían acumulado deudas con numerosos proveedores. Nueve de ellos, escribe el juez Velasco, lograron cobrar a través de Indra.