Todo el caso que se sigue contra Elpidio Silva por haber filtrado supuestamente los correos de Blesa se basa en una testigo que acusa al juez en excedencia de practicar contra ella “exorcismos” y “magia negra”. La mujer, que ante la Fiscalía y la Policía se presentó como examante de Silva, afirma que el magistrado le pinchó el teléfono a través de unos colaboradores y que temía que le enviara “un sicario”.
Después de examinar su testimonio y el material aportado a la causa por la mujer, los agentes concluyeron que los indicios obrantes en la causa no podían sustentar una investigación y que la testigo pecaba de “cierta credulidad” en sus acusaciones sobre la filtración de los correos y al considerar a Silva un peligro para su integridad .
A pesar del informe de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, la jueza del Tribunal Superior de Justicia Susana Polo mantiene a día de hoy la condición de testigo protegida para la mujer, que ha pasado a ser denominada en la causa como TP 1/14. La Policía afirma en su informe del 22 de mayo que los indicios de un delito de revelación de secretos son “de escaso valor probatorio” y descarta siquiera interrogar a ninguno de los señalados por TP 1/14. Con ese informe en su poder, la jueza Polo, sin embargo, imputa a Silva y cita a ocho de esas personas como testigos. Y no solo eso: en el auto del 2 de junio dice hacerlo “como consecuencia” del informe policial, que aconseja justo lo contrario.
La jueza ha adoptado todas estas decisiones a petición de la Fiscalía, que impulsa el caso por orden de Manuel Moix, el fiscal jefe de Madrid. Moix también es el responsable de la denuncia contra Elpidio Silva que ha logrado sentar al juez en el banquillo por un delito de prevaricación, cometido presuntamente durante su instrucción del ‘caso Blesa’. El expresidente de Caja Madrid, al que Silva envió dos veces a prisión, y Gerardo Díaz Ferrán –expresidente de la CEOE actualmente en la cárcel- ejercen la acusación particular en el juicio que retomará el 7 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Una sentencia condenatoria dejaría a Elpidio Silva fuera de la carrera judicial para siempre. Si prospera el caso de la testigo protegida, Silva podría acabar en prisión, ya que el artículo 417 del Código Penal castiga con hasta cuatro años que un funcionario público revele secretos de un particular, en este caso Blesa.
Moix ordenó abrir diligencias el 19 de diciembre de 2013, en plena vorágine mediática por la publicación de los correos. El 14 de enero, el expresidente del Gobierno José María Aznar denunció ante la Fiscalía a eldiario.es y otros medios por aquellos mensajes en los que aparecía y que consideraba habían sido publicados con “intención difamatoria”. Dos días después de la denuncia de Aznar, la testigo se presentó en la Fiscalía de Madrid para aportar su relato. La declaración en la Fiscalía arrancó a las 18.59 horas del 16 de enero. Exactamente 60 minutos después, la defensa de Miguel Blesa envió un burofax a eldiario.es amenazando con medidas legales si distribuía los ejemplares de la revista 'Cuadernos', dedicada en su número 4 a un especial sobre los correos del expresidente de Caja Madrid.
Un falso policía
La testigo llegó a la Fiscalía aconsejada por un tal Alberto, que se le había presentado como policía retirado por una lesión y que insinuaba pertenecer al CNI. La testigo dijo a los policías en su declaración del 13 de mayo que la Fiscalía le negó que el identificado como Alberto Henarejos perteneciera al CNI, pero le dijo que sí era miembro de la Policía. Los agentes hicieron comprobaciones y concluyeron que el citado nunca había sido miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Henarejos, según la declaración de TP 1/14, le había adelantado que en cuanto se presentara en Fiscalía y dijera por qué sería reconocida como testigo protegida y le pagarían inmediatamente viaje y manutención.
Según la declaración de la testigo ante el Grupo III de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Madrid, Henarejos le “despinchó” el teléfono que dos personas del entorno de Silva le habrían intervenido, al igual que el ordenador. Esos dos individuos le habían “sonsacado” información por teléfono y realizado “amenazas veladas de exorcismos”.
La testigo protegida aseguró haber conocido a Alberto Henarejos a través de Alba Ledo. Esto sirvió para que la jueza Polo incluyera a Alba Ledo entre los testigos que prestaron declaración en el juzgado el pasado viernes. TP1/14 relató a la Policía que Ledo había sufrido un esguince y que ella sospecha que se debe a la “magia negra” que Silva practicó contra ella. La jueza ha evitado llamar a declarar a Alberto Henarejos.
Una vez escuchado a la testigo y analizadas las grabaciones y mensajes de teléfono que aporta, la Brigada de Policía Judicial concluyó: “Se puede afirmar objetivamente que la TP (testigo protegida) podría pecar de cierta credulidad en cuanto al peligro que sufre, en cuanto a las posibilidades técnicas de intervenir y evitar la intervención de sus comunicaciones y el contenido de sus teléfonos y ordenadores, así como en cuanto a calidad de información que tuvieron realmente del caso Blesa las personas que menciona que le habían estado ayudando y apoyado para que denunciase”.
Según la Policía, la testigo “nunca vio el contenido de los papeles” donde se plasmaban supuestamente los correos de Blesa, ni el de un pen drive que, según ella, el juez entregó a algunos de los llamados como testigos. Es más, los agentes no descartan que los correos electrónicos estuvieran en poder del Partido X antes de que fueran obtenidos para la investigación del 'caso Blesa'. En este sentido, los policías citan una entrevista concedida por Hervé Falciani a La Sexta en abril de 2014 en la que el exempleado del HSBC “alardea” de ello.
La jueza Polo asegura en su auto de imputación que la testigo protegida describe en sus declaraciones “determinadas conductas en sus relaciones personales” con Silva que podrían ser constitutivas de los delitos de malos tratos psicológicos, vulneración de derechos fundamentales y falsedad de documentos. Al no haber sido cometidos presuntamente en el ejercicio de su cargo de juez, la magistrada del TSJM no es competente para investigarlos y deduce testimonio para que el Juzgado Decano de Madrid lo envíe a reparto. La mujer asegura haber tenido una relación de aproximadamente tres meses con el magistrado.
“Una discusión de pareja”
La testigo había grabado una discusión mantenida con Silva en la época en la que tenían una relación y decidió entregársela a la Fiscalía. La jueza ordenó a la Policía que también la analizara, concluyendo los agentes que se trata de “una discusión de pareja por supuestas infidelidades”. La grabación carecía de calidad por dos razones: se entremezclaban las afirmaciones de los interlocutores y además la denunciante usa “un tono de voz notablemente más alto y alterado” que el de Silva. “Ni en los minutos que expresamente mencionaba la TP 1/14 como de interés para la causa, ni en el resto de la conversación, se encontró ningún fragmento trascendente para la investigación sobre los delitos concretos ordenados”, concluyen los policías.
Las afirmaciones de la Policía no han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía ni la jueza y, a día de hoy, la testigo cuenta con protección policial. La figura del testigo protegido en España, según fuentes policiales y jurídicas, se suele reservar a personas que prestan su colaboración en casos de terrorismo y crimen organizado, y resulta al menos infrecuente su aplicación en un caso que investiga un presunto delito de revelación de secretos. La testigo asegura que Silva le debe 1.000 euros por la corrección del libro 'La justicia desahuciada', aunque reconoce que comenzó a hacer el trabajo sin pedirle remuneración alguna y que solo lo hizo cuando vió que se extendía en el tiempo.