Ignacio González trató de recuperar el dinero negro que tenía escondido cuando se vio atrapado por su alto nivel de vida y sus problemas judiciales, el sumidero por el que se vaciaban sus cuentas corrientes. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado la existencia de “un importante patrimonio oculto” que González “y su organización” intentaron blanquear, siendo “especialmente cuidadosos en el diseño, planificación y ejecución” de la operativa.
Así consta en un informe incorporado al sumario del caso Lezo, que repasa las actividades delictivas de la antigua mano derecha de Esperanza Aguirre, y se detiene en su “disponibilidad de capital de origen ilícito obtenido de las supuestas actividades criminales del investigado”. Los agentes llegaron a esa pista gracias a los pinchazos telefónicos a su enlace en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, en prisión incondicional junto al expresidente madrileño.
En una conversación que mantiene con María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal de Isabel II, ambos comentan el alto nivel de vida de González y su mujer, Lourdes Cavero, cuando apenas tienen ingresos. Tiene varias personas a su servicio en su casa y una hija en la universidad privada. Richmond comenta que sus gastos “no aguantan justificaciones” y Rodríguez le contesta que echan mano del “dinerillo B que haya por ahí”. Él mismo reconoce que deberían “modificar el estilo de su vida” y que ha recomendando al expresidente madrileño que pase “desapercibido” en lugar de obsesionarse con “tener ingresos”.
Los agentes concluyeron de esa conversación que los ingresos de los que hablan tienen “naturaleza criminal”. La capacidad económica de la pareja y el elevado coste de las inversiones que tenían previstas, para las que no buscaron financiación, llevaron a los agentes a deducir que poseían un importante patrimonio sin declarar. La investigación reveló una estructura para blanquear ese dinero negro a través de “complejos instrumentos de inversión”, sociedades interpuestas y “estructuras societarias en terceros países”. También montaron una red de facturación cruzada y usaron al padre de González para recibir préstamos “ficticios”.
“¿Dinero B entonces?”
Para descubrir este último método de blanqueo de dinero los agentes no tuvieron que indagar mucho. Antes de saberse investigados, Ignacio González y su hermano Pablo detallaron en varias conversaciones grabadas cómo funcionaban esos préstamos falsos. “Otra hostia que me han metido del honorario de los abogados de los cojones estos”, comenta Ignacio para justificar que vuelvan a hacer “otra operación como la de la otra vez”. “¿Qué era? Un préstamo de papá, ¿no?”, pregunta Pablo, a lo que contesta Ignacio afirmativamente. “¿Dinero B entonces?”, inquiere Pablo. “Sí, dinero B”, responde su hermano.
El informe señala que la necesidad del expresidente madrileño de disponer rápidamente de dinero en efectivo le llevó recurrir a este “contrato de préstamo ficticio”. Él mismo reconoce que acaba de pagar 50.000 euros a sus abogados y pide a su hermano 15.000 para reponer su cuenta corriente. Los investigadores sostienen que esta era una dinámica habitual de los hermanos para que Ignacio dispusiese de ingresos cuando los necesitaba de una manera rápida.
Los investigadores también han detectado operaciones de facturación cruzada con las empresas Asesora 25, controlada por Pablo, Comunica Mas, cuyo propietario es Jaime Antoñanzas, y Asecon, propiedad de José Manuel Serra Peris. Los tres habrían hecho pagos a González con apariencia de retribuciones legales, cuando en realidad le estaban entregando su propio dinero negro tras una operación de lavado. “El expresidente entrega el efectivo a su hermano para que se lo transfiera ya blanqueado” a través de esas empresas, resumen los agentes.
Una sociedad pantalla para “no levantar sospechas”
Aparte de estas operaciones para obtener dinero rápido, la investigación ha destapado los intentos de González para canalizar a través de inversiones grandes cantidades de su patrimonio oculto. Lo intentó con el exministro Eduardo Zaplana, con el que planificó la comercialización de un producto de desinfección de aguas. Para ello requirieron la ayuda del abogado uruguayo Fernando Belhot, que les iba a ayudar a comprar parte de South Capital Partners, una sociedad inactiva con la que iniciarían su negocio en España.
