La celebración del primer aniversario del 1-O en Catalunya ha recrudecido la presión del independentismo sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y amenaza los apoyos con los que sacó adelante la moción de censura y que siguen siendo imprescindibles para sacar adelante los presupuestos y encarrilar la legislatura. Quim Torra, que durante los últimos meses había dado una de cal y otra de arena, fijó este martes un plazo de un mes al Gobierno para sacar adelante un referéndum sobre la independencia. De lo contario, advirtió el presidente catalán, no podrá garantizar el apoyo al PSOE. Desde Esquerra Republicana de Catalunya se manda un mensaje en la misma línea: los apoyos al Ejecutivo de Sánchez no son gratuitos.
Con ese panorama, la posibilidad de que el PSOE consiga sacar sus presupuestos adelante parece cada vez más lejana. El Gobierno, que confía en que el órdago del Govern no pase de la “retórica” propia de la celebración del 1-O -que también puso en una situación difícil a Torra- ha rechazado el ultimátum.
El equipo del presidente asegura que su hoja de ruta se mantiene y que el propio Sánchez la fijó desde Nueva York el pasado 27 de septiembre. En aquel momento, reiteró que “si se prioriza el conflicto” en Catalunya “habrá elecciones”. “No parece que el señor Torra esté orientándose por la cooperación hoy”, ha reconocido la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, en una comparecencia convocada de urgencia en La Moncloa.
Las amenazas de Torra han encontrado respuesta inmediata en el Gobierno. “La propuesta que une es el autogobierno , no la independencia”. Sin gama de grises, el Ejecutivo ha rechazado las pretensiones del presidente catalán. En el gabinete del presidente confían en que esas aspiraciones no pasen de las “palabras”. “Los hechos tienen que consumarse, más allá de la retórica”, expresan fuentes de Moncloa que atribuyen el últimátum a la efeméride y confían en que “la emoción” de la fecha se diluya con el paso de las semanas.
El Ejecutivo de Sánchez prefiere ver el vaso medio lleno y destaca que la Generalitat siga sentada en los órganos de negociación que echaron a andar este verano. Ayer mismo se celebró una reunión de miembros del Govern con el Ministerio de Fomento en el que se produjeron algunos avances.
El Gobierno ve a Torra presionado por dos frentes en su propio partido: uno más pactista y otro que clama por la desobediencia. “Estamos ya en el 2 de octubre, la normalidad vuelve a apoderarse de la calle. Hoy es día de palabras”, insisten en Moncloa.
A la tensión generada con parte del independentismo catalán, se unen las distancias que el PSOE está encontrando también con el PNV. Los nacionalistas vascos están molestos por el incumplimiento de acuerdos sellados en el pacto que descabalgó a Mariano Rajoy y la lentitud para que sus reclamaciones acaben plasmándose en el BOE.
Especialmente enfadados se han mostrado en la dirección del PNV con unas declaraciones de la portavoz, Isabel Celaá, en las que afirmaba que “el PNV tiene que hablar a su electorado y esto lo suele hacer dos días al año”. La portavoz del Gobierno se refería a las celebraciones del Aberri Eguna (día de la patria) y el Alderdi Eguna (día del partido). Ese día el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, urgió al Gobierno a transferir las competencias pendientes del Estatuto de Guernica y a asumir los compromisos económicos con la lehendakaritza.
Fuentes de la formación vasca aseguran que si el nivel de cumplimiento de los acuerdos no se acelera, el PNV no se sentirá concernido por el apoyo que le brindó en la moción de censura. Cuando los nacionalistas vascos abandonaron al PP para permitir la moción de censura solo pidieron dos cosas a Sánchez: que se respetaran los acuerdos adoptados en el Parlamento Vasco y que se les consultase en caso de convocatoria electoral.
A la espera del próximo paso del jefe del Govern, miembros del equipo de Sánchez mantienen sus cuentas sobre la posibilidad de un adelanto electoral que ha estado encima de la mesa desde el inicio de su mandato, cuando las tesis de Carles Puigdemont se impusieron en el PDeCAT.
“Sánchez tiene encuestas que le sitúan en buena posición”, asegura uno de sus colaboradores. Si la decisión es convocar, “no se lo contará a nadie hasta el último momento”, aseguran las mismas fuentes.
Sin embargo, la posibilidad de convocar elecciones la ven todavía alejada otras fuentes socialistas, que creen que de las palabras a los hechos en Catalunya hay todavía un camino por recorrer. El Gobierno sigue en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado con Unidos Podemos y Sánchez ha mostrado su determinación de llevarlos a Bruselas a mediados de octubre y al Congreso en noviembre.
Entretanto, Partido Popular y Ciudadanos recrudecen sus ataques a Sánchez, al que presentan como rehén de los independentistas, piden la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía -que en la práctica haría saltar por los aires el acuerdo de los socialistas con PDeCAT y ERC, o la convocatoria de elecciones. La vicesecretaria de estudios y programas, Andrea Levi, aseguró ayer que España “no puede estar en manos de Torra”. Con un discurso similar, Albert Rivera, acusó a Sánchez de “estar callado” porque como hable el president catalán “le quita el helicóptero y las llaves de La Moncloa”.
A pesar de la presión para la convocatoria de elecciones planea sobre Sánchez desde las primeras semanas del mandato -importantes dirigentes socialistas abogan por aprovechar la debilidad del Partido Popular que reflejan sus sondeos- el presidente ha mostrado su determinación de llegar a 2020. Por el medio está el previsible adelanto electoral en Andalucía, que según las fuentes consultadas podría anunciar Susana Díaz la próxima semana, y que entorpecería la convocatoria inminente de unas elecciones generales.
Fuentes socialistas aseguran además que antes de llamar a las urnas el presidente tiene que armar un relato. Presentar un proyecto a través de las cuentas públicas y fracasar allanaría ese discurso para ir a elecciones.