El sumario del caso de las chicas prostituidas en Madrid revela cómo los centros de menores son uno de los lugares preferidos por los proxenetas para captar a las víctimas más vulnerables. No es el único y Madrid no es la única región en la que ha pasado en los últimos años: Catalunya, Castilla y León, Baleares o la Comunidad Valenciana son algunos lugares donde la Justicia ha tenido que intervenir en casos de menores tuteladas o internas en residencias que han caído en las garras de estas tramas. Los propios trabajadores de los centros, cuyas declaraciones constan en el sumario del caso de Madrid, reconocen que con sus medios no pueden hacer frente de manera efectiva a estas situaciones: “No podemos hacer nada”.
Fuentes especializadas en este tipo de criminalidad reconocen que el sistema de los centros de menores no es el idóneo para proteger a las jóvenes que sufren este tipo de delito. “Lo mejor sería el acogimiento familiar”, explican, pero es una opción más compleja y con menos implantación. El clamor de la Fiscalía de Córdoba es significativo: “Resulta lamentable que no existan centros para menores con indicadores de víctimas de trata”, recoge la última memoria de la Fiscalía General relativa a los datos de 2020. Los datos de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) revelan que, a nivel nacional, en 2019 había más de 23.000 menores tutelados en centros y más de 19.000 en acogimiento familiar. En ese contexto, estas mismas fuentes explican a elDiario.es que el régimen abierto en que viven estas jóvenes impide coartar su movilidad si no han cometido ninguna infracción, más aún teniendo en cuenta que están siendo víctimas.
El sistema de protección a los menores tutelados por las administraciones tiene carencias desde el primer eslabón. La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia se modificó en 2015 introduciendo por primera vez, entre otros puntos, la obligación de dar prioridad al acogimiento familiar frente al residencial, pero aún así más de la mitad de los niños y niñas que entran en el sistema van directamente a centros de menores o pisos tutelados. “Hace falta un cambio de modelo al completo como el que se ha hecho en otros países. En España ahora tenemos todo lo necesario: el marco legal, una partida de fondos europeos dedicada a la protección de estos niños y al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas empujando para desinstitucionalizarles”, explica Adriana de la Osa, que forma parte de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF). Cree que están todos los elementos a favor para que esto se pueda llevar a cabo y que “solo se necesita voluntad política: primero desde el Gobierno central y luego desde las comunidades”.
El reparto de los recursos, destinados hasta ahora mayoritariamente al acogimiento residencial, es clave para que empiece a cumplirse lo establecido en la ley. “Hay un exceso de recursos para el acogimiento residencial y una parte ínfima para el familiar”, añade la presidenta de ASEAF, María Araúz de Robles. Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscalizaba el programa de atención a la infancia de la comunidad recogió en 2018 que el gasto mensual en un menor en acogimiento familiar remunerado es de 424 euros, mientras que el gasto medio de un menor que vive en una residencia es de 3.370 euros.
La cuantía que perciben los acogedores varía en función de la comunidad. La horquilla de diferencia es de más de 2.000 euros anuales, según el Análisis Económico del Acogimiento Familiar en España, dirigido por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Francesco Sandulli. “Si los recursos se reorientasen podríamos, incluso con menos dinero, posibilitar que todos los niños estuvieran en una familia”. Pero, por el contrario, en los últimos años se ha incrementado el número de centros de menores. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, en 2019 se sumaron 124 residencias más, hasta alcanzar las 1.228 en toda España. La mayoría de ellas, el 80%, están gestionadas por entidades colaboradoras que acceden por concurso mientras que el 20% son de titularidad pública. Es decir, el peso de agentes privados y subcontratas en los centros de menores es muy grande y pese a que la mayoría de los recursos públicos se destinan a este tipo de acogimiento sigue mostrando debilidades y carencias.