El expresidente madrileño quería entrar en la empresa mediante “una persona interpuesta” o una empresa ficticia que ocultase su identidad. “González conseguiría velar su identidad canalizando fondos de origen indeterminado a través de una sociedad pantalla (…) sin levantar sospechas”, explican los agentes de la UCO. Al final optó por hacerlo con una sociedad “opaca” -según sus propias palabras- porque no consiguió un testaferro de su confianza.
El negocio se resume en que González y Zaplana querían adquirir la empresa inactiva que posee la patente de un desinfectante, para poner a otra persona que figurase como administrador y ocultase que ellos eran los verdaderos propietarios. El expresidente regional explica a su socio que ingresará en sus cuentas los beneficios que consigan facturando a esa empresa sus servicios como autónomo, como si trabajase para ella en lugar de ser su dueño. Los investigadores creen que buscaba, mediante testaferros y empresas pantalla, canalizar una “facturación instrumental” para aflorar sus fondos en negro.
Junto a este proyecto, Zaplana y González buscaron la ayuda de Belhot para montar estructuras financieras en terceros países. Ambos comentan que quieren servirse de las capacidades del abogado uruguayo para “montarnos alguna historia para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo o invirtiendo capital”. De nuevo, los agentes deducen que buscaban “aflorar capital de origen ilícito”.
'Mis Pollitos' servía para pagar la secretaria
Su segunda gran operativa de blanqueo fue una red de guarderías, donde interviene la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero. Se alió con la empresaria Carmen Pazos, que aportó al Grupo Empresarial Chikies un negocio de guarderías -Mis Pollitos SL- en Salamanca con la certeza de que sería adjudicataria de servicios de guarderías en esa ciudad por sus relaciones con cargos públicos. González asegura en una conversación que a Pazos “le han prometido que le van a dar cuatro guarderías nuevas en Salamanca, concesión municipal”.
Con la certeza de un negocio seguro a cargo de las arcas públicas, la mujer de González urdió una estrategia para aportar a ese grupo empresarial cerca de medio millón de euros. Pero no lo hizo directamente, sino que quería “cuatro o cinco accionistas que actuarían como personas interpuestas” para ocultar que ella estaba tras la operación. González confesó a su hermano en una conversación grabada que su mujer echaría mano de “B liberado”.
Con esos datos, el informe concluye que el verdadero propósito del matrimonio era “instrumentalizar el tráfico comercial” de las guarderías 'Mis Pollitos' para hacer frente a determinados gastos. En concreto, los agentes creen que ese dinero se iba a destinar a pagar los honorarios de su secretaria y el alquiler del despacho de la calle Atocha. Comprobaron más tarde que la empresa realizó “un incremento injustificado del valor de las participaciones” para dar entrada a nuevos accionistas, todos del círculo de amistades del matrimonio. En definitiva, “una justificación para blanquear fondos a través de los supuestos accionistas instrumentales que se utilizarían para disponer del dinero en efectivo que maneja el matrimonio”.
Junto a la desinfección de aguas y a las guarderías Mis Pollitos, González planeó con “su organización” otras inversiones que requerían de una alta disponibilidad de dinero, y que la Guardia Civil sospecha que buscaban blanquear dinero por distintas vías. En este apartado enmarcan la intención de invertir en Auditel entre uno y tres millones de euros, “dando a entender que disponen del dinero necesario para acometer la inversión”, añaden los agentes.
La investigación también ha descubierto “operativas relacionadas con fondos de inversión”. González trataba habitualmente con Nigel John Smith, un ciudadano inglés con antecedentes policiales, con el que hablaba de “operaciones comerciales de venta de activos financieros”. La Guardia Civil ha detectado además proyectos de negocio con el empresario Joaquín Molpeceres para un negocio a través de la empresa de limpieza Urbaser.
En definitiva, toda una una operativa de blanqueo de capitales que González puso en marcha por su necesidad de efectivo y con la que buscaba también recuperar grandes cantidades de su dinero negro.