La tensión va creciendo a medida que se acerca el final de la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y las lagunas y contradicciones sobre el caso se van ampliando. A la espera de Ángel Carromero y del propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este miércoles ha acudido el expresidente regional Ignacio González, procesado por corrupción y que vivió en sus carnes el espionaje interno del PP. Durante su comparecencia ha dado una lección de cómo se llevaban a cabo esas prácticas en su partido, que ha calificado de “deleznables”; lo ha hecho después de que compareciera Andrea Levy, que ha mantenido un enfrentamiento con varios portavoces. Entretanto, la comisión ha sumado una nueva sesión, y ya son nueve, sin que haya avances significativos sobre el supuesto intento de espionaje a la presidenta regional.
Este miércoles se han celebrado las comparecencia de la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy; y el director general de Comunicación de Almeida, Daniel Hidalgo. Pero el plato fuerte ha sido el testimonio que ha aportado el ex dirigente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que fue vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre –a la que en 2012 sucedió en el cargo, tras su dimisión– y fue espiado por compañeros de su propio partido a través de varias empresas de detectives. Entre ellas, Mira, a la que ahora se presupone que alguien desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) le encargó también el espionaje a Díaz Ayuso. “Un rumor no probado”, según han coincidido en señalar tanto Sanz como Levy en sus respectivas declaraciones.
A pesar de que la delegada de Cultura ha acaparado su dosis de protagonismo al enzarzarse con los portavoces de los grupos de la oposición a cuenta del expediente informativo que tramitó a Ayuso desde Génova, González ha sido el centro de atención de la nueva sesión.
Los espionajes son “prácticas mafiosas” y “deleznables”
González, cuya presencia en la comisión fue solicitada por el Grupo Mixto, ha dado toda una lección a los portavoces de los grupos de cómo son estas tramas y cómo se las gastan en su partido, dando prolijos detalles de los espionajes que él sufrió a través de varias agencias de detectives, como se descubrió por medio de la agenda del comisario Villarejo. Una de esta agencias, Mira, dirigida por Julio Gutiez, es supuestamente a la que se acudió para intentar espiar a Ayuso. “Los espionajes no son aislados, son recurrentes y hay mucha más gente implicada”, “son prácticas deleznables y mafiosas que hay que erradicar”, ha lanzado, para añadir luego que “han venido funcionando así con el consentimiento de alguna parte de la Justicia”. “Este funcionamiento hace un daño tremendo al Estado de Derecho y no puede ser utilizado para tratar de destruir la reputación de muchas personas. No soy el único que los ha sufrido”, ha afirmado.
“Yo me entero de que me espían por un vídeo que se publica en la prensa y entonces me voy al juzgado a formular una denuncia”, ha relatado. “Si hay sospechas, hay que ir a los tribunales y no enredar”, ha sentenciado. No obstante, ha reconocido que no sabe si Ayuso puede haber sido también víctima de espionaje por orden de alguien del PP, aunque ha considerado “curioso” que “habiendo miles de detectives” aparezca, en su caso y en el de la presidenta regional, “esa misma persona”, en referencia a Julio Gutiez, dueño de la empresa Mira, que se ha negado a acudir a declarar al Ayuntamiento.
Sea como sea, cree que este tipo de prácticas, las haga un partido u otro, siempre tienen como fin “acabar con algún compañero y adversario con vías absolutamente impresentables”, ha dicho. De hecho, también ha denunciado que ha habido “montajes” para inculpar a cargos públicos y destruirles.
En su turno de preguntas, el portavoz del PP, José Fernández, ha ironizado con que González ha ido a la comisión solo para “hablar de su libro” y le ha preguntado si “forma parte del Ayuntamiento de Madrid” y qué funciones tiene asignadas en la actualidad, con la intención de demostrar que no pintaba nada en esa comisión. González ha aclarado que es funcionario del Consistorio y realiza labores jurídicas en el área de Hacienda.
Durante su comparecencia, ninguno de los portavoces ha repasado el turbio historial de González, que fue detenido y encarcelado en 2017 por su implicación en el caso Lezo, una de las muchas tramas de corrupción del PP, permaneciendo en prisión incondicional cerca de un año y medio y logrando quedar en libertad tras el pago de una fianza. Ahora espera juicio en varias de las piezas separadas de esa trama.
Sanz dice que el espionaje son “rumores sin fundamento”
No obstante, la primera en declarar en esta novena sesión ha sido la portavoz del Gobierno de Almeida, Inmaculada Sanz, que ha reconocido, a preguntas de los grupos municipales, que fue el propio alcalde de Madrid quien, en diciembre del año pasado, le informó personalmente de que una “fuente cercana y de confianza” de Ayuso le había alertado de que se estaba intentando investigar a la presidenta regional desde el propio Ayuntamiento.
Sin embargo, Sanz ha negado, a preguntas de la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, haber acudido entonces a la sede del PP de la calle Génova a informar a la dirección de la antigua cúpula del partido, presidida entonces por Pablo Casado, de que se estaba intentado ese espionaje desde el ámbito de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). “No sé quién es Génova. Me resulta un poco chocante... es un edificio. Yo no hablé con nadie del PP, solo hablé con el alcalde de Madrid”, ha contestado Sanz a Higueras.