“Las limitaciones de nuestros recursos”
Muchas veces, además, las propias menores no reconocen el delito en el que están atrapadas y se escapan continuamente. Y esa es una foto que se repite en multitud de casos juzgados y sentenciados por tribunales de todo el país. Lo explicaron con impotencia, por ejemplo, trabajadores de los centros donde estaban las chicas sometidas por la trama de Madrid: “Es una niña muy influenciable, que tiende a relacionarse con gente conflictiva, que desde que ha empezado a salir es muy de estar por la calle con gente mayor y que busca el afecto de los mayores, los cuales hacen de ella lo que quieren”, dijo ante la Policía Nacional un trabajador de uno de los centros sobre una de las víctimas, de 14 años.
“No podemos hacer nada”, añadió este trabajador. Un informe del centro aportado a la causa es más explícito: “La situación es insostenible, claramente tiene un problema de adicción y no podemos saber qué está haciendo para conseguir las sustancias ni a lo que se expone”, dice el documento. La irrupción de la pandemia empeoró la situación, su familia no era una opción y el centro solicitó el ingreso en un régimen cerrado como consecuencia de su “situación de desprotección” y las “limitaciones” del centro para tratarla.
Rodrigo Andújar, educador social en un piso tutelado en la Comunidad de Madrid, cuenta cómo es el procedimiento para abrir un nuevo centro y decidir a quién se adjudica su gestión. “En función de las necesidades que la comunidad identifique, decide abrir centros o pisos tutelados nuevos para los que varias asociaciones o fundaciones presentan sus proyectos de gestión. Entonces, mediante un concurso público se les concede a unas u otras y lo que más prima en esa selección es la parte económica. Si lo haces por el menor precio posible, es tuyo”, afirma.
Esto, añade, deja sobre el escenario un sistema con insuficiencias en lo material y lo personal. “Ya lo vimos con el centro de Hortaleza, cientos de menores en un espacio para cuarenta, hacinados y con pocos cuidadores. Hay falta de personal y las condiciones son muy malas, lo que repercute en el bienestar de los trabajadores y, por lo tanto, de los menores, a los que no se puede atender con el trato individualizado que requieren”.
La situación se ha intensificado con la pandemia y ha puesto de manifiesto los problemas estructurales en el funcionamiento de los centros y pisos. Así lo ha denunciado esta semana el sindicato Comisiones Obreras en un comunicado en el que afirma que “las plantillas se han reducido en algunos casos a la mitad por los contagios COVID-19”. Esas bajas (tal y como ya sucedía antes de la pandemia) no se sustituyen y, según los afectados, se están viviendo situaciones insostenibles“, añade la organización sindical.
“Estamos con personal doblando turnos, renunciando a las vacaciones o posponiéndolas… Además, en general, hay mucha inestabilidad porque al estar mal pagado y ser unas condiciones duras y complejas muchos profesionales suelen dejar el puesto de trabajo en un periodo muy breve”, explica Andújar. Algo que juega en contra del vínculo que se establece entre los cuidadores y los residentes, niños y niñas que atraviesan difíciles circunstancias vitales, que han sido alejados de sus familias biológicas y que necesitan la mayor estabilidad posible.
Un modelo residencial deficitario
“Hay varios problemas aquí. Uno de ellos tiene que ver con una visión de conjunto en la que se entiende, tanto por parte de administraciones como de ciudadanos, el gasto social como eso, un gasto. Pero debería verse como una inversión que repercute en el presente y futuro de los menores y del conjunto de la población”, afirma el educador. “El otro hándicap es que, en concreto, las administraciones no ven esta situación como un problema sino como una oportunidad para sacar provecho con las asociaciones y fundaciones que gestionan las residencias”, añade.
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación Enseñanza de CCOO Madrid, comparte que “el problema de fondo es que el modelo externaliza la atención de los menores con un modelo deficitario, que no se ajusta a las necesidades a las que debería responder”. Asegura que las empresas acceden a la gestión de los centros con pliegos de condiciones que concurren a la baja y el servicio que se presta es absolutamente de mínimos. Andújar añade que “ni siquiera se cumplen las condiciones que vienen en los pliegos, sobre todo en lo que respecta al personal contratado para atender a los críos”.
Para acabar de perfilar un sistema de protección integral y eficiente para estos menores, el educador cree que se necesita además formación específica para que todos los profesionales puedan identificar las situaciones a las que se ven expuestos dada su vulnerabilidad, como la trata. “Estos chicos y chicas, por sus circunstancias vitales, pueden tener problemas de comportamiento, de adicciones o de salud mental que necesitan una atención específica. Al no haber recursos para darles esa atención total, pasan cosas como lo que hemos visto, hay niñas en situación de trata y nadie repara en ello porque los profesionales no dan abasto. Hay una serie de indicadores psicológicos, físicos y conductuales que no se ajustan a su etapa del desarrollo y que nos alertan de que pueden estar viviendo una situación así, y es fundamental que haya personal suficiente y formado para identificarlo, denunciarlo y abordarlo”, afirma.
Los casos de Baleares y Valencia
En el último año y medio estos casos, que ocurren desde hace una década, se han convertido también en un arma arrojadiza política. En las Islas Baleares, por ejemplo, la Fiscalía llegó a abrir una investigación para dilucidar si existía una trama coordinada dentro del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para explotar sexualmente a menores tuteladas aunque el caso quedó archivado en octubre de 2020. No se pudo probar la existencia de una organización en el seno del organismo público. Y el fiscal superior Bartomeu Barceló declaró que había habido “casos aislados de prostitución de menores tutelados” pero que se investigaban en cuanto se tenía conocimiento de ello.
El caso estalló cuando una menor tutelada por el IMAS denunció haber sido víctima de una violación grupal, una denuncia que dio pie a investigar si existía una trama dentro del organismo público que habría afectado a más de 15 menores tutelados. Las diligencias de la Fiscalía fueron archivadas al no poder probar que existiera esa red de prostitución, pero desde entonces la Policía, la Fiscalía y los tribunales han destapado, investigado e incluso condenado diversos casos ocurridos en las islas. El Govern reconoció que había despedido a cinco trabajadores por hechos de este tipo. “A mi intentaron prostituirme en los años noventa”, relató a este periódico Joana Molinas, que fue una niña tuteada.
En septiembre del año pasado, por ejemplo, la Policía Nacional lanzaba la 'operación Bakana' con 17 detenidos por prostituir a menores fugadas de estos centros. Apenas unos días después, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmaba una condena de ocho años y medio de cárcel a un proxeneta por prostituir a varias menores tuteladas de Calvià en hoteles de la ciudad. A finales de octubre del año pasado el mismo tribunal confirmó que tres hombres habían sido enviados a prisión provisional acusados de abusar de una menor tutelada que se había fugado de uno de estos centros en la misma ciudad.
Otro caso con gran presencia en la vida judicial pero también en la política es la de la menor tutelada que sufrió abusos a manos de Luis Ramírez, educador del centro donde estaba acogida y exmarido de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. En septiembre del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó una condena de cinco años de cárcel para él. La sentencia no declaró la responsabilidad económica subsidiaria de la Generalitat pero sí criticó con dureza la actitud de la administración regional al elaborar un informe, a través del Servicio de Atención a Menores Víctimas de Abusos Sexuales, “completamente al margen de este procedimiento”, algo que para los jueces “no es una actuación muy normal, ni desde luego habitual”.
Esa sentencia avaló lo que había dicho previamente la Audiencia Provincial de Valencia sobre ese informe y otro más aportado a la causa: “Podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria por un educador”, dijo la primera resolución del caso. Recientemente, la vicepresidenta Mónica Oltra defendió que no existían protocolos concretos sobre cómo informar a Fiscalía cuando estaba al frente de Igualdad.