Según su versión, Almeida le consultó cómo abordar el caso y le dijo que iba a hablar con el presidente de la EMVS, Álvaro González, para que investigara el asunto. Y este posteriormente le verifica que no ha pasado nada. Por eso sentenció que todo era “un rumor sin fundamento”. La portavoz de Almeida ha reconocido que el caso está enmarcado dentro de “la crisis política interna” que ha vivido el partido, “que se ha resuelto de una determinada manera”, y no ha tenido reparos en reconocer que ella apoyó a Casado en las primarias.
Según ha afirmado más adelante, ese asunto “nunca se trató en la Junta de Gobierno” y ha justificado que no se pusiera en conocimiento de Ciudadanos, socio del Gobierno, al tratarse tan solo de “un rumor”. A su juicio, además, no es posible que desde la EMVS se hayan utilizado recursos públicos para encargar ese espionaje por los férreos controles que hay en la empresa pública.
Tensión entre los portavoces municipales y Andrea Levy
Con todo, el momento más tenso lo ha protagonizado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, que ha centrado su comparecencia en el “expediente informativo” que ella tramitó sobre los contratos cerrados por la Comunidad de Madrid con una empresa relacionada con el hermano de Ia presidenta, Tomás Díaz Ayuso –por el que este se llevó una sustanciosa comisión–, y que fue el detonante de la grave crisis interna que se abrió en el PP. Según ha dicho, ella abrió ese expediente a petición del entonces secretario general del partido, Teodoro García Egea, y lo cerró por orden del propio Pablo Casado, después de que el Comité de Dirección del partido considerara que las informaciones que habían aportado al respecto tanto la propia Ayuso como sus consejeros de Sanidad y Hacienda eran “suficientes”, motivo por el que el caso fue “archivado”.
Durante su intervención, la delegada de Cultura ha protagonizado momentos de fuerte tensión con varios portavoces de los grupos municipales de la oposición, especialmente con el de Vox, Pedro Fernández, y con la portavoz del PSOE, Mar Espinar, a cuenta de dicho expediente cuyo archivo ella misma firmó después de anunciar su dimisión de la dirección del PP en Twitter, el 1 de marzo. Hoy, en su declaración, ha asegurado que nunca llegó a materializar dicha dimisión al convocarse el Congreso Nacional extraordinario del PP y “decaer” toda la cúpula del partido.
Levy dijo el otro día que consideraba “un descontrol” que dentro del propio Gobierno de Pedro Sánchez se espiaran entre sí a través del sistema Pegasus. Pero este miércoles se ha mostrado muy enfadada con los portavoces por recordarle esas palabras y relacionarlas con el presunto espionaje a la presidenta madrileña, dos casos “que no tienen nada que ver”, en su opinión, ya que lo de Pegasus está “acreditado” y “reconocido” por el propio Gobierno de Sánchez y lo de Ayuso se basa en “rumores sin contrastar”, ha respondido. “No entiendo por qué me han llamado a declarar”, ha lamentado. “No estamos en una tertulia”, ha llegado a espetar Levy, que como la mayoría de los cargos que han ido pasando por la comisión, ha insistido en que se enteró por la prensa del escándalo del espionaje, no por Almeida.
El director de Comunicación de Almeida no supo tampoco nada
El tercer compareciente ha sido el director general de Comunicación de Almeida, Daniel Hidalgo, que ha afirmado que él se enteró también de esa “trama” por la prensa, la víspera de que salieran las primeras informaciones en el diario El Mundo, el 17 de febrero. Y pese a haber sido contratado para el cargo por el propio alcalde, no fue informado del asunto ni por Almeida ni por su superior, Inmaculada Sanz, el pasado mes de diciembre, cuando ambos se enteran. Según ha afirmado, tampoco ningún periodista le llamó para alertarle de que iba a salir esa información.
Hidalgo también ha rechazado haber mantenido reuniones para hablar del supuesto espionaje con David Fernández, responsable de prensa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que dimitió nada más estallar el caso. Según ha dicho, no fue un nombramiento de su responsabilidad, como ningún otro del área de comunicación. En su opinión, el Consejo de Administración de esta empresa le debió nombrarle “por considerar que era idóneo para el cargo, por su trayectoria profesional”.
Al igual que los anteriores comparecientes –Inmaculada Sanz y Andrea Levy–, el jefe de comunicación de Almeida ha afirmado que desconoce los motivos por los que dimitió Ángel Carromero, con el que tenía la relación normal por trabajar los dos en el Ayuntamiento, pero con el que “no despachaba”. “Hasta donde yo sé”, ha afirmado Hidalgo, Carromero no se va porque esté implicado en la trama, ni por “una prueba no publicada”, es decir, una información que previsiblemente iba a salir en breve en algún medio de comunicación que podría comprometerle, sino para defenderse y no implicar al Ayuntamiento, como justificó el excoordinador de la Alcaldía.