Casos en todo el país
Como es habitual, los casos más mediáticos o con más presencia en la vida política no son ni los únicos ni los primeros. Y los abusos a menores tuteladas en centros públicos no son una excepción. Las bases de datos de las distintas audiencias provinciales revelan que el carácter especialmente vulnerable de estas menores y la falta de medios de los centros son los ingredientes perfectos para que los proxenetas consigan lo que buscan. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía mantienen una estadística sobre este tipo concreto de casos de abusos y explotación sexual de menores de edad tuteladas o internadas en centros de menores dependientes de las administraciones públicas.
El caso de la menor de Valencia, por ejemplo, no es el único sentenciado por los tribunales. En marzo de 2021 el Tribunal Supremo confirmó una condena de cinco años y medio de presidio para un hombre que prostituyó a dos menores tuteladas en el centro Monteolivete (Valencia), con las que contactó a través de internet. El Supremo dejó claro el impacto que estos crímenes tienen sobre las víctimas, que llegan a normalizar la situación. “Que unas menores perciban esas conductas como algo trivial supone el reflejo del profundo y negativo impacto que actuaciones como ésta dejan en la formación de las menores”, dijo el alto tribunal. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017.
Varios casos ya sentenciados se han dado en distintos centros de Catalunya en los últimos años. En mayo del año pasado, por ejemplo, el Supremo confirmó cuatro años de prisión para un educador de un centro de acogida de Reus por abusar de una niña de 10 años de edad “aprovechando su condición de educador” entre 2012 y 2015. Previamente, en marzo de 2020, el Supremo confirmó otra condena de cuatro años de cárcel para un hombre que prostituyó a dos menores de edad de un centro de menores de Tarragona en 2015. En este caso usaba a las chicas como “compañía con el fin de acompañar a hombres a fiestas, viajes y mantener relaciones sexuales”. Sin embargo, los jueces rechazaron que se pudiera aplicar el agravante de aprovecharse de su vulnerabilidad. “El hecho de que estuvieran tuteladas por la Generalitat de Catalunya no las hacía más vulnerables, la tutela administrativa por sí misma no significa mayor vulnerabilidad”, dijo la Audiencia de Tarragona.
Otro caso ocurrido en Catalunya fue sentenciado en firme por el Supremo a finales de 2020, cuando un hombre fue condenado a más de 18 años de cárcel por liderar una violación en grupo a una menor tutelada que se había escapado del centro. También hay casos registrados y sentenciados en Castilla y León. En mayo de 2019, por ejemplo, la Audiencia de Burgos impuso más de 14 años de cárcel a un hombre que abusó de una menor tutelada por la Junta y que llegó a prostituir a la víctima en un hostal. La víctima relató que estaba convencida de que el dinero que ganaba iba a ser usado para que ella y el proxeneta, a quien consideraba su pareja, se fueran a vivir juntos.
Los centros de menores de Ceuta y Melilla, donde recalan en primera instancia los menores de edad que llegan solos a nuestro país nadando, en patera o también ocultos en los bajos de vehículos, también son lugares donde habitualmente acuden a 'cazar' los pedófilos. Según explican varias sentencias de los tribunales territoriales y del Supremo, los pederastas aprovechan la situación extremadamente desvalida de estos menores para conseguir que se sometan a sus abusos a cambio de pequeñas cantidades de dinero o de algo de marihuana. Varios han sido condenados por hacerlo con menores de edad no acompañados.
Los casos se reproducen por todos los tribunales territoriales del país. En Albacete, por ejemplo, un hombre fue condenado el año pasado a más de tres años de cárcel por maltratar a una menor de edad tutelada por la Junta de Castilla-La Mancha. En abril del año pasado un joven fue condenado en el País Vasco por maltratar y abusar de una menor tutelada por el Consejo del Menor de Álava que se escapaba del centro en el que estaba interna. El caso destapado hace unas semanas tampoco es el primero de la Comunidad de Madrid. En 2018 un hombre fue condenado a seis años de cárcel por violar a una menor tutelada que estaba interna en un centro de menores. Un caso en el que el Ejecutivo regional se personó como acusación